Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha acusado este jueves a la diputada del PP Eva Ortiz de "montar un juicio paralelo" en Les Corts con las ayudas a empresas vinculadas al hermano del 'president' y líder del PSPV, Ximo Puig, ya que ha insistido en que no hay "ninguna actuación judicial que cuestione la actuación de la administración".
En la sesión de control, la 'popular' ha vuelto a criticar que Bravo "tuvo acceso al informe de la Guardia Civil que estaba bajo secreto de sumario" y ha preguntado cuál es el protocolo de control de subvenciones, tras afirmar que el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, en una comisión parlamentaria, "cifró en medio millón el fraude cártel de las productoras y exigió la devolución de 509.216 euros".
Ha preguntado si ha llegado esta petición de Antifraude a algún departamento del gobierno valenciano y si "se lo han tomado en serio" o "han encontrado algo", además de interesarse por el protocolo para controlar las subvenciones.
También ha cuestionado por la afirmación en sede judicial de "los socios del hermano del presidente, los Abell Bover, de que tenían siete expedientes abiertos de reintegro por parte de la Generalitat" y por si se ha exigido ya el reintegro de las ayudas otorgadas "de forma ilegal a empresas vinculadas familiarmente" a Ximo Puig.
Como respuesta, Bravo ha recordado que el conseller de Hacienda, Arcadi España, ya le explicó en el parlamento el sistema de control de subvenciones, además de recomendar a Ortiz "que se lea bien los papeles porque en ningún momento Antifraude habla de 500.000 euros".
"Como sabe, la administración no ha otorgado ilegalmente ninguna subvención a ninguna empresa -ha recalcado-. No hay ninguna actuación judicial que esté cuestionando la actuación de la Generalitat. No hay ningún expediente de reintegro abierto con ninguna de las empresas, Comunicacions dels Ports y Mas Mut, con la que tiene relación Francis Puig por ser accionista o gerente".
En su réplica, la diputada del PP ha insistido en que el director de Antifraude "dijo alto y claro que de forma irregular, después de solicitar información a diferentes consellerias, había 509.000 euros bajo sospecha, que reclamaría la devolución y que tenían que ver con dos empresas que tienen vínculos indirectos con las empresas del hermano del presidente".
"¿Sabe por qué no miento? Porque se han cruzado facturas para defraudar a los valencianos vuestra dejación de funciones", ha espetado a la consellera. Y ha añadido que Francis Puig es "socio conjuntamente con la exmujer del presidente, un secretario autonómico y otro cargo de este gobierno".
Por todo ello, Ortiz ha señalado a Bravo que en el Consell "tienen un problema con este asunto: es una patata caliente". "Además de delegarle los incendios de los montes, le han delegado los incendios familiares, yo me lo haría mirar", ha dicho.
La titular de Justicia le ha contestado asegurado que el PP "sabe perfectamente" que la Conselleria de Educación realizó varias fiscalizaciones sobre estas ayudas, primero una ordinaria respecto a "todas las facturas" y después a consecuencia de su denuncia "un plan de control exhaustivo" entre los años 2015 y 2017.
Esa auditoría reveló, ha subrayado, que se cumplieron los criterios que justificaban la subvención "y no constató irregularidad alguna". "Por eso (el procedimiento) fue impoluto y no se puede exigir ningún reintegro -ha insistido-. El único expediente de reintegro está incoado y es a Canal Maestrat y Crioll por un importe de 218.000 euros, empresas que no son ni tienen nada más que ver que la actividad profesional con Francis Puig".
En cualquier caso, Bravo ha sostenido que a Ortiz "le da igual todo" y "solo le importa sustentar su relato sobre bulos y mentiras". "Ya que ha acudido a la justicia, respete el trabajo de los jueces y fiscales, porque precisamente la justicia ha pedido ahora los informes de las intervenciones de la Generalitat de Catalunya y la Valenciana", ha aseverado.
Ha acusado a la diputada de pretender "interferir en la labor de los jueces yendo ahora a presentar un escrito pidiendo de nuevo la imputación de Rubén Trenzano", director general de Política Lingüística, de Compromís, que fue absuelto del delito de falsedad documental en ayudas para el fomento del valenciano concedidas a empresas vinculadas a Francis Puig.
Y ha remachado, ante las quejas de la bancada 'popular': "Hágaselo mirar. En esta sede parlamentaria está montando un juicio paralelo y eso significa una falta de respeto a la justicia. Los tiempos de la justicia no sirven a sus intereses espurios (...). En todos estos años no ha aportado ni una propuesta constructiva. Esto no beneficia a la sociedad valenciana, lo que usted representa y su actitud es la cara más miserable de la política".
