La Ciudad de la Justicia. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El todavía misterioso caso del fraude de la EMT que ha costado cuatro millones de euros a las arcas de la mercantil pública ya da sus primeros pasos en los tribunales. Según aseguraron este miércoles fuentes del Ayuntamiento de València, el Juzgado de Instrucción número 18 ha abierto diligencias previas para continuar con la investigación que la Policía Nacional inició el martes de la semana pasada tras recibir la denuncia de la propia empresa.
Así pues, la policía ha trasladado ya toda la documentación y la investigación que ha realizado durante la última semana. Y el caso ha caído en uno de los juzgados de los que más se ha hablado en los últimos años en el Ayuntamiento de València, dado que está dirigido por el magistrado que ha instruido el caso Taula.
El instructor ya ha mandado practicar diligencias por presunto delito de estafa -así figura en la denuncia de la EMT-, si bien todavía no hay ningún investigado, según recalcan fuentes conocedoras del procedimiento. Ahora bien, lo cierto es que la única persona que aparece en la denuncia es la jefa de Administración, Celia Zafra, que colaboró -consciente o inconscientemente- de la estafa.
La denuncia de la empresa relata cómo desde el 3 de septiembre hasta el día 20 del mismo mes se realizaron ocho transferencias cada dos o tres días a dos cuentas bancarias de Bank of China, en Hong Kong, y que sumaban 4.040.898 euros. Asímismo, detalla que el primer día "se produjo un contacto telefónico de un señor que se presenta como el abogado fiscalista de la firma Deloitte, con la señora Celia Zafra".
En este contacto, prosigue, "se explica que la firma Deloitte ha recibido un encargo para intervenir en una operación de adquisición de una empresa china directamente del Presidente del Consejo de Administración", el concejal de Movilidad Sostenible Giuseppe Grezzi. A continuación, se recibió un correo electrónico del falso abogado de Deloitte "con instrucciones sobre la operación" y "un documento de confidencialidad que habría de firmar" la empleada mencionada, que más tarde recibió un correo electrónico de "quien dice ser Sr. Grezzi Giuseppe, confirmando la operación y solicitándole confidencialidad".
Después de todos estos contactos, es cuando, según la denuncia, se produjeron las transferencias. La jefa de Administración habría recibido la factura y habría enviado al defraudador un correo electrónico con el documento para hacer la orden de pago, que le habría sido devuelto en formato PDF donde aparecen las firmas tanto del gerente, Josep Enric García, como de otra directiva, María Rayón, ambos apoderados de la cuenta bancaria de la EMT.
Unas rúbricas que habrían sido falsificadas para tal efecto. Y con la orden de pago rellenada, la empleada la habría remitido a la entidad bancaria por correo electrónico. El proceso de pago se repetiría hasta en ocho ocasiones y, según el escrito, la empleada "no comenta la situación con nadie, ni confirma las órdenes con ninguno de los directivos que aparentemente son conocedores de la cuestión". El fraude se desvela el pasado lunes 23 de septiembre cuando Caixabank, donde se aloja la cuenta bancaria de la EMT, contacta con el gerente de la empresa para solicitarle confirmación de una novena operación.
"Tras la correspondiente investigación interna se descubre la falsedad de toda la maquinación, se deniega la novena transferencia y se solicita al banco la retrocesión de las transferencias", finaliza el escrito. Fue al día siguiente, el día 24, cuando se presentó esta denuncia en la Policía Nacional que inició la investigación cuyo dossier ya ostenta el juzgado. El pasado viernes, la empleada implicada, fue despedida por haber incumplido, según la EMT, su deber de resguardar información comprometida de la empresa, como eran las firmas de sus superiores. Asimismo, en la carta de despido, la empresa incluye otro argumento: la trabajadora habría ocultado dos correos relevantes, así como varias llamadas, a los investigadores.
Este miércoles, el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la empresa municipal, Giuseppe Grezzi, aseguró que la empresa pública se personará en el caso y que, mediante un bufete de abogados de España -concretamente de Madrid-, contratará a otro despacho en Hong Kong, donde fueron a parar los cuatro millones de euros, con el propósito de recuperar parte del dinero.
El edil desveló que según informaciones policiales, hay una cantidad de dinero que podría estar bloqueada en el país asiático y que "sería susceptible de ser recuperada". Se trata de una de las últimas ocho transferencias que se realizaron desde la cuenta bancaria de la EMT y que asciende a 549.000 euros, poco más de la octava parte del total de dinero desviado. No obstante, Grezzi evitó dar más pistas sobre el procedimiento. Asímismo, la EMT también interpuso una demanda ante la Interpol por bank swindle (estafa bancaria).
