Puig y Oltra no reparan en gastos
Puig y Oltra no reparan en gastos
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| 31/10/2020
VALÈNCIA. El Gobierno valenciano aprobó este viernes el proyecto de ley de los Presupuestos de la Generalitat de 2021. Unas cuentas que ascienden a 25.528 millones de euros, 11,3% más que las de este año, y que reflejan un aumento del presupuesto de las empresas del sector público del 13,3% hasta alcanzar 3.045 millones de euros.
El incremento viene motivado principalmente por la subida presupuestaria de las empresas, fundaciones y consorcios con los que ya contaba la Generalitat Valenciana, pero también por la creación de cuatro nuevos entes cuyos fondos totales suponen 8,6 millones de euros.
En concreto, el Botànic II da la bienvenida este año al Centro Especial de Empleo IVAS, que contará con 3,7 millones de euros; al Consell de l'Horta de València al que dio vida la ley de l'Horta aprobada en Les Corts en 2018, que con 2,2 millones de euros es el segundo ente de nueva creación que tendrá el presupuesto más alto el próximo año.
Puig y Oltra no reparan en gastos
En realidad su constitución tuvo lugar en febrero de este año, sin embargo desde entonces este consorcio no ha tenido actividad, tal y como denunciaron Acció Ecologista Agró y Per L'Horta. Las organizaciones pidieron a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, el pasado 1 de octubre que como presidenta del Consell de l’Horta, convocara "una sesión para aprobar con urgencia la contratación de personal de plantilla y el nombramiento del gerente". Con esta partida, a priori, este ente deberá funcionar con cierta normalidad ya el próximo ejercicio.
Otra de las entidades de nueva creación del Consell son la Agencia de Protección del Territorio, que tendrá un presupuesto de 1,9 millones de euros en 2021. Esta agencia fue creada a través de una enmienda de Podem en la legislatura pasada durante la tramitación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) y de ella depende la inspección y sanción en materia medioambiental y de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.
Por último, el Gobierno valenciano también termina de constituir la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, a la que dota de 811.000 euros. Las conclusiones de la comisión de investigación del accidente de metro de 2006 que se llevó a cabo en la pasada legislatura exigía la creación de una Ley de Seguridad Ferroviaria, aprobada en marzo de 2018. Una norma que incorporaba la creación de esta agencia y que, de nuevo, tardó casi dos años en poner en marcha a pesar de que el pasado mes de diciembre de 2019 se aprobaron los estatutos del ente.
El motivo del retraso radicaba en las incompatibilidades con las que contaban sus cargos y la suma de requisitos que estos debían reunir para ser nombrados. Una situación que derivó incluso en que la Conselleria de Movilidad tuviera que realizar un contrato por valor de más de 500.000 euros -IVA excluido- para el "asesoramiento técnico en materia de seguridad ferroviaria" para cuatro anualidades. Ante la imposibilidad de fichar a ningún integrante, los grupos parlamentarios del Botànic II modificaron las condiciones que debían reunir los consejeros de la Agencia para reducir las incompatibilidades en la Ley de Acompañamiento de este año. Ahora, el órgano ya se encuentra integrado por su director general, José Miguel Monteagudo; su presidente, Antonio Esparza; y los vocales, Pilar Calvo Holgado y Ricardo Insa Franco.
Un incremento del presupuesto en el sector público que, sin embargo, contrasta con el deseo declarado del primer Gobierno del Botànic de reducir la cantidad de empresas, fundaciones y consorcios dependientes de la Generalitat. La postura ahora del Ejecutivo, sin embargo, dista de la de entonces. De hecho, hace apenas dos semanas la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación Autonómica, Maria José Mira, ya defendió al sector público de la Generalitat al advertir en Les Corts Valencianes que este no sufriría ningún ajuste presupuestario. Todo lo contrario, ahora, su presupuesto total crece un 13,3% respecto a este año.
Por su parte, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) tendrá el próximo año un presupuesto de 66 millones de euros, de los cuales 56,1 millones corresponden a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), la entidad que gestiona À Punt y donde se inscribe el grueso de la plantilla. Los gastos de personal en la SAMC sería de 21 millones de euros, mientras que en el caso de la Corporació, 3,2 millones irían destinados a pagar nóminas. En total, 24,2 millones de euros de capítulo 1.
Una circunstancia por la que los partidos del Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- deberían, si quieren evitar que À Punt vuelva a infringir su propia ley de creación, presentar en el trámite de enmiendas a la Ley de Acompañamiento del próximo año una moratoria al artículo que impide a la radiotelevisión valenciana destinar más de un tercio del presupuesto total a gastos de personal como hicieron hace dos años.
Es decir, la ley de la CVMC determina que la partida del capítulo 1 no puede superar un tercio del total de los fondos que tenga la Societat cada año. Por lo que con un presupuesto de 66 millones de euros que tendrá el próximo ejercicio, el gasto al pago de nóminas debería ser como máximo de 22 millones.
Durante dos años la Corporació ha estado infringiendo esta cláusula, y por ello el tripartito pactó dejar sin efecto esta disposición hasta que caducara el Contrato Programa de la CVMC. Sin embargo, este caduca en diciembre, por lo que el Botànic tendría que reformar la ley original para hacer desaparecer este artículo o volver a aprobar una moratoria hasta que se celebren las oposiciones, ya que para ésta, À Punt ha sacado a concurso una oferta de empleo público parcial -en total un centenar de plazas se han quedado por convocar- para no volver a infringir la ley y de esta manera reducir el gasto de personal.
Una de las entidades que más ve incrementado el presupuesto de cara al año que viene es la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. Este organismo autónomo tendrá el año que viene 139 millones de euros según consta en el presupuesto, de los cuales 83 provienen de la conselleria a la que está adscrito -Política Territorial y Movilidad-, la mayoría para cubrir el déficit de FGV; 38 millones procederían de transferencias del Estado, dado que el Gobierno central ha incluido esta partida en los Presupuestos Generales de 2021, y 18 millones corresponden a integración tarifaria, es decir, a venta de billetes.
Junto a esta, la Agencia Valenciana de Innovación de Andrés García Reche crece casi un 50% respecto a este año. De los 27 millones que ha tenido en 2020, pasa a tener un total de 50 millones de euros.
Por su parte, Ciutat de Les Arts y Les Ciencies (Cacsa) prevé reducir sus ingresos más de la mitad respecto a 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria de la covid-19. Si este año la previsión de ingresos era de 21,3 millones de euros, el próximo ejercicio Cacsa refleja que estos se verán reducidos a 10,3 millones. De esta manera, la sociedad mantendrá los gastos de personal pero reducirá las inversiones para compensar esta pérdida de ingresos.