VALÈNCIA. El fondo al que Banco Santander ha vendido los más de 63 millones de deuda impagada de la Marina de València es todo un especialista en comprar activos a precio de derribo para tratar de obtener posteriormente suculentas plusvalías. El ejemplo más claro de este tipo de operaciones que la firma ha llevado a cabo hasta ahora en España es la adquisición de los créditos de las autopistas de peaje quebradas con varios bancos, entre ellos el que preside Ana Patricia Botín, con descuentos de hasta el 90%.
Tal y como publicó Valencia Plaza, el fondo TCA (Taconic Capital Advisors) ya ha contactado con los miembros del Consorcio Valencia 2007 para presentarse como nuevo acreedor, reclamar el pago de la deuda y advertirles de las posibles responsabilidades patrimoniales en las que pueden incurrir.
El origen de la deuda que el Santander ha cedido a este fondo norteamericano es el swap –derivado financiero– que el Consorcio València 2007 se vio obligado a contratar para cubrir el riesgo del tipo de interés del crédito de 319 millones de euros que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) dio para las obras de la Copa América de vela. Desde marzo del año pasado, el banco reclamaba al Consorcio 54 millones más los intereses bajo la amenaza de iniciar acciones legales a través de los tribunales británicos.
A esos 54 millones se suman otros 9 millones de euros más los intereses de la póliza de crédito que el Santander habilitó para que el Consorcio pudiera hacer frente al swap, pero el ente no ha podido atender ninguna de las dos deudas.
Ante la perspectiva de tener que embarcarse en un litigio con una entidad participada en un 80% por el Estado y la Generalitat, Banco Santander ha optado por deshacerse de la deuda y liberar la provisión asociada. Fuentes del mercado apuntan que el descuento que puede haber obtenido Taconic será similar al que negoció cuando se hizo con la deuda de las autopistas quebradas, cerca del 90%, porque se trata de una deuda prácticamente incobrable.
En este sentido, cabe recordar que, así como el crédito del ICO estaba avalado por el Estado, ni la deuda del derivado financiero ni la póliza de crédito cuenta con esa garantía.
Taconic tiene más de dos décadas de experiencia como especialista en lanzar y gestionar hedge funds, fondos de carácter oportunista dedicados a hacerse con deudas o activos fallidos con grandes descuentos para asumir directamente la negociación con los deudores en busca de rápidas y cuantiosas plusvalías.
Su entrada en España se produjo en el peor momento de la crisis para explotar las posibilidades de negocio que le brindaba el escenario posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria. Y para ello buscó desde el principio tejer una buena red de contactos que le asegurase influencia a nivel empresarial e institucional.
Uno de sus fichajes fue el de Jaime Lamo de Espinosa, que desde 2012 es director de Inversiones de la firma. Ese mismo año incorporó también como asesor en España al economista Guillermo de la Dehesa, vicepresidente de Banco Santander.
Entre otros cargos como el de vicepresidente no ejecutivo de Amadeus IT Holdings, De la Dehesa también asesora a Goldman Sachs y desde 2013 a Centene Corporation, el grupo sanitario estadounidense que al año siguiente entro en la sanidad privada en España con la compra a Bankia del 50% de Ribera Salud.
La nómina de colaboradores de Taconic Capital en España no se agota en De la Dehesa. Según publicó meses atrás El Confidencial, el fondo oportunista cuenta también como asesor con un banquero ex de BNP Paribas y actual miembro del consejo de Morabanc que durante cinco años, entre 2012 y 2017, fue director general del ICO, la entidad pública que concedió el crédito para las obras de la Marina.
Entre las operaciones más relevantes que ha realizado hasta ahora en España está la mencionada compra a las entidades financieras de los créditos que en su día concedieron para la construcción de las nueve autopistas en quiebra, como las cuatro radiales de Madrid. En conjunto se quedaron un volumen de deuda financiera de alrededor de 3.700 millones, créditos de los que entidades como el Santander, Caixabank, ING, o Banco Sabadell se han ido desprendiendo con descuentos de hasta el 90%.
El interés de Taconic por hacerse con ese activo, al que acompañan otros fondos como Attestor, King Street Capital o SPV Global radica en la activación de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), la cláusula por la cual el Estado se obligaba a quedarse la infraestructura en caso de que a las constructoras les saliera mal el negocio. Los fondos, que afrontan unidos la negociación con el Gobierno central, reclaman 4.500 millones al Estado, pero el Ejecutivo no está dispuesto a pagar más de 2.000.
La situación creada con la cesión de la deuda de La Marina a Taconic ha sido acogida por los representantes de la Generalitat y el Ayuntamiento en el Consorcio con una mezcla entre la preocupación y la indignación. El director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, alertó tras conocerse la noticia de que Taconic "no va a tener ningún problema en reclamar la deuda a la Generalitat y al Reino de España en un tribunal en Londres".
Illueca, que representa a la Conselleria de Hacienda en la comisión técnica encargada de encontrar una solución a la deuda de 426 millones que arrastra el Consorcio València, destacó que el Santander, igual que la Generalitat o el Ayuntamiento, ha estado reclamando sin éxito una solución a quien le correspondía aportarla: el Gobierno central.
Por su lado, el alcalde de València y presidente del consejo rector del Consorcio, Joan Ribó, fue más crítico con el Santander al considerar que su actuación se aproximaba a la "deslealtad" hacia las instituciones.
Ante la situación creada con la entrada en escena del nuevo acreedor, la Generalitat y el Ayuntamiento urgen al Gobierno a acordar en el seno del consejo rector del Consorcio una "solución global" para la deuda de 426 millones de euros de La Marina, la mayoría de la cual es con el ICO. El objetivo es que el Estado perdone parte de esa deuda como anteriormente hizo con los créditos del ICO para organizar los Juegos Olímpicos de Barcelona o las Expo de Sevilla y la de Zaragoza.
El comité técnico constituido para estudiar alternativas a la viabilidad del Consorcio definió recientemente que el porcentaje de deuda "asumible" con los recursos que puede generar ronda el 15% del total, entre 40 y 60 millones.