VALÈNCIA. El PP ha decidido ampliar la querella interpuesta por la que se investiga el presunto fraude de subvenciones cometido por Francis Puig, hermano de Ximo Puig. El motivo que exponen en su escrito es la aparición de indicios de presuntas irregularidades que han ido encontrando en la documentación que obra en su poder.
De admitirse esa ampliación, lo que provocaría es meter en el proceso abierto a la familia Adell Bover, puesto que aparecen sus empresas en el presunto entramado de duplicidad de facturas sobre gastos.
Según el PP, los querellados se han valido de distintos mecanismos para incrementar ficticiamente los gastos en que incurrían sus mercantiles para así poder justificar subvenciones obtenidas a las que no hubieran tenido derecho o, de tenerlo, en un importe muy inferior.
Con las facturas duplicadas obtenían, según la denuncia "subvenciones de varias Administraciones Públicas por los mismos conceptos y gastos, duplicando así las cuantías obtenidas". Hay facturas duplicadas por más de 600.000 euros, cuantifica.
Pero la novedad llega en las presuntas facturas cruzadas, que, según el PP "no se corresponden con trabajos reales o que, de serlo, se trata de trabajos que ya han sido subvencionados, de, manera que el grupo del Sr. Puig realizara un único contenido y llegara a obtener subvención por él hasta en cuatro ocasiones". Hay facturas cruzadas por más de 500.000 euros, según el escrito.
En concreto, Mas Mut Produccions (MMT) y Comunicacions dels Ports (CDP), podrían haber hecho un auténtico encaje de bolillos. Según la ampliación de la querella,CDP cargó en subvenciones pedidas a la Generalitat Valenciana, al menos 7 facturas de MMP por importe de 15.667 euros en el año 2018.
En 2015 CDP incluyó en su justificación de la subvención valenciana un total de 19 facturas de MMP por un importe de 47.588 euros.
Podría tratarse de una trama de falseamiento de gastos y, en este caso, incluso de contenidos, con la finalidad de obtener subvenciones más cuantiosas de las que se podrían obtener con una sola sociedad y sólo aportando los gastos reales, según denuncia Eva Ortiz, número dos del PP valenciano, que firmaba la querella.
Y continúa la denuncia: "Observamos la existencia de las mismas facturas computadas con importes diferentes. Esta práctica solo se habría podido realizar amparándose en la connivencia de la Administración, que no comprobó la subvención tal y como exige la ley. Ahora entendemos muchas cosas, y porqué este Consell tiene tanto empeño en eliminar los mecanismos de control. De hecho uno de los testigos confirmó que en 2015-2016 la Generalitat no fiscalizó las facturas".
Según el PP, "estas subvenciones constituyen una auténtica trama para conseguir ayudas y contratos públicos mediante gastos cruzados, alquileres fraudulentos, subvenciones duplicadas y nóminas de una gran familia".
Por todo ello, el PP apuesta por pedir que declaren en calidad de investigados a Enrique Juan Adell Bover, y de testigos a María Inés Aular Vásquez, ex trabajadora de Canal Maestrat, y a Vicent Tortosa Reig, quien fuera Jefe del Servicio de Promoción del Valenciano de la Conselleria de Educación.