VALÈNCIA. 17 parcelas repartidas entre las provincias de Valencia y Alicante para construir 1.100 viviendas en régimen de alquiler asequible. Así es el nuevo concurso de cesión de solares públicos que la Conselleria de Vivienda ha vuelto a lanzar para iniciar una colaboración con los agentes privados. Y lo hace tras sellar un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que le permitirá contar con fondos europeos para poder subvencionar los proyectos.
Así, el Ministerio transferirá a la Generalitat 54 millones de los 500 millones que repartirá el Gobierno este año para la promoción pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Un montante que servirá para financiar la promoción de los nuevos inmuebles que se prevén levantar en la autonomía valenciana. La firma del acuerdo se selló este viernes entre el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca y la ministra Raquel Sánchez. El acto se celebró en València y contó con la asistencia del sector privado, que destacó la iniciativa.
De hecho, el nuevo pliego ha sido dialogado con los promotores valencianos para evitar que quedara desierto como pasó con la primera edición, en la que no se presentaron oferta por falta de viabilidad de los proyectos, según lamentó el sector. Una situación que en esta convocatoria se ha querido corregir.
Como ya avanzara este diario, el nuevo concurso será posible gracias a la transferencia de esos fondos, que posibilitarán ayudas a los agentes privados de 700 euros por metro cuadrado, con un máximo de hasta 50.000 euros por vivienda. De esta forma, la Administración cederá al sector privado el derecho de superficie de las parcelas públicas durante un periodo de 50 años. Las empresas construirán el edificio y lo explotarán durante ese periodo en régimen de alquiler asequible. Una vez finalizado el plazo, el inmueble será gestionado por la Administración valenciana, que en ningún caso perderá la propiedad de las viviendas, que pasarán a formar parte del parque público.
Una de las principales novedades de esta edición es que los 17 suelos, todos ellos propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), se dividirán en tres lotes de entre 5 y 6 terrenos por una valor total de más de 150 millones de euros. Se encuentran ubicados en diferentes municipios repartidos entre las provincias de Valencia y Alicante. En concreto, de esas 1.100 viviendas proyectadas, 34 unidades estarán en Alicante; 58 en El Campello; 512 en Sant Joan; 36 en San Vicentes del Raspeig; 122 en Gandia; 41 en Silla; y 287 en València.
En concreto, el primer lote incluye cinco parcelas: una de ellas en el sector de Rabasa en Alicante con una superficie para 34 inmuebles; otra en la avenida Ausias March en El Campello para 58 viviendas; y tres solares en el sector L’Alquería de Sant Joan para 69, 95 y 59 viviendas, respectivamente.
El segundo lote está formado por seis terrenos, de los que cuatro son en el sector de L'Alquería en Sant Joan para construir 68, 79, 68 y 74 inmuebles en cada uno. Los otros dos suelos se ubican en la calle Huerta de San Vicente del Raspeig y en ellos la previsión es levantar 16 y 20 pisos para alquiler asequible.
Finalmente, el último paquete del concurso consta de seis superficies, todas ellas situadas en la provincia de Valencia. Así, son dos parcelas en el sector de Santa Anna de Gandia en las que se podrán construir 61 pisos en cada una. Otro terreno se encuentra en la calle L’Horta de Silla para los 41 inmuebles previstos en el municipio, mientras que los dos últimos están en el sector de La Torre de València para 96, 95 y 96 viviendas en cada una.
La previsión es abrir la convocatoria este mismo mes de junio y dar un plazo de unos 70 días para la presentación de ofertas, tanto por parte de empresas a título individual como de forma conjunta en UTE. La pretensión de la Conselleria no solo es lograr una gran concurrencia, sino que este programa favorezca la generación de riqueza y empleo en la autonomía con propuestas de los agentes locales.
Eso sí, se financiará el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler asequible. Para ello, se exigirá un consumo de energía primaria no renovable inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.
Además, las viviendas financiadas con cargo a este programa solo podrán ser arrendadas a personas que vayan a tenerlas como su domicilio habitual y permanente. Se priorizará, además, el criterio social. Así, los arrendatarios no podrán superar en 4,5 veces el IPREM -unos 2.605 euros mensuales- y con condiciones especiales para personas con discapacidad y familias numerosas. Adicionalmente, las personas arrendatarias deberán estar inscritas en el Registro de demandantes de Vivienda de la Comunitat Valenciana.
En cuanto a los precios, se ha fijado un máximo de 7,5 euros por metro cuadrado útil al mes, aunque sujeto a actualización conforme a lo que se establezca por el pliego del concurso. Asimismo, habrá un tope de 4,5 euros por metro cuadrado útil al mes de plaza de garaje, de trastero o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda. Eso sí, los garajes y trasteros que tengan la consideración de no vinculados podrán arrendarse en condiciones de mercado.
"La Comunitat Valenciana va a ser la primera autonomía en poner en marcha los fondos para el programa de fomento y de incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes", destacó Illueca, quien resaltó
la importancia de "avanzar hacia una economía sostenible, equitativa y resiliente". Por su parte, la ministra afirmó que con este programa lo que se busca es acabar con un modelo de vivienda "obsoleto", que "ha discriminado a jóvenes, personas mayores y personas con rentas que no les permitían acceder a una vivienda".
En caso de acabar en éxito, la previsión es lanzar una segunda edición con los otros 54 millones que el Gobierno transferirá a la autonomía valenciana en 2023 para construir otras 1.100 viviendas más. Con ello "continuamos trabajando en el Plan 2.400, con la disposición de ampliar y consolidar el parque público de vivienda de la Generalitat con una perspectiva transversal en el territorio", remarcó el conseller.