El registro de 'lobbies' echa a andar: la patronal de residencias, primera inscrita como grupo de presión

VALÈNCIA. Primer día con el registro autonómico de lobbies en marcha y la Conselleria de Transparencia, que dirige Rosa Pérez Garijo, ya ha visto en el sistema las primeras inscripciones de grupos de presión. Y la más rápida ha sido la de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte), la patronal de residencias de la Comunitat Valenciana.

La asociación de empresas dedicadas al servicio asistencial, que dirige José María Toro, rellenó este viernes el formulario para inscribir la entidad en el listado de grupos de interés que ha creado la Generalitat Valenciana para regular la publicidad de los contactos entre los altos cargos y los funcionarios y los agentes externos que buscan influir en las decisiones gubernamentales.

De entre las grandes patronales valencianas, Aerte ha destacado en cierta manera por una activa defensa de los intereses del sector, en no pocas ocasiones con posturas confrontadas de lleno con las de la administración, y en concreto, de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra. Ahora, el nuevo registro de lobbies de la Generalitat obliga a entidades como esta a inscribirse si quieren influir directa o indirectamente en las políticas del Consell.

Así, en ese marco, la asociación empresarial ha registrado su inscripción provisional como lobby, que ya le permite mantener reuniones con altos cargos o funcionarios de la administración valenciana con este tipo de fines -los grupos de interés que no estén registrados no podrán hacerlo-. Será ahora la Secretaría Autonómica de Participación y Transparencia la que valide la inscripción y esta sea definitiva.

La nueva normativa de transparencia obliga a publicar no sólo los "contactos" que mantengan los agentes externos a la administración para influir en los políticos y funcionarios, sino también los temas de los que se traten en dichos contactos y los documentos que se expongan o que surjan a partir de los mismos. Obligación que, ciertamente, recaerá en los responsables públicos.

Pero también se contemplan acciones de presión "indirectas, cuando van dirigidas a la ciudadanía o a una parte de la sociedad para "influir en la opinión pública y con ello condicionar la toma de decisiones" de la administración. Se trata, por ejemplo, de convocatorias de manifestaciones, lecturas públicas o difusión de manifiestos, campañas de comunicación, etcétera. Aquí, como se considera obvio, el registro de la información será obligación del grupo en cuestión.

Como el resto de agentes, Aerte tiene que suministrar toda la información requerida sobre la propia organización y sus representantes: datos básicos y de contacto. Pero también información financiera: presupuesto, ingresos derivados del área sobre la que se quiere influir, y de contratos o ayudas de la administración.

Y junto a ello, tiene que comunicar el tipo de actividades de influencia que desea ejercer: desde "contactos" con la administración hasta "contribuciones en consultas, trámites de audiencia o información pública" pasando por actividades de presión sobre futuras normativas o en "procesos especiales de participación previa". De la selección que se realice dependerán las posibilidades de participar en uno u otro tipo de actividad