MADRID (EP). La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima que la tasa de paro efectiva en abril alcanzo el 36,4%, con 8,4 millones de parados, sumando el paro registrado, los afectados por ERTE y por ceses involuntarios de actividad ligados al covid, por lo que ve especialmente "desaconsejable" en este momento derogar la reforma laboral de 2012 al ser "esencial" la flexibilidad para mantener el empleo.
Esta previsión se traducirá en un "fuerte deterioro" de las cuentas públicas, estimando un incremento del gasto público de en torno a 50.000 millones de euros, con una caída de ingresos de una cuantía similar, lo que arrojará un déficit presupuestario de más de 130.000 millones, casi el 12% del PIB, a los que se suman los vencimientos de deuda por otros 170.000 millones, elevando las necesidades de captación de recursos a unos 300.000 millones.
Así se desprende del segundo boletín de seguimiento de los aspectos económicos de la crisis del Covid elaborado y publicado por Fedea, que apunta que el impacto de la crisis comienza a apreciarse en algunos indicadores de gasto público y con mayor claridad en el incremento de la emisión de deuda pública y en los ocasionales repuntes de la prima de riesgo.
Fedea señala que los efectos son ya "evidentes", en algunos casos de forma "muy llamativa", en los datos de empleo y de prestaciones por desempleo y cese de actividad de abril, y refleja su "gravedad" en el dato de paro efectivo, definido como la suma del paro registrado más los afectados por ERTEs y los beneficiarios de la prestación por cese de actividad, lo que supone la suma total de los activos que no están trabajando, estén o no dados de alta en la Seguridad Social.
En dos meses, a este colectivo se han incorporado algo más de 5 millones de personas elevando su número hasta un récord histórico de 8,4 millones de personas, lo que representa una tasa de paro efectiva de entorno al 36,4% en abril, ante una población activa de 23 millones de parados según la última EPA.
Esto se traducirá "inevitablemente" en un "dramático deterioro de las cuentas públicas", alerta Fedea, que advierte de que, ajustando en alguna medida las previsiones recogidas en el Programa de Estabilidad, prevé que el gasto del conjunto de las administraciones públicas españolas aumentará en 2020 en casi 50.000 millones de euros en relación a 2019, mientras que los ingresos tributarios se reducirán en una cuantía similar, dejando un déficit presupuestario de más de 130.000 millones (casi el 12% del PIB).
A esto, añade, hay que sumar vencimientos de deuda por un importe de casi 170.000 millones para llegar a unas necesidades totales de captación de recursos de unos 300.000 millones, el 27% del PIB, lo que "supondría un reto casi imposible sin la ayuda de las instituciones europeas".
Los autores del documento consideran que el acuerdo alcanzado con los agentes sociales para desvincular los ERTE por fuerza mayor del estado de alarma es "un paso en la dirección correcta" pero "insuficiente" para despejar la incertidumbre existente sobre el proceso de retirada de estas ayudas.
A su juicio, habría sido preferible fijar criterios explícitos para la extensión de la fuerza mayor en los sectores que lo pudieran necesitar y un mecanismo de retirada gradual de las ayudas que, al menos en determinados sectores, debería incluir la conversión automática de los ERTEs por fuerza mayor en otros por motivos económicos, así como contemplar la posibilidad de retrocesos temporales del proceso de desescalada.
También sostienen que debería eliminarse la obligación de mantener el empleo por seis meses porque puede poner "en peligro" la viabilidad de muchas empresas. "La excepción que se ha añadido en el último decreto, por riesgo de entrar en concurso, supone una exigencia excesiva y de difícil comprobación, que también agrava la inseguridad jurídica a la que se enfrentan las empresas tras la finalización del estado de alarma", avisan.
Además, opinan que a agravar esa inseguridad ha contribuido también el reciente anuncio, desmentido por el PSOE, de un acuerdo entre los socialistas con Podemos y Bildu para la derogación "íntegra" de la reforma laboral de 2012.
"Aunque hay aspectos de esta reforma que seguramente convendría revisar, su derogación total supondría desandar buena parte del camino andado en los últimos años para reducir la excesiva rigidez de nuestro mercado de trabajo", apunta Fedea.
"Esta medida sería desaconsejable en cualquier caso y lo es mucho más aún en las circunstancias actuales, en las que la flexibilidad es esencial para la preservación del tejido empresarial y el mantenimiento del empleo a medio y largo plazo", ha añadido.
El informe también es crítico con el diseño del nuevo Fondo que canalizará 16.000 millones de ayudas a las autonomías por razones tanto de equidad como de eficiencia. Dada la naturaleza del shock considera que hay buenas razones para que el Gobierno central mutualice una parte importante de sus costes, pero cree que ha de hacerse de una forma que no elimine los incentivos de la autonomías para comenzar a adaptarse a la nueva situación lo antes posible.
Sin embargo, critica que "como ya sucedió en la crisis anterior, el Gobierno central ha optado por sobreproteger a las CCAA, absorbiendo enteramente los efectos inmediatos del shock de una forma que permitirá a estas administraciones posponer la necesaria reacción más de lo que sería prudente".
A este "problema de eficiencia" opina que se suma otro de equidad, ya que el reparto del tercer tramo del fondo (que compensaría las pérdidas de recaudación propia) busca preservar la distribución actual de la financiación autonómica, que "no es precisamente equitativa".
Dado que la desigualdad en el acceso a los servicios públicos es "especialmente objetable" en una situación de emergencia como la actual, cree que sería importante utilizar el nuevo fondo para corregir en alguna medida la inequidad del reparto existente.
Por ello, propone que una parte significativa del fondo tome la forma de créditos en vez de ayudas no reembolsables y que el tercer tramo del mismo se reparta con el fin de mejorar la financiación por habitante ajustado de aquellas comunidades que están actualmente por debajo de la media nacional, tras corregir las últimas cifras disponibles de financiación por los previsibles cambios en la recaudación homogeneizada de los llamados tributos cedidos tradicionales.