VALÈNCIA. Las iniciativas empresariales que no puntúen en los criterios sociales introducidos por el Consell en su Ley de Aceleración de la Inversión a Proyectos Prioritarios no podrán recibir tal consideración y, en consecuencia, no serán atendidas en los Puntos de Aceleración a la Inversión ideados por la Generalitat. Así se desprende de la resolución del conseller de Economia Sostenible, Rafael Climent, por la que se aprobarán "los criterios evaluables y los mínimos exigibles para considerar un proyecto de interés para la Comunitat", un texto ya pactado por el Consell que verá la luz en los próximos días en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
La redacción de estas cláusulas, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, impone a las empresas interesadas puntuar en un total de cuatro de los ocho ítems en los que se desglosan los criterios. Se trata de los capítulos 'promoción de la inclusión social' (E), 'igualdad y conciliación' (F), 'protección ambiental' (G), y 'prácticas o políticas de responsabilidad social y otros criterios ODS Naciones Unidas' (H). En cada uno de los apartados la puntuación máxima será de 50 puntos.
Por lo que respecta a la inclusión social, el Consell "valorará el compromiso de la empresa por emplear en la plantilla a personas de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral", tales cómo personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, jóvenes desocupados de entre 16 y 30 años, inmigrantes, mujeres, minorías étnicas, víctimas de violencia de género, parados mayores de 45 años, menores de 25 años sujetos al sistema de protección y al sistema judicial, personas en situación o riesgo de exclusión social o desocupados de larga duración. La puntuación oscilará entre los 20 y los 30 puntos para contrataciones de estos colectivos de entre el 5% y el 20% de la plantilla.
En cuanto a igualdad y conciliación, este ítem establece que los proyectos "no deberán vulnerar en ningún caso el principio de no discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, convicciones, edad u orientación sexual", y que tendrán que "facilitar, o al menos no impedir, la accesibilidad para las personas discapacitadas". En concreto, los proyectos recibirán hasta 30 puntos cuando "existe implantado y se acredita un plan de igualdad de oportunidades (en caso de empresas constituidas que reinvierten en la Comunitat)" -o hasta 15 puntos si la empresa se compromete a implantarlo desde cero-; y hasta 20 puntos si "existe implantado y se acredita un plan de conciliación de la vida laboral y familiar -o hasta 15 puntos si se compromete a introducirlo-.
Sobre protección ambiental, los criterios premian que la empresa "utilice energías renovables, medidas que favorezcan la reducción del consumo energético,
consumo limpio de agua u otros recursos naturales" (hasta 40 puntos); que "utilice materiales de origen renovable, reciclados, biodegradables o reutilice o recicle los
mismos" (hasta 40 puntos); o que implemente "un sistema para la reducción de residuos, vertidos, emisiones y contaminación (hasta 40 puntos). Además, disponer de "un plan de movilidad sostenible para sus trabajadores" estará premiado con hasta 20 puntos"; contar con "un sistema de transporte eficiente" supondrá hasta 30 puntos; e implantar "un sistema de gestión medioambiental" supondrá hasta 50.
Y en cuanto a las prácticas o políticas de responsabilidad social y otros criterios ODS Naciones Unidas, los criterios de la conselleria otorgan hasta 25 puntos cuando "los resultados del proyecto promueven la salud, seguridad o una sociedad justa"; cuando "promueven la trazabilidad de los materiales utilizables"; o cuando el proyecto "incorpora criterios éticos, sociales y ambientales, como políticas o prácticas de responsabilidad
social al proceso de toma de decisiones de inversión, de manera complementaria a los
tradicionales criterios financieros de liquidez, rentabilidad y riesgo".
Además de estos cuatro ítems en los que la Generalitat impondrá puntuar para considerar el proyecto empresarial como prioritario, los criterios fijan otros cuatro (A, B, C y D) que carecen de la obligación de puntuar pero con el objetivo de fomentar las áreas "desarrollo tecnológico e innovación", con un máximo de 100 puntos; "desarrollo y vertebración territorial", con un máximo de 50 puntos; "recuperación y fomento de sectores tradicionales" (50 puntos); y la "generación de empleo" (100 puntos).
Por lo que respecta al hito sobre vertebración, los criterios otorgan puntos a los proyectos que se establezcan en municipios con riesgo de despoblación -sobre los que se adjunta una exhaustiva lista con todas las localidades-; mientras que en materia de empleo los puntos van de 40 a 100 en función del número de contrataciones, logrando la máxima puntuación a partir del centenar de trabajadores.
Tal y como recoge el texto de la Ley de Aceleración de la Inversión a Proyectos Prioritarios, su objetivo es "la creación y regulación del Punto de Aceleración a la Inversión como instrumento de coordinación e impulso de proyectos empresariales que fomente y favorezca la inversión y la creación de empleo en la Comunitat Valenciana". "El Punto de Aceleración a la Inversión realizará las tareas de recepción, remisión de documentación y coordinación en la tramitación de los proyectos de inversión presentados por personas tanto físicas como jurídicas que sean calificados como prioritarios", destaca la norma autonómica.
"Las funciones de este punto serán ejercidas por el área competente en materia de promoción internacional e inversiones del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), entidad adscrita a la conselleria con competencia en materia de sectores productivos e internacionalización y con funciones en materia de atracción, promoción y mantenimiento de inversión en la Comunitat Valenciana, y sus funciones las ejercerá personal adscrito al Ivace", agrega la ley.
Se da la paradoja de que el lanzamiento de los criterios que articulan esta ley para la atracción de inversiones coinciden en el tiempo con el enfrentamiento abierto por la Conselleria de Economía contra Intu, la multinacional británica que proyecta en Paterna el macrocentro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo -que cuenta con el rechazo de Compromís, la formación que controla el departamento-.