Vicente Gallart. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. Entre las particularidades con las que cuenta un proceso tan complejo como es la anulación de un proyecto urbanístico -en este caso el PEPRI del Cabanyal, tumbado este viernes de forma definitiva por el Consell- se encuentra la posibilidad de que los propietarios que fueron expropiados para desarrollarlo recuperen sus activos inmobiliarios.
En este caso sucede con alrededor de 30 inmuebles afectados por la que iba a ser la ampliación hasta el mar de la Avenida Blasco Ibáñez, en concreto los integrados en dos expedientes que se iniciaron en el año 2002 y que coinciden con la zona del Bulevar San Pedro, según informan a Valencia Plaza fuentes de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar.
Tales expedientes, sujetos al planeamiento urbanístico del año 1976, iniciaron los trámites de unas expropiaciones que, si bien nunca llegaron a cerrarse, bloquearon por completo los bienes, impidiendo a sus dueños cualquier tipo de operación inmobiliaria con los mismos.
Ahora, aparcada de forma definitiva la polémica ampliación de la avenida, la administración tiene dos opciones: concluir las expropiaciones y quedárselos para lo que estime conveniente -muchos de ellos son ahora solares en los que se proyectan dotaciones públicas- o retornarlos a sus legítimos propietarios, según detallan las mismas fuentes.
En realidad se trata más de un protocolo jurídico que de una realidad, ya que no se espera precisamente una avalancha de los propietarios para recuperar los bienes inmuebles. No obstante, al menos en uno de los casos, uno de los vecinos ha mostrado interés en recuperar, ya libre de toda atadura urbanística, el inmueble que trató de expropiarle el Ayuntamiento.
La administración valenciana, una vez anulado el PEPRI, está abierta a realizar el proceso a la inversa en su afán por repoblar y construir las zonas derruidas. Eso sí, deberán hacerlo antes de que la sociedad plan Cabanyal desarrolle proyectos en estos espacios.
