VALÈNCIA. Fue la "gota que colmó el vaso". El pasado miércoles la Guardia Civil detuvo a dos hombres de 23 y 62 años acusados de abusar sexualmente de una decena de menores en la localidad de Buñol. La mayoría de ellos procedentes del centro de acogida de menores de la localidad, a quienes los investigados ofrecían dinero y drogas.
La reacción del PPCV a estos hechos no se hizo esperar. La diputada popular María José Catalá denunció pocas horas después la situación de "desprotección" en la que los niños viven, y este lunes fue un paso más allá: pidió al president del Consell, Ximo Puig, que cediera las competencias de la cartera de menores a la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo.
"La vicepresidenta está desatendiendo su responsabilidad y esto debería ser suficiente para que dimitiera. De no hacerlo, Puig debería revocar esa delegación de competencias de infancia y adolescencia a Justicia", indicó. "Tiene absoluta coherencia por el grado de protección judicial que merecen esos menores", añadió la portavoz adjunta del PPCV en Les Corts.
Una flecha envenenada y lanzada para colarse en las grietas nacidas hace unas semanas entre la 'número dos' del Ejecutivo valenciano y la responsable de Justicia a cuenta de la ubicación de la comisaría especializada en violencia de género. Horas después de que Bravo anunciara junto a la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, que esta se situaría en la Ciudad de la Justicia, Oltra saltó a escena vía Twitter e increpó a la consellera por invadir sus competencias y saltarse "a la torera" el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.
La situación del Ejecutivo quedó tensionada considerablemente durante varios días, ya que el conflicto tardó en atajarse varios días. No en vano, el jefe del Consell y la portavoz del mismo tardaron exactamente una semana en hablar tras este rifirrafe público. Y, de hecho, no abordaron la problemática principal, sino que se limitaron a debatir sobre la gestión de la pluralidad y diversidad en el seno del Gobierno del Botánico.
El foco mediático se centró durante varios días en ambas dirigentes, que no se habían puesto tampoco en contacto diez días después del suceso. Un escenario que ofreció munición suficiente a la oposición para el Debate de Política General, aunque no llegó a convertirse en protagonista.
Ahora bien, aún con esta primera cita en el calendario parlamentario superada sin excesivos rasguños, la 'debilidad' de cohesión del Ejecutivo valenciano quedó expuesta. Y el PPCV la hizo valer este lunes. Para dotar de razón a tal ofrecimiento, Catalá analizó que el centro de Buñol, además, "está lejos de la Ciudad de la Justicia, donde se tienen que tramitar muchas cuestiones de estos menores".
En este sentido, la parlamentaria recordó que precisamente este motivo -el de haber podido tener lugar abusos sexuales- fue motivo determinante para que la Fiscalía de menores ordenara el cierre del centro de menores de Monteolivete. Un aviso de lo que podrá verse en las próximas semanas en los plenos de la cámara.
La diputada del PPCV, María José Catalá, junto al presidente de la gestora provincial, Rubén Moreno. Foto: VP
