VALENCIA. Un banco malo a la valenciana para colocar los activos adjudicados de la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR). Esta es la solución que los nuevos gestores del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) han encontrado para dar salida a los activos de la sociedad avalista, fundamentalmente naves industriales y solares, por los que confía en obtener hasta 170 millones de euros. Tras el rescate de la entidad, que costará cerca de 400 millones de euros al erario, la prioridad de la Conselleria de Hacienda es despertar el interés de inversores privados por esa cartera con el objetivo de reducir al máximo el coste público de rescatar a la SGR.
El Proyecto Citrus, nombre que recibe esta operación de colocación de activos para la que la Generalitat cuenta con el asesoramiento de expertos de N+1, fue lanzado en mayo del año pasado con el objetivo de vender la cartera en bloque con un importante descuento, ya que la cartera de avales ejecutados con y sin garantía supera los 801 millones de euros y los activos adjudicados se valoraron inicialmente en 82 millones. El objetivo era colocarlos antes del pasado verano, pero ha sido en las últimas semanas cuando la operación ha tomado velocidad.
La Generalitat ya tiene las primeras propuestas sobre la mesa. Tras varias semanas de análisis de propuestas, en las que se han descartado algunas por considerarlas demasiado bajas, el IVF ha preseleccionado dos ofertas para pasar a una segunda fase y conocer la solvencia de los inversores que están detrás.
Dentro del diálogo que se ha establecido con los potenciales inversores para maximizar los recursos captados con el traspaso de la cartera, ha surgido la opción de instrumentalizar la operación mediante la creación de un vehículo intermedio, una suerte de banco malo autonómico al que la SGR traspasaría los activos que ahora están en su balance como paso intermedio a la entrada de inversores. En lugar de adquirir directamente la cartera en bloque, los inversores comprarían acciones de la sociedad a la que la SGR traspasaría sus activos no estratégicos.
Para ello, posteriormente habría que definir cómo entrarían los inversores privados en esa sociedad, qué porcentaje del capital controlarían e, incluso, si la propia SGR podría reservarse una participación en el accionariado para participar de eventuales beneficios que surgieran con la venta de los inmuebles por parte de esa sareb autonómica. Sería un esquema similar como el que se ha aplicado en la Sareb, donde el Estado controla un 45% del accionariado a través del FROB.
El inconveniente de esta alternativa con la que la SGR vendería activos y derechos de cobro de los mismos es la incertidumbre que los inversores privados puedan encontrar sobre cuándo podrán rentabilizar su inversión. "Los inversores quieren certidumbres y este es uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando", advierten fuentes del proceso, que añaden que la salida de los activos no se va a resolver a corto plazo.
Adicionalmente habría que definir el tratamiento fiscal que se le daría a ese vehículo con el fin de aumentar el atractivo para los inversores privados al dar facilidades para la salida de activos. La Sareb, que podría servir de referente, está considerada a efectos fiscales como una entidad de crédito, lo que le permite deducirse todos los gastos financieros derivados de su actividad.
Otra de las opciones para aumentar el atractivo podría ser la exención del pago de impuestos de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados para hipotecas formalizadas con este banco malo de la SGR. En cualquier caso, se trata de opciones aún por concretar.
La prioridad del IVF, tal y como sostuvo su director, Manuel Illueca, en una reciente comparecencia en Les Corts, es completar el Proyecto Citrus con la captación de la mayor cantidad posible de fondos para minimizar la factura final de rescatar a la SGR. La entrada de recursos y la reducción de la deuda que la sociedad arrastra con los bancos le permitiría retomar de nuevo su actividad, actualmente congelada porque las entidades financieras son reacias a tomar más riesgos con la SGR.
Por ello, la opción prioritaria es colocar la cartera en bloque, pero no se descarta una venta por lotes si los inversores no concretan finalmente su interés por entrar en el capital de la sociedad a la que la SGR traspasará sus activos. Fuentes del proceso confían en obtener una respuesta de los dos inversores preseleccionados para pasar a la segunda ronda antes de que concluya el mes.
Si estas ofertas por el conjunto de la cartera no se concretan, se abrirá una nueva fase en la que el IVF, de la mano del experto financiero que le asesora, buscarían inversores cuyo perfil se adaptase a los distintos lotes en los que se dividiría la cartera: deuda, activos inmobiliarios, etcétera.