El Síndic de Greuges reprende a Illueca por las trabas para acceder a una vivienda pública

VALÈNCIA. El Síndic de Greuges reprende a la Conselleria de Vivienda por las trabas que existen en el proceso para acceder a un inmueble público y que considera que "vulneran los derechos" de los ciudadanos. Un problema sobre el que el organismo ya llamó la atención al departamento que dirige Héctor Illueca, pero que, sin embargo, sigue sin corregirse. "Los demandantes de vivienda pública que han acudido a esta institución han seguido soportando una elevada vulneración de sus derechos más elementales a la hora de que la Administración despache sus peticiones", señala la Sindicatura.

Así consta en su memoria anual del pasado ejercicio de 2021, en la que el Síndic lamenta que la inscripción en el registro de demandas de vivienda es una cuestión que "sigue sin ser entendida por la Conselleria como un acto de petición que le obligue a dar una respuesta". Y, en este sentido, avisa de que son numerosas las quejas que recibe de ciudadanos que protestan porque, pasados unos años desde su petición, "no saben nada sobre su solicitud y se encuentran, además, con la desagradable sorpresa de que han sido eliminados de la lista de demandantes". 

De hecho, en el informe de la Sindicatura de 2020 ya se reflejaron "las irregularidades" que concentraba el procedimiento, pero no se han corregido. En este sentido, el organismo recrimina que, además de que muchas de las solicitudes de acceso a una vivienda pública acaban desapareciendo, falta información directa sobre las ayudas al alquiler. "La Conselleria en vez de facilitar de manera subsidiaria, como dice la ley, una ayuda para el alquiler, pretende que estos demandantes permanezcan atentos a las convocatorias de ayudas que publica el Diario Oficial y formalicen la solicitud de alguna de ellas", reprocha. 

No obstante, su principal crítica reside en la obligación de hacer la tramitación de la inscripción de manera telemática, lo que puede suponer "un obstáculo" para los colectivos más vulnerables que, según recuerda el Síndic, son precisamente los que tienen una mayor necesidad de vivienda pública. "Se hace necesario insistir, nuevamente, en que la denominada brecha digital es particularmente intensa para aquellos sectores de la población que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y, qué duda cabe, también para las personas que se ven abocadas a solicitar la concesión de una vivienda pública", subraya.

Por tanto, se pregunta "si se ha hecho una mínima valoración del perfil social, de los recursos y de las habilidades que disponen las personas que pueden resultar acreedoras del derecho a una vivienda pública". "Esto supone no entender a qué clase de gente, ciudadanos o tipo de sector social se están dirigiendo", remarcó el Síndic de Greuges, Ángel Luna, en atención a los medios de comunicación.

Sin embargo, el informe destaca que "se están haciendo esfuerzos para ampliar el parque público de viviendas, lo que no resulta fácil ni rápido". "Tampoco negamos que se estén ampliando las dotaciones de ayuda al alquiler, pero de lo que se trata es de poner el acento en las carencias que se observan en la gestión administrativa de este problema y en la vulneración del derecho a una buena administración en sus rasgos más elementales", insiste la entidad.

Lo cierto es que la Generalitat aprobó un decreto para la creación de un nuevo registro que unifica oferta y demanda y que precisamente buscaba agilizar el procedimiento de adjudicación de vivienda pública. Una norma que recogía la obligatoriedad de la inscripción de forma telemática para acceder a una vivienda de protección oficial, tanto de promoción pública como privada, y que también incluía la creación de un registro de oferta de inmuebles susceptibles de venta o alquiler.

Parque público, "insuficiente"

Sin embargo, para la Sindicatura esta nueva norma "reproduce prácticamente todos los problemas" que ya existían anteriormente, lo que les llevó a iniciar una queja de oficio contra la citada norma. "Esta institución ha querido actuar de forma inmediata ante el diseño de un procedimiento administrativo que reproduce los errores del pasado y que será fuente de nuevas quejas de la ciudadanía más vulnerable", advierte.

Por otro lado, la memoria apunta al crecimiento del parque público de vivienda que, sin embargo, señala que sigue siendo "insuficientes para atender las necesidades presentes y futuras, en el corto y medio plazo, de las personas que padecen una situación de pobreza en vivienda". Reconoce las políticas puestas en marcha por la Conselleria de Vivienda, pero insiste en recomendar que "se adopten todas las medidas precisas para incrementar, paulatinamente, el número de viviendas del parque público, de acuerdo con lo establecido en la Ley por la Función Social de la Vivienda".