El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: KIKE TABERNER
VALÈNCIA. (EFE) La Agencia Valenciana Antifraude ha emitido dos resoluciones en las que reprocha al Ayuntamiento de València la falta de control o la irregularidad de varios contratos públicos para la gestión de la comunicación de teatros y bibliotecas municipales y para la promoción del festival Bonica Fest de 2019.
En el primero de ellos, Antifraude ha analizado una denuncia en la que se expone que una misma empresa de comunicación ha sido adjudicataria "a dedo" de los servicios de comunicación de las bibliotecas públicas y los teatros TEM y La Mutant, y que ha facturado al Ayuntamiento cerca de 87.000 euros desde 2017.
Antifraude ha constatado la existencia del pago de diversas facturas sin contrato y que en las mismas "no constan desagregados los servicios concretos prestados, de modo que se factura la misma cuantía todos los meses, independientemente de la fecha de inicio o finalización de los contratos".
La Agencia preguntó cuáles fueron las acciones concretas de comunicación que fueron facturadas en cada caso (desde 2017 a 2020), pidió copia de los expedientes de contratación relativos a esos contratos menores adjudicados a la empresa de comunicación "con los correspondientes informes de necesidad" y preguntó que se identificase el funcionario o cargo electo responsable de los encargos.
La empresa ha aportado un resumen de todas las acciones realizadas con una estimación del valor de cada una de ellas, pero "sin aportar las tarifas oficiales de los medios" que publicaron dichas acciones de comunicación ni la justificación de "por qué resultaron más ventajosas que la publicidad".
Antifraude califica de "absurdo" el que se pague todos los meses lo mismo por servicios que no se prestan o que se presten servicios que no se abonan en el mes que corresponde, y añade que, "cuando menos, no es una correcta práctica administrativa, ya que el contenido de lo facturado debe constar claramente identificado sin tener que hacer un ejercicio de imaginación".
El responsable de la Agencia considera que los servicios de comunicación cubren necesidades "recurrentes, reiteradas y previsibles" y que, en consecuencia, no es apropiado recurrir a la fórmula del contrato menor.
Asimismo, expone que "no es razonable que el servicio de acción cultural no exigiera la presentación de las acciones de comunicación realizadas mensualmente y que se hayan tenido que realizar informes por la empresa adjudicataria en septiembre y octubre de 2021, a raíz del requerimiento de la agencia".
La segunda de las resoluciones hace referencia a irregularidades en un contrato por 35.000 euros para la promoción del Bonica Fest 2019 que incluía la colocación de un expositor de promoción que no se desarrolló en las condiciones pactadas, sin que se aplicase penalización alguna a la firma adjudicataria.
En su oferta, la empresa adjudicataria se comprometía a dotar de suficiente personal dicho expositor con un mínimo de cinco personas discapacitadas -con un grado del 33 % o superior- durante diez horas diarias entre el 9 y el 13 de septiembre de 2019.
"Las condiciones climatológicas no impidieron dichas actividades promocionales ni la participación de monitores, por lo que no se entiende qué problema pudo tener la fundación responsable de facilitar a dichos trabajadores, que deberían haber sido seleccionados con anterioridad", expone Antifraude.
Las características del expositor, además, no se ajustaron a lo comprometido, especialmente en el tamaño de unas letras de grandes dimensiones, que según el contrato debían alcanzar los 2,20 metros, y tampoco hay constancia de que se facilitase material promocional en la cantidad y materiales acordados.
Por todo ello Antifraude recomienda al Ayuntamiento de València que dicte instrucciones internas para garantizar el cumplimiento íntegro de los contrarios y que se establezcan protocolos de actuación en caso de detectarse incumplimientos contractuales.
