Los cabecillas de Emarsa logran retrasar su ingreso en prisión tras la ratificación de sus condenas

VALÈNCIA. Los cabecillas del conocido como caso Emarsa -el saqueo a la depuradora de Pinedo que supuso un desvío de 23,5 millones de euros de dinero público según cifró la Justicia- han logrado retrasar su ingreso en prisión. Al menos por unas semanas. El Tribunal Supremo ratificaba a comienzos de octubre las penas de prisión. Entre ellas, la de 12 años para Esteban Cuesta, exgerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa); 10 años para Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente de Emarsa; y 9 años para José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar). 

La sala emitía su pronunciamiento más de dos años después del fallo de la Audiencia de Valencia, que llegó tras siete años de instrucción y dos aplazamientos del juicio. Los condenados tendrán que entrar en breve en la cárcel, pero diversos escritos están dilatando su ingreso. Morenilla ha planteado un incidente de nulidad contra la sentencia, mientras Eva María Marsal y Daniel Calzada han presentado sendos escritos de aclaración.

Todas estas cuestiones las resolverá el Supremo durante las próximas jornadas para posteriormente remitir su pronunciamiento a la Audiencia de Valencia, que a continuación tendrá que iniciar la ejecución de la sentencia y comunicarles el plazo de ingreso en prisión con la opción de elegir centro penitenciario. 

14 años de prisión 

A ello se une la celebración de un nuevo juicio que arranca este lunes por una pieza separa de Emarsa sobre delito fiscal con las declaraciones del IVA. La Fiscalía pide 14 años de prisión y una multa de 3,3 millones de euros para Enrique Crespo, Esteban Cuesta y el empresario Jorge Ignacio Roca Samper.

En el escrito de acusación explicaban cómo algunos de los proveedores tenían actividad real al margen de la facturación irregular emitida a Emarsa, de tal forma que las cuotas del IVA que repercutieron en las facturas fueron debidamente declaradas en sus correspondientes liquidaciones de impuestos e ingresadas a la hacienda pública. Sin embargo, los únicos proveedores que no ingresaron las cuotas de IVA que repercutieron en las facturas emitidas a Emarsa fueron las empresas gestionadas por Roca Samper: Erwinin, Zonday Investments y Printergreen. 

Circunstancia que, señala Fiscalía, "era conocida por los gestores de Emarsa, toda vez que, cuando pactaron verbalmente con Rosa Samper la emisión de facturas inauténticas a la mercantil pública, ya conocían que este empresario no realizaba más actividad que la de proporcionar a otros empresarios facturas por servicios simulados en las que se incluían cuotas de IVA soportado ficticias para facilitarles un ahorro fiscal ilícito".

Para evitar ese ingreso de las cuotas de IVA, el acusado, apunta el escrito, "consignó en sus correspondientes liquidaciones tributarias unas cuotas de IVA soportado irregulares que neutralizaban las repercutidas a su cliente principal, Emarsa".  

Devoluciones tributarias al margen de la norma

"El mecanismo defraudatorio empleado por los acusados para sustraer a la Hacienda Pública cuotas tributarias que a ésta le correspondían consistió en interponer entre Emarsa y las auténticas prestadoras del servicio de gestión de residuos -Adobs Organics y Trabisa- un nivel de facturación intermedio que permitía incrementar artificiosamente el precio facturado por dicha gestión, aplicándole a la base imponible un tipo de gravamen del 16% cuando a dicha actividad le correspondía el 7%", detalla la Fiscalía.

De esta manera, los acusados -indica- "no sólo mejoraban la comisión ilícita que Roca Samper les solicitó por su función de intermediación mercantil simulada, correspondiente al IVA de cada factura, sino que también obtenían una mayor devolución de la cuota tributaria solicitada a la AEAT". 

Tras recibir las facturas de estas sociedades interpuestas, Crespo y Cuesta las incluían en las declaraciones mensuales y en la anual del IVA "con pleno conocimiento de que dicho proveedor no había prestado servicio alguno a Emarsa y que el servicio contemplado en dichos documentos mercantiles estaba siendo prestado por otra empresa a la mitad de precio y con un tipo de gravamen inferior", desgrana el escrito.

Gracias a todo ello, concluye, "los acusados obtuvieron devoluciones tributarias a las que no tenían derecho por la normativa del impuesto".

En total, la cuantía que se sospecha fue defraudada entre 2006 y 2009 asciende a 1.395.798,16 euros, que reclama la Agencia Tributaria.