VALÈNCIA. El 2020 toca a su fin con un retraso de los plazos judiciales acrecentado por el coronavirus, lo cual ha provocado la demora en el cierre de grandes causas, la tardanza en las resoluciones y que se pospongan declaraciones y juicios. Aun así, otros sí que se han podido celebrar y también ha llegado la firmeza en sentencias de importancia.
Tal vez, el procedimiento más relevante que ha concluido a lo largo de este año sea el de Emarsa, el saqueo a la depuradora de Pinedo. El Tribunal Supremo ratificaba el pasado octubre las penas de prisión para los cabecillas de la mayor trama de corrupción de la Comunitat Valenciana en lo que a cantidad defraudada se refiere (23,5 millones de euros de dinero público según cifró la Justicia). Pese a los intentos de suspender los plazos, los condenados entraron en la cárcel a mediados de noviembre. Entre ellos, Esteban Cuesta, exgerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) y condenado a 12 años; Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente de Emarsa (condenado a 10 años) ; José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y condenado a 9 años; o Jorge Ignacio Roca Samper, condenado a 6 años.
Crespo, Cuesta y Roca Samper, además, se volvieron a sentar en el banquillo de los acusados a finales de octubre por una pieza separada sobre delito fiscal con las declaraciones del IVA. El juicio, en el que la Fiscalía rebajó de 14 a 8 años la petición de prisión para los tres, quedó visto para sentencia.
Otra de las sentencias más destacadas que afectaban a Comunitat Valenciana y que se conoció en el último trimestre del año fue la de Bankia, que absolvía a los 34 acusados en el juicio por la salida a bolsa de la entidad. La Audiencia Nacional sostuvo que la operación tuvo la aprobación de todos los supervisores —Banco de España, CNMV, FROB y EBA—, que el folleto contenía una "información cabal" para los inversores que decidieron emplear sus ahorros en la adquisición de acciones de la entidad bancaria y que no existía conducta constitutiva de delito.
La resolución no consideraba probado que el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, cometiera estafa a los inversores y falsedad contable. Tampoco le atribuía este último delito al que fuera dirigente de la entidad y de Banco de Valencia, José Luis Olivas, quien tiene pendientes otras causas de presunta corrupción pero logró librarse en este asunto de tanta relevancia en el mundo bancario al tratarse del mayor rescate financiero de la historia de España.
Hace pocos días finalizaba el plazo de presentación de recursos, que formalizaron dos acusaciones. La Fiscalía ya anunció que desistía.
Dos pronunciamientos relacionados con la visita del Papa a Valencia han llegado este mismo mes. De un lado, la nueva sentencia de Gürtel con penas de hasta 15 años de cárcel a 19 de los 23 acusados por la adjudicación ilegal al Grupo Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro de la Familia, celebrado en 2006. Tras el juicio celebrado el pasado julio, la Audiencia Nacional consideró probado que la trama se repartió el sobrecoste de 3,2 millones de los contratos del evento y rechazó deducir testimonio contra Francisco Camps.
De otro, el juzgado de Instrucción número 5 de València ordenó el sobreseimiento provisional de la causa relativa a los contratos del evento al entender que la Fundación del Papa era privada y que la cúpula de la Generalitat no acordó delinquir. Anticorrupción lo ha recurrido y cree que los hechos "pueden ser constitutivos de un delito continuado de malversación, junto con otro de fraude funcionarial".
La Fiscalía pidió en noviembre de nuevo el archivo de la causa principal del caso Valmor, que el año pasado quedó reducida a la asunción por la Generalitat de la condición de avalista de la empresa con el contrato de julio de 2011. En ella figura como único investigado el expresidente Francisco Camps y recientemente declaró como testigo Andreu Ferrer, el secretario autonómico de Presidencia y mano derecha del jefe del Consell, Ximo Puig.
Mientras la juez practica el resto de diligencias pendientes, otra de las derivadas de la Fórmula-1 sí ha sido ya resuelta. Concretamente, el Tribunal de Cuentas dio por finalizado el procedimiento sobre la compra de Valmor -la empresa encargada de la organización del Gran Premio en Valencia-. El pasado julio desestimó el recurso interpuesto por la Generalitat contra el archivo de la investigación tras una sentencia que absolvía a las exconselleras Lola Johnson y Trini Miró y a cuatro exdirectivos de la empresa Circuito del Motor (entre ellos Luis Lobón) al entender que no tuvieron responsabilidad contable en esa operación.
La Generalitat, sin embargo, decidió seguir adelante con su tesis y les reclamó 24 millones de euros de la fusión por absorción de Valmor. El Tribunal lo rechazó y condenó en costas a la Administración. Decisión que fue firme el pasado septiembre al renunciar la Generalitat a presentar recurso. La Administración podría tener que acabar pagando alrededor de 1,5 millones de euros tras la reclamación de costas de las defensas.
La Audiencia de Valencia absolvió en julio al exdirector general de RTVV José López Jaraba de malversación, delito societario, prevaricación y fraude documental por unos contratos vinculados a la productora de José Luis Moreno. La sentencia no consideraba probada la existencia de delito una vez valoradas todas las pruebas practicadas. Un criterio que compartía la Fiscalía y que se alejaba, una vez más (al igual que en otros casos como Valmor), del de la Generalitat, que primero comunicó que renunciaba a presentar recurso pero finalmente sí lo hizo.
En abril llegó la segunda sentencia del conocido como caso Blasco (o caso Cooperación). La Audiencia de Valencia impuso un año de cárcel al exconseller Rafael Blasco y otros dos al empresario Augusto César Tauroni por el desvío de fondos al Tercer Mundo y el proyecto fallido para la construcción de Haití. El procedimiento sigue actualmente su recorrido después de que tanto la Generalitat como las ONG hayan presentado sus respectivos recursos ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía renunció a ello.