El cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, en los juzgados. Foto: EFEVALÈNCIA. El contrato de saneamiento de aguas en València por 15 años y 129 millones de euros adjudicado a Acciona en 2006 es una de las múltiples derivadas que se investigan en el caso Azud, que indaga en una presunta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones en varias administraciones de la Comunitat Valenciana.
De acuerdo con el sumario que se levantó hace algunos meses, el abogado José María Corbín, cuñado de la fallecida Rita Barberá, pudo utilizar sus influencias para que el grupo se llevara el mencionado contrato a cambio de comisiones ilícitas.
Algunos de los funcionarios que podrían haber participado en estos hechos comparecieron este jueves ante el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado de la causa. La mayoría se acogieron a su derecho a no declarar, aunque uno de ellos sí respondió a las preguntas.
El funcionario que se encargó del pliego de condiciones afirmó, según fuentes judiciales, que lo confeccionó siguiendo las instrucciones del Ciclo Integral del Agua. Tanto el jefe de esta delegación como el de saneamiento se encuentran imputados en esta causa.
Acciona era la adjudicataria de la contrata del alcantarillado desde 1995 y finalizaba su contrato en diciembre de 2006, por lo que los investigadores creen que resultaba de máximo interés para la empresa acceder a ese nuevo contrato. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostenía que Corbín se encargó de contactar con los funcionarios del Ayuntamiento para asegurarse de que el contrato que se iba a licitar fuera lo suficientemente impreciso y de que la valoración técnica, que era la de mayor puntuación, se otorgase a la UTE formada por Acciona.
Los investigadores consideraban que las valoraciones técnicas de las diferentes ofertas presentadas no estuvieron "mínimamente razonadas" y que "se condujeron con una total falta de objetividad buscada" con el único fin de que Acciona se adjudicase la contrata. Además, el pliego de dicho contrato "contenía las suficientes indefiniciones" como para que la adjudicataria obtuviese más beneficios de los esperados y "cobrase cuantías superiores a las establecidas", apuntaba la UCO. Según se detallaba en el sumario, en esta operación, el abogado Diego Elum cobró 2,2 millones de euros, de los cuales transfirió el 66 % a Corbín.
