Jorge Rodríguez, tras dimitir como presidente de la Diputación de Valencia. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El PP ha solicitado 18 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, el exgerente de Divalterra José Ramón Tíller y la excogerente Agustina Brines en el marco del caso Alquería, además de 34 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Las peticiones se reflejan en el escrito de acusación presentado por los 'populares' ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que dictó auto de procesamiento contra Rodríguez y otros 14 cargos de PSPV y Compromís de la Diputación de Valencia por las presuntas contrataciones irregulares en la empresa pública Divalterra.
En él también solicitan 15 años de prisión y multa de 4.800 euros para el exjefe de gabinete de Rodríguez en la Diputación, Ricard Gallego; para otro asesor, Manuel Reguart; para el letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda; otro de los exgerentes, Vicent Xavier Simón, y para las ocho personas afines a los dos grupos políticos que se consideran que fueron contratadas de forma irregular.
Por el delito de tráfico de influencias reclaman para todos ellos el pago de una multa de 2.244.191,60 euros.
El PP indica en línea con lo que concluyó el juez que, siguiendo un plan preconcebido, el expresidente de la Diputación, una vez nombrado tras las elecciones de mayo de 2015, "organizó una distribución o reparto de áreas de la empresa pública" mediante la asignación de las áreas de gestión "por afinidades políticas vinculadas al PSPV-PSOE y a Compromís". Concretamente, cuatro para los segundos y tres para los primeros.
"Para conseguir este objetivo, los acusados hicieron uso de un modelo organizado, en el cual cada uno de ellos tenía una función determinada y se respetaba la jerarquía de la organización, siendo sin duda el cabecilla el señor Rodríguez, quien daba órdenes precisas a los demás integrantes", señala el escrito del PP. En él añaden que "las ejecutaban cada uno dentro de su función: bien como gerente o como cogerente, como asesor jurídico realizando informes para dar apariencia de legalidad y desarrollando un función aparentemente técnica, o siendo beneficiaros de los falsos puestos de alta dirección".
Los populares indican que se crearon diez plazas de alta dirección donde antes solo había una. "Es decir, los dos gerentes, el director de Servicios Jurídicos y Transparencia y los siete nuevos contratados", enumeran. Estos nombramientos de personal, comentan, "se hacen para que ocupen un cargo ficticio o simulado, sin funciones propias de la alta dirección".
A su juicio, "las contrataciones ilegales se consuman pese a la existencia de nada menos que once informes en contra y, por tanto, con pleno conocimiento de la ilegalidad que se estaba cometiendo y del perjuicio económico que se generaban a las arcas públicas".
Por otra parte, acusan "a los responsables de PSPV-PSOE y Compromís de haber ejercido presiones y amenazas contra aquellos funcionarios públicos que advertían de las patentes ilegalidades que se estaban cometiendo". Concretamente, remarcan, "el señor Cuerda presionó a Pellicer y Castellote, directores jurídico y financiero de la empresa, para que alteraran sus informes negativos y críticos con las contrataciones fraudulentas".
