Carlos Turró. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La lista de casi 60 personas a las que el titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha extendido la investigación de la llamada Operación Lezo incluye, además de al exministro y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, a al menos cuatro valencianos más.
Se trata del presidente de la empresa valenciana Cleop, Carlos Turró; el directivo de esta constructora Carlos Bello Vicente; el empresario alicantino S. V. B., y el abogado valenciano José Manuel Serra Peris, exconsejero de Bankia y ex secretario de Estado de Industria y Energía en el primer Gobierno de José María Aznar.
Ninguno de ellos ha sido formalmente imputado, ya que lo que se han ordenado son diligencias de investigación para averiguar el grado de implicación de todos ellos en los hechos.
Carlos Turró fue detenido en enero de 2016 durante la Operación Taula y está imputado en esa causa por presunta financiación ilegal del PP de València. Concretamente, se investiga si Cleop pagó mordidas a cambio de la adjudicación de obras por parte del Ayuntamiento de València.
Carlos Bello Vicente aparece en el Registro Mercantil como administrador o consejero de varias constructoras hasta hace siete años. El juez Velasco lo identifica como directivo de Cleop y, por lo que se cuenta en el auto, sería el directivo desplazado a Panamá para una obra que la empresa se adjudicó allí.
En la Operación Lezo, el juez Velasco sospecha que un consorcio formado por Inassa (filial de Canal de Isabel II) y Cleop pagó una comisión en las Islas Vírgenes para obtener una obra en Panamá, una depuradora, y que Turró estaría informado de ello a través de Carlos Bello.
Según afirma el juez en su auto, se ha puesto de manifiesto que en 2012 el consorcio Inassa-Cleop "fue irregularmente adjudicatario, por un importe de cuatro millones de dólares, de un contrato de obra pública en Panamá denominado Obra para el Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario de La Pintada, en la provincia de Cocle".
Añade Velasco que los indicios hacen pensar que se "manipuló el proceso de licitación" para que la contrata recayera en Inassa-Cleop y en la sociedad MG Infraestructuras, que habría pagado una comisión de 273.672 dólares, velando su verdadera naturaleza ilícita mediante un contrato de prestación de servicios inexistentes suscrito con una firma, Eduholding Corps, radicada en las islas Vírgenes Británicas".
S. V. B. es un empresario de la construcción de la Marina Baixa con intereses en España y Panamá, miembro de consejos de administración de numerosas sociedades en ambos países. Según el juez Velasco, el pago de comisiones a cambio de adjudicación de obras ha sido frecuente en contratos públicos de Panamá, en muchas ocasiones "con la intermediación" suya.
Uno de sus proyectos más conocidos por la polémica que generó es el de una urbanización de lujo de más de 2.000 viviendas, un campo de golf, un hotel y un museo al pie de la Sierra de Bernia, en la localidad de Callosa d’en Sarrià. Tras la oposición de los ecologistas y después de ser paralizado dos veces por los tribunales, el proyecto se reformuló a la baja con menos de 1.000 viviendas y más zona verde.
Serra Peris, que está imputado en el caso Bankia junto al resto de exconsejeros, fue incluido en el consejo de administración del banco tras la fusión de Caja Madrid y Bancaja. Entró a propuesta de José Luis Olivas, dentro de la cuota valenciana en el órgano de administración de la entidad presidida por Rodrigo Rato, con el que Serra Peris había coincidido en el primer Ejecutivo de Aznar. Incluso se postuló para ser vicepresidente de Bankia tras la dimisión de Olivas, pero finalmente el elegido fue el empresario Francisco Pons.
Tras su paso por la secretaría de Estado, Serra Peris tuvo la 'fortuna' de entrar en consejos de administración de antiguas empresas públicas en cuya privatización él mismo había participado como consejero de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Es el caso de Iberia, Endesa o Ence. También entró en los consejos de la pública Red Eléctrica Española y de las privadas Auna Telecomunicaciones y Martinsa-Fadesa.
A este currículum hay que añadir el cargo por el que ahora es investigado por el juez Velasco, la vicepresidencia del Canal de Isabel II.
La lista de investigados asciende a casi 60 personas, aunque desde la Audiencia Nacional han matizado que solo algunos están imputados, entre ellos el expresidente madrileño Ignacio González, ya en prisión, mientras que sobre la mayoría lo que hay son diligencias de investigación para averiguar su participación en los hechos delictivos.
En esas órdenes de embargo, firmadas por el juez Velasco el 18 de abril, se explica que se siguen diligencias por presunta comisión de delitos contra Ignacio González, Pablo Manuel González, José Antonio Clemente, José Juan Caballero, Edmundo Rodríguez Sobreino, María Fernanda Richmond, Adrián Martín López de las Huertas, Diego Fernando García, Sebastián Chistovan, Ignasi Maestre Cánovas, Clarisa Guerra Soto, José Martínez Nicolás, Francisco Javier López Madrid, Fernando José de Cevallos Aguarón, Oriol Serra Ibars, Luis Vicente Moro Díaz, Avelino Alfredo Martínez Herrero, Angel Barona Grande, Patricia Ana Rodríguez Revuelta, Santiago Barreno Sevillano, José Javier Soler Gallego, Francisco Javier Domínguez Anaya, Carlos Isidro Bello Vicente, Carlos Turró Homedes, S. V. B., Oscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz Echeverría, José Miguel Alonso Gómez, Angeles Monje Gutiérrez, Ana María Paloma Ferreiro Ribir, J. A. M, María del Pilar Olivo Valverde, Dimitris Tsalidis, Fernando Sánchez Sánchez e Ibo Kratsmer.
También figuran Pablo González Liberal (padre de Ignacio González), Alberto Pérez de la Sal, Eduardo Zaplana, Carmen Pilar Pazos Bajarano, Pino Escudero del Castillo, María Teresa de Mingo Azárate, Rocío Bonet Cabero, Leticia Bonet Cabero, Guizo Vicenzini, Manuel Martínez Téllez, Joaquín Molpeceres Sánchez, María Lourdes Cabero, Miguel Sáiz de la Olla, Ildefonso de Miguel, José Manuel Serra Peris, Jaime Antoñanzas de Toledo, Fernando Manuel Serrano Fuentes, Pedro Antonio Martín Martín, Alberto López Viejo, Juan Miguel Villar Mir, Adrián de la Joya Ruiz de Velasco y Jesús Trabada Guijarro.
