VALÈNCIA. La venta de 110 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la ciudad de València sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, ha sido el Síndic de Greuges quien ha dado la razón a los vecinos que denunciaron el silencio del Ayuntamiento de València con respecto a las condiciones de venta de estas viviendas. Un silencio que, según remarcan, se lleva alargando más de medio año, concretamente desde el pasado mes de junio. Así, el Síndic insta al consistorio a pronunciarse de una vez por todas sobre la materia y le recuerda que tiene la obligación legal de contestar "en el plazo establecido, expresa y motivadamente" a los escritos que le remiten otras partes interesadas.
El conflicto sobre las 110 viviendas se inició en el año 2019, cuando los inquilinos pidieron convertir los contratos de renta en compraventa, una cláusula que se recogía en el documento que firmaron hace más de diez años, y que reconocía esas viviendas dentro de un régimen de alquiler con opción a compra. Sin embargo, las desavenencias no se encontraban tanto en la operación como en el precio que se fijó para proceder a la transacción.
Y es que, la empresa pública Aumsa, dependiente de la concejalía de Urbanismo, tasó los inmuebles en el precio máximo legal que contempla la Generalitat Valenciana en los supuestos de protección pública, 160.000 euros más IVA. Y, además, estipuló que se descontaría de este precio el 55% del dinero abonado en el concepto de alquiler desde el momento en el que la familia entró en el inmueble.
Algo que no gustó en absoluto a los vecinos afectados, quienes consideraron que el precio del metro cuadrado quedaba muy por encima del que se había fijado para en operaciones similares -1.290 euros frente a los 1.450 que supondría la suya-. Además, también exigieron que la deducción por el concepto de alquiler sobre el precio final de la compra fuera del 100%.
Ante esta situación, la empresa Aumsa que preside la edil Sandra Gómez elevó la cuestión al Consell Jurídic Consultiu (CJC), preguntando sobre la posibilidad de subir el porcentaje de compensación por el alquiler. Sin embargo, este órgano se pronunció en contra de que se diera esta posibilidad, al considerar que los inquilinos conocían las condiciones de la promoción de vivienda pública antes de postularse como candidatos a su obtención.
De este modo, argumentaba el órgano consultivo: "No cabe ningún tipo de modificación de las condiciones de venta de unas viviendas que se adjudicaron a través de una convocatoria sujeta a los principios de libre concurrencia, transparencia y objetividad". En este sentido, rechazaba la minoración de las cantidades abonadas durante el arrendamiento porque "las condiciones de adjudicación de las viviendas se habían fijado en la convocatoria oficial a la que concurrieron".
Con todo, resolvía el CJC, que esto supondría un prejuicio para todas aquellas familias que no se presentaron a la convocatoria precisamente porque no podrían hacer frente a los precios que se ofertaron en primer lugar. Además, también añadía que el dinero de la compraventa está destinado a la adquisición de nuevos terrenos o viviendas para VPO, por lo que rebajar el precio implicaría una pérdida de beneficios para Aumsa y, por tanto, tendría impacto negativo sobre la expansión del parque público.
De este modo, la empresa pública continuó adelante con el proceso tal y como estaba previsto, y recordó que las familias que hubieran perdido el interés en la compra siempre podrían seguir en las viviendas como inquilinos.
Sin embargo, los vecinos alegaron que la resolución del CJC no se ajustaba a la realidad porque se basada en "información manifiestamente falsa". "Las conclusiones en las que se basan para dictaminar que no pueden alterarse los precios no pueden aplicarse a nuestra situación, ya que están basadas en informaciones sesgadas y erróneas", resolvieron los abogados que trabajan para la plataforma de familias.
Y es que, defienden los vecinos que las bases de la convocatoria oficial son accesibles ahora, pero no hace diez años cuando se produjo. A este respecto, aluden que los inquilinos tan solo conocieron todas las características de la vivienda después de que tuviera lugar el sorteo notarial, y después de entregar toda la documentación justificativa de que reunían las condiciones económicas para ser beneficiarios de un inmueble de protección oficial.
"De hecho, el precio tanto del alquiler como el artículo referido al precio de venta únicamente se conocieron durante la firma del contrato", agregaban. Así, creen que las justificaciones del órgano consultivo no se ajustan a la realidad y por tanto demandaron a los consejeros de Aumsa que no aprobasen el precio final de venta "vista la mala fe con la que ha actuado tanto la concejalía como Aumsa". Además, también exigieron que se solicitara un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, con el fin de dirimir si las conclusiones del dictamen del CJC se pueden aplicar a la transacción.
Este escrito fue presentado en junio de 2021 ante el consistorio, pero todavía no ha obtenido ningún tipo de respuesta. Así, ahora es el Síndic de Greuges quien considera que el Ayuntamiento tiene que hacerse responsable de atender las peticiones de las personas interesadas. "Recomendamos al Ayuntamiento de València que, si no lo hubiera hecho ya, proceda a dar una respuesta motivada y expresa a la interesada, abordando y resolviendo todas y cada de las cuestiones planteadas en su escrito de 22/06/2021 y notificándole dicha contestación".
Además, emplaza al consistorio a elaborar un informe sobre la aceptación o no de las recomendaciones del Síndic de Greuges en el plazo de un mes: en caso de que las acepte, deberá aportar pruebas de que finalmente se ha atendido la petición de los inquilinos. Y, si no lo hace, deberá explicar las motivaciones y el por qué.
