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Un informe encargado por la Comissió Ciutat-Port ve ilegal la ampliación del Puerto sin nueva DIA

16/03/2021 - 

VALÈNCIA. (EP) Un informe jurídico encargado por la Comissió Ciutat-Port ve ilegal la ejecución de la ampliación norte del Puerto de València sin una nueva Declaración de Impacto Ambiental. La entidad ha avanzado este martes que denunciará ante los tribunales en el caso de que la Autoridad Portuaria (APV) o el Ministerio de Fomento insistan en llevar a cabo las obras sin ella.

La Comissió, que cuenta con el apoyo de más de cien organizaciones, ha alertado además de las "graves repercusiones" que la ampliación de la infraestructura podría tener en la salud del vecindario de València y el área metropolitana, según ha informado la entidad en un comunicado.

De acuerdo con el informe, la DIA de 2007 "perdió su vigencia" en diciembre de 2019, al haber agotado los plazos máximos de ejecución, y no puede amparar "de ninguna de las maneras" las nuevas obras que la APV afirma querer ejecutar próximamente. De esta forma, la ejecución de cualquier proyecto exigirá una DIA "completamente nueva".

Según la Comissió, la primera fase de las obras contempladas en la DIA ya caducada se ejecutó antes de su pérdida de vigencia pero la segunda fase debería de haber concluido en 2018 "y el Puerto no solo ha dejado pasar los seis años de plazo legal extraordinario que tenía para ejecutarlas, sino que también dejó pasar el plazo para pedir una prórroga".

Responsabilidades

La Comissió Ciutat-Port ha anunciado que llevará las actuaciones "hasta las últimas consecuencias" ante los tribunales de no paralizarse el proyecto y advierte de que cualquier ejecución que se lleve a cabo con una DIA caducada "generará responsabilidad tanto al órgano sustantivo, Puertos del Estado, com a los responsables
del Puerto de València", entre ellos, el presidente de la APV, Aurleio Martínez, así como a cualquier funcionario que participe en el proceso.

Frente a las argumentaciones de que los nuevos plazos de caducidad no le son de aplicación al estar iniciadas las obras, la Comissió Ciutat-Port aclara que la primera fase sí había acabado pero la segunda estaba sin empezar, el propio Puerto las trató como dos obras diferentes, con dos proyectos diferenciados y, de hecho, recalca que aún no se ha hecho público el proyecto definitivo de la segunda fase.

Por tanto, la entidad sostiene que los nuevos plazos legales son "perfectamente aplicables" y además marcan unas exigencias de protección ambiental que "difícilmente pueden cumplir los propósitos anunciados por la APV".

La Comissió ve en esta situación el "interés" del Puerto por utilizar la DIA caducada "realizada según legislación ambiental de 2006 y basada en parámetros de los años 80", en lugar de solicitar una nueva que augura que seguro que será más exigente en esta materia.

El autor del informe, Antonio Montiel, ha detallado que, "por seguridad jurídica, las autorizaciones caducan, un principio elemental del derecho administrativo europeo, de forma que el Puerto no puede ejecutar ahora un proyecto con una autorización de hace 14 años" porque, además, en este periodo de tiempo ha variado sustancialmente la legislación medioambiental.

Además, añade que al plazo temporal, se suman las consideraciones de derecho ambiental que exigeN que las actuaciones estén lo más próximas posibles en el tiempo a la DIA. Por tanto, califica de "ilegal y temerario" ejecutar el proyecto con estos condicionantes.

Segundo caso Castor

En representació de la Comissió, Josep Gavaldà ha indicado que la evaluación ambiental busca no solo proteger el medio ambiente sino también la salud de las personas. "Es necesario hacer la reflexión del grave impacto que tendrá en la salud de las personas en la ciudad de València, amb un incremento del doble del tráfico de camiones en dirección al Puerto", ha advertido, y ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que tomen cartas en el asunto "de manera seria".

"El Puerto quiere avanzar en una dirección que desaconsejan las directivas europeas", avisa, y sostiene que en la ampliación se puede arriesgar una "cantidad elevadísima de capital público que puede acabar como el proyecto Castor"

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