Manuel Illueca. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Conselleria de Hacienda y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) permitirán a las VTC optar al concurso que han lanzado para el traslado de su personal. Un posibilidad que ya hace unos meses abrió el departamento de Movilidad, que dirige el socialista Arcadi España, en el caso de trayectos de larga distancia, pese a las críticas del sector del taxi.
Se trataba de la primera vez que se incluía a las empresas de vehículo con conductor en el servicio de transporte del personal de la administración valenciana, aunque únicamente para servicios interurbanos y de larga distancia y solo podían presentarse compañías con licencias y conductores autorizados, pero en ningún caso plataformas como Cabify o Uber.
En cambio, departamentos liderados por Compromís como Agricultura, dirigido por Mireia Mollà, y Economía, Rafa Climent, únicamente circunscribieron la convocatoria a empresas del sector del taxi. Un decisión que, según explicaban desde la Conselleria de Climent a este diario, obedecía a que "los taxis ofrecen un servicio público cuyos precios están regulados por la Administración y se controlan mediante un taxímetro homologado". Una justificación que también daba Agricultura.
Pero la exclusión de vehículos con conductor llevó a la empresa Autos Diamond SL a recurrir ambos concursos obligando a ambos departamentos a anular las convocatorias. Los motivos que exponía la empresa de VTC en su recurso se basaban en la "vulneración del principio de libre competencia" al excluir a empresas VTC. A su juicio, se creaban "obstáculos injustificados a la apertura de la contratación pública a la libre competencia". Ambas Consellerias revocaron los concursos por "posible infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato por vulneración del principio de libre concurrencia".
El ente que dirige Manuel Illueca y la Conselleria de Hacienda, que tiene al frente al socialista Vicent Soler, siguen el camino de Movilidad y abren el concurso a las VTC, una decisión con la que evitarán un posible recurso y, por tanto, la anulación de la convocatoria.
En ambos casos, los contratos tienen como objetivo la prestación del servicio de taxi y/o vehículo con conductor con el fin de cubrir las necesidades de transporte y locomoción, tanto del personal como de cargos directivos del ente público y de la Conselleria. Están divididos en dos lotes: uno para desplazamientos urbanos dirigidos a empresas de taxi y un segundo para largas distancias al que también pueden optar empresas de VTC.
Y es que la insuficiencia de medios en la administración valenciana han llevado a la mayoría de departamentos ha buscar empresas externas para el traslado de su personal. Según explica el IVF en su memoria justificativa, "la actividad diaria del personal exige acudir a reuniones con intermediarios financieros, entidades bancarias o solicitantes de financiación que pueden celebrarse, no solo en el término municipal de València, sino a lo largo de toda la geografía valenciana. Por razones de eficacia y eficiencia, se considera necesario contratar un servicio que cubra las necesidades inaplazables de traslado, resultantes del desarrollo de las funciones propias del IVF".
Mismo motivo expone Hacienda que señala que "la flota actual de vehículos y personal conductor de que dispone la Conselleria es insuficiente para satisfacer las necesidades de desplazamiento del personal" que realiza diversas tareas, especialmente en la Dirección General de Patrimonio para la visita de las obras in situ.
La empresa o empresas adjudicatarias deberán aplicar las tarifas de los servicios de transporte público de personas en vehículos automóviles de menos de nueve plazas, del área de prestación conjunta de València, vigentes en cada momento, aprobadas por la Conselleria competente.
Además, los vehículos deberán ir identificados por su matrícula, debiendo además incorporar los distintivos de taxi o de VTC de manera que permita su identificación. La antigüedad del turismo que preste el servicio no excederá, con carácter general, los diez años contados desde su primera matriculación, mientras que para vehículos eléctricos o adaptados a personas con diversidad funcional no excederá de doce años.
Además, para que la ejecución de la prestación del servicio sea eficiente, el adjudicatario debe tener una flota mínima de 30 vehículos, para obtener una prestación con un servicio rápido desde la solicitud.
