Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EP). La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha defendido este jueves ante el juez que el despido de la exdirectora de Administración de la empresa tras destaparse la estafa de cuatro millones de euros es ajustado a derecho al entender que hubo negligencia y que se transgredió la buena fe contractual. Por su parte, la extrabajadora ha insistido en un despido improcedente y ha reiterado que fue víctima de un engaño.
Hoy se ha celebrado en el Juzgado de lo Social número 1 de València la vista tras la demanda interpuesta por parte de la exdireciva de la EMT contra la empresa por despido improcedente y el caso ha quedado visto para sentencia.
Inicialmente el juicio se iba a celebrar el pasado mes de septiembre, pero finalmente se aplazó mientras las partes intentaban llegar a un acuerdo. Esto no ha sido posible y se ha llegado a celebrar la vista.
Durante la comparecencia, la EMT ha mantenido su postura y ha explicado que la exdirectiva envió documentación a un tercero con firmas de compañeros, mientras que su deber era mantener la confidencialidad y custodiar los papeles de la empresa.
Así, desde la empresa de transportes pública entienden que ha habido negligencia y, además, que se ha omitido información a la EMT al no comunicar el envío de esta documentación ni imprimir el correo en que se facilitaba estas firmas pese a que la empresa le requirió todos los intercambiados.
Frente a esta postura, la exdirectiva mantiene que el despido ha sido improcedente y ha negado negligencia. Ha asumido el envío de las firmas pero lo ha justificado en que ella estaba engañada en todo momento.
En su demanda, el letrado de la despedida reclama la readmisión de la misma en la empresa y el pago de una indemnización o de los salarios que ha dejado de cobrar desde que fue despedida.
Paralelamente a esta demanda, existe abierto un procedimiento penal por la estafa en la EMT en el que figura como única investigada la demandante. En su declaración en esta causa ya aseguró que ella era una "estafada más".
En su comparecencia se desvinculó por completo del fraude y describió los pasos que dio en el proceso en el que se efectuaron hasta ocho transferencias a los presuntos estafadores.
Aseguró en ese momento no poder recordar con qué motivo el presunto estafador --un supuesto abogado de una consultora que se le había identificado como Javier Parada-- le había pedido documentos con las firmas mancomunadas de la empresa --del gerente y de la jefa de Gestión de la empresa en la cuenta bancaria, que fueron falsificadas posteriormente para realizar la orden de pago a la entidad Caixabank y poder materializar la estafa de cuatro millones de euros a través de ocho transferencias--.
Sin embargo, consideraba que el primer envío de documentos pudo haberlo remitido porque esa persona le pidió "datos fiscales" de la EMT. La exempleada admitió que en un momento determinado sospechó y se lo trasladadó al supuesto abogado, quien le ofreció contactar con el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, aunque ella prefirió no molestar.
