BRUSELAS. El caso de la petición ante el Parlamento Europeo contra la ampliación del puerto de Valencia ha quedado varado tras su archivo. La consultora madrileña que se presentó ante el Comité de Peticiones ha desaparecido del Registro de Transparencia de la Unión Europea (UE), tras aprobarse la nueva obligación de declarar los clientes, intermediarios y precio de la actividad. Esta norma se aprobó en julio del año pasado y este marzo vencía la obligación de actualizar los datos.
El bufete de abogados HBA Partners Public Affairs, cuyo socio Javier Silveira Hernández presentó la petición, ya no consta en el Registro de Transparencia europeo, lo que imposibilita conocer qué grupos de interés estaban detrás de esta petición. En ésta se acusaba al Puerto de incumplir la norma europea de impacto ambiental. El pasado 1 de septiembre se realizó una vista pública ante el comité de Peticiones del Parlamento Europeo con la participación online del peticionario, Javier Silveira; el presidente del puerto de Valencia, Aurelio Martínez, y la consellera de Medioambiente de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollà.
El informe de la Comisión Europea, también consultada para esta sesión como es preceptivo, remitió a los tribunales españoles “para el caso de que se conculque alguna norma medioambiental”. La petición giraba en torno a que la Comisión confirmara la obligación de una nueva declaración de impacto ambiental sobre un proyecto modificado, que podría afectar a la Albufera y su parque natural, como pedía Silveira. En ese caso, la ampliación del puerto debería haberse paralizado para esa cumplir con esta exigencia.
El Registro de transparencia está gestionado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Se trata de una base de datos en la que figuran las organizaciones que tratan de influir en el proceso legislativo y de aplicación de políticas de las instituciones de la UE. El registro hace visibles qué intereses se persiguen, quién los defiende y con qué presupuesto. De este modo, el registro hace posible el control público, dando a los ciudadanos y a otros grupos de interés la posibilidad de hacer un seguimiento de las actividades de los grupos de presión.
En el caso de la petición contra la ampliación del puerto, esto ya no será posible, puesto que HBA Partners Public Affairs ha desaparecido del Registro de lobbies en que constaba desde 2018. La petición la realizó abogado madrileño Javier Silveira como si fuera un ciudadano particular preocupado por el medioambiente valenciano. Su consultora figuraba entonces en el Registro europeo. Puestos en contacto con este abogado, ha manifestado a Valencia Plaza que “hace tiempo que no tengo nada que ver con ese asunto y no tengo nada más que decir”.
Durante el transcurso de la petición, presentada en agosto de 2020, las condiciones para ser lobista en Europa se hicieron más estrictas. El 1 de julio de 2021, dos meses antes de la comparecencia ya prevista ante el Parlamento, entró en vigor el Acuerdo Interinstitucional de 2021 sobre un Registro de transparencia obligatorio, tras ser aprobado por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea.
Entre las novedades, establecía que los lobbies ya inscritos debían actualizarse y modificar sus datos. De no hacerlo, serían eliminados del Registro. Entre sus nuevas obligaciones figuran la de facilitar información sobre los clientes con los que tienen una relación contractual, especificando el nombre del cliente, la estimación de los ingresos anuales por actividades de representación relevantes de ese cliente en el último ejercicio contable cerrado, y las propuestas legislativas, políticas o iniciativas de la UE dirigidas en nombre del cliente específico. Esta obligación tenía de plazo hasta el 19 de marzo de 2022. Cumplida esta fecha, HBA Partners Public Affairs ha desaparecido del registro público.
Su petición contra la ampliación del puerto de València, por incumplir la norma europea de impacto ambiental, quedó cerrada por mayoría del grupo popular y del grupo socialista, tras informar la Comisión Europea en contra y remitir a la jurisdicción nacional. Ya en ese momento, resulto extraño que un ciudadano anónimo madrileño se preocupara por un asunto político que estaba dividiendo el Gobierno valenciano, con el PSOE a favor de la ampliación y Compromís en contra.
Dos semanas después de celebrarse la sesión, aún no se sabe quién contrató al prestigioso despacho de abogados en Madrid, inscrito como lobista en el registro de Transparencia de la UE en Bruselas. El despacho afirmó en aquél momento que se había recibido 27 adhesiones a su petición, representando a grupos ecologistas y asociaciones vecinales, de las que se negó a dar información.
Algunas fuentes señalaron la fuerte competencia entre compañías navieras rivales. La ampliación del puerto de València beneficia claramente a MSC, una empresa Italo-suiza de cruceros y de transporte marítimo de contenedores, en detrimento de Cosco (China Ocean Shipping Group), una de las mayores navieras del mundo, perteneciente al gobierno de la República Popular China.
De otro lado, la Comissió Ciutat-Port invitó el pasado verano al eurodiputado de Esquerra Republicana de Catalunya, (ERC) Jordi Solé, para pedir consejo respecto a la ampliación del puerto de Valencia. Solé les aconsejó que “el camino para que este tema llegara a Europa era el Comité de Peticiones el parlamento Europeo”. No obstante, la petición ya estaba en camino desde agosto de 2020. El ahora eurodiputado Solé estuvo acompañado por Josep Barberà (ERPV), quien afirmó que “nos enteramos muy tarde de que existía esa petición y el Comité no admite varias peticiones en el mismo sentido”.
Por su parte, Antonio Montiel, miembro y asesor jurídico de la Comissió Ciutat-Port, manifestó su extrañeza cuando se enteraron días antes de la sesión en el Parlamento, por que no se hubiesen puesto en contacto con ellos y que “alguien, sin ninguna relación, aparezca y hable, ya que no es un ciudadano afectado, que es el espíritu del Comité de Peticiones, sino que lo hacen de encargo. Montiel aludió entonces a que sería una empresa de la competencia afectada por la ampliación.
