Imagen de una Junta General de Divalterra. Foto: DIVALVALÈNCIA. La controversia generada en torno al proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos en Divalterra ha generado ya todo tipo de enfrentamientos en el seno de la Diputación de Valencia: el del presidente de la firma con el gerente y el tribunal evaluador, el del jefe jurídico con los dos anteriores y la Agencia Antifraude y, ahora, entre los propios sindicatos.
El resumen de los hechos consiste es que es el presidente de la empresa pública, el diputado socialista Ramiro Rivera, trató de impedir a mediados de enero el nombramiento de la vencedora –elegida por el tribunal– después de que el aspirante que quedó en segundo lugar presentara un recurso. El gerente, sin embargo, no obedeció la orden y procedió a la contratación al entender que todo se había realizado correctamente.
A partir de ese momento, el jefe jurídico y de riesgos penales, José Luis Vera, inició una investigación interna mientras la Agencia Antifraude abría otra tras recibir una denuncia desde el propio tribunal por todos los movimientos para revocar el proceso.
CCOO y UGT atacan a la presidenta del comité de empresa, que remarca la necesidad de transparencia y legalidad
Los sindicatos UGT y CCOO han abogado por posicionarse en el asunto para atacar a Ruth López, la presidenta del comité de empresa (donde el CSIF tiene mayoría absoluta). En un comunicado, expresan que "no representa a los trabajadores de Divalterra" y que su posición como miembro del consejo de administración "solo responde a sus intereses o como mucho a los del CSIF".
A su juicio, se ha "decantado públicamente a favor de un candidato e intenta impedir que se resuelva un recurso interpuesto por otro". "Con su actuación, sus escritos, sus intervenciones y con filtraciones en prensa de quien sea está poniendo en serias dificultades a los trabajadores de esta empresa, que nuevamente se ve envuelta en un lío", señalan.
"No nos representa", insisten, "ni en la negociación del convenio ni en la relación de puestos de trabajo que se lleva con ocultismo entre ella, el gerente y el anterior director de Recursos Humanos, que sigue en la empresa de forma irregular", añaden. De hecho, piden que abandone el Consejo de Administración.
A todo ello ha respondido la propia aludida, tanto desde su cargo como consejera como de representante sindical. Como consejera niega que las filtraciones a la prensa –en referencia a Valencia Plaza aunque no se mencione– no salen de ella. Apunta igualmente que su obligación es "velar por la empresa" y denunciar "hechos que menoscaben su reputación y supongan una vulneración de los preceptos legales para evitar que se vuelvan a producir circunstancias que ahora están en los tribunales, como ocurre en el caso Taula y en el caso Alquería". "Si a ustedes o a alguien más les molesta que yo cumpla con mis obligaciones tanto legales como morales, háganselo mirar", zanja.
En cuanto a la réplica como sección sindical del CSIF, recuerda que ganó las elecciones y que en lo concerniente al proceso de selección en RRHH de Divalterra solicitó información sobre posibles vulneraciones de derecho. En este sentido, niega que se haya "decantado por ningún candidato", sino que ha "defendido el procedimiento y la decisión del tribunal como lo haría en cualquier otro proceso de selección".
"No podemos olvidar que se nos prometió transparencia y legalidad para que pudiéramos superar tiempos pasados. Y con estas informaciones e intentos burdos de manipulación lo único que consiguen es perjudicar a la empresa y sus trabajadores", remarca.
