RTVV acusa a los anteriores liquidadores de impedir el acceso al sistema informático

VALENCIA. Tortuoso, desagradable  y solitario. Así definen los tres liquidadores designados por el actual Consell el camino que han recorrido desde el pasado mes de julio, cuando tomaron el relevo de los anteriores responsables de pilotar el proceso de extinción del ente. Una carrera de obstáculos marcada por la nula colaboración que denuncian haber obtenido de sus predecesores, como el bloqueo del sistema informático que les ha impedido acceder hasta hace apenas unos días a información sobre contabilidad y contratos, y en la que se han encontrado con sorpresas como la falta de inscripción en el registro del edificio que alberga la antigua televisión. Todo ello jalonado por las nuevas demandas que entran a diario y un horizonte de pleitos con trabajadores y proveedores que ya alcanza el verano de 2017.

A pesar de todo ello, Agustín Arenas, Francisco Gómez Barroso e Ignacio Baixauli subrayaron que podrán culminar el proceso y que la empresa cumplirá todos sus compromisos, bien mediante acuerdos como el que este miércoles firmó con Mediapro, o tirando de los recursos que la Generalitat sigue poniendo a su disposición. Para la liquidación de la antigua RTVV, los presupuestos autonómicos de 2016 reservan una partida de 26 millones de euros.

"Llegamos con la casa cerrada y sin un solo trabajador" detalló Baixauli, quien manifestó que los actuales liquidadores no están "satisfechos en absoluto" con el traspaso de poderes de los anteriores, a los que acusó de no darles información y de torpedear el acceso a datos esenciales de la empresa. Una actitud "inaceptable" desde el punto de vista empresarial. Los extrabajadores tampoco han ayudado, sólo algunos y "por la parte de atrás", dijo.

"Hemos sufrido un bloqueo informático que nos ha impedido acceder a la contabilidad y las bases de datos de contratos", denunció Ignacio Baixauli. Para romper ese bloqueo, los liquidadores han recurrido a expertos informáticos externos. En el momento en el que se cerró RTVV, el ente tenía un contrato de telecomunicaciones en vigor con Telefónica que se amplió posteriormente para incluir soporte informático.

Cuando entraron en RTVV, los actuales liquidadores se encontraron sin acceso al sistema informático porque sus predecesores no facilitaron las claves, según denunciaron este miércoles. Para poder acceder a la información, solicitaron al proveedor que les facilitaran la entrada al sistema y el acceso a la información sobre nóminas, contratos o contabilidad, entre otra información económica. Sin esa asistencia no hubieran podido recuperar los datos. 

Los responsables de la liquidación ordenada del ente relataron los demás problemas con los que se van topando en el día a día, como las demandas que las productoras con las que existía acuerdos en vigor "siguen metiendo". "La última es de esta misma semana", aseguraron.

A ello se suma la ingente tarea de realizar un inventario de los equipos y materiales con los que cuenta la televisión, un proceso aún en marcha y que "no ofrece garantías" en la parte en la que está concluido. Para esta suerte de auditoría tecnológica, la Generalitat ha destinado a dos técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC).

Ellos son los únicos trabajadores en todo el edificio junto a los 23 documentalistas que se salvaron del ERE y que actualmente están integrados en Culturarts para llevar a cabo la digitalización de las 250.000 horas de programación archivadas en cintas y siete empleados de mantenimiento de la red de repetidores.

El coste mensual de mantenimiento y los compromisos vigentes con productoras suman un millón de euros

Por lo demás, y salvada la obsolescencia que los equipos hayan podido sufrir en los dos años que han pasado desde el apagón, la sede de la antigua RTVV está en apariencia lista para retomar su actividad. El mantenimiento básico del edificio se ha realizado durante ese tiempo, incluso con una previsión acorde al de una empresa en funcionamiento. El coste de mantenimiento, sumado al de los compromisos vigentes con productoras, alcanza el millón de euros al mes, una cifra que los liquidadores aseguraron que se reducirá a la mitad a partir de verano de 2016.

Liquidación paralela al inicio de una nueva televisión

Los centenares de pleitos que RTVV arrastra con productoras y extrabajadores, unidos a la complejidad del proceso de liquidación, genera algunas dudas sobre el encaje legal del regreso del servicio público de televisión. A juicio de José María Vidal, secretario autonómico de comunicación, se puede continuar con la liquidación de la empresa mientras se reabre Canal 9. El excomisionado para la reapertura de la televisión detalló que existen "centenares de pleitos" con productoras, pero que se espera resolver algunos con acuerdos como el alcanzado con Mediapro. "Cerrar una televisión supone incumplir decenas de contratos", asumió.

Vidal sostiene que se puede continuar con la liquidación de RTVV mientras se reabre Canal 9

Sobre si la nueva televisión pública utilizará las mismas instalaciones que la anterior, Vidal se limitó a responder que es un tema que se ha de decidir en Les Corts. "Cuando esté lista la proposición de ley, existe el compromiso de determinar en seis meses cuál será el modelo definitivo y donde se hará la televisión", precisó.

Los liquidadores recordaron que el edificio que acoge las instalaciones es propiedad de la sociedad RTVV SAU y desvelaron que el edificio no está inscrito en el registro de la propiedad, sólo los solares, porque "hay un problema" y no está hecha la declaración de obra nueva. Los liquidadores aseguraron desconocer las posibles consecuencias de esta irregularidad, que ya se reflejó en alguna auditoria.

En cuanto al valor del edificio, especificaron que en el momento en el que se aportó a la sociedad se le dio un valor de 32 millones de euros, pero el año pasado se hizo una corrección para ajustar su valor contable a 25 millones de euros.