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El consell compensa la falta de financiación con más déficit y los recursos extra por la covid

El gasto por habitante de la Generalitat crece ya por encima de la media de las comunidades autónomas

Foto: EDUARDO MANZANA
31/05/2022 - 

VALÈNCIA. La infrafinanciación crónica que padece la Comunitat Valenciana desde hace dos décadas no ha impedido que el gasto real por habitante de la Generalitat crezca ya por encima de la media de las comunidades autónomas. La contrapartida es que, para ponerse al nivel del resto de regiones en prestación de servicios, la Comunitat Valenciana ha tenido que recurrir año tras año al déficit porque el sistema de financiación no le garantiza suficientes recursos para financiar los servicios esenciales. Ni siquiera los recursos extra que el Estado ha dado a las CCAA para luchar contra la covid en 2020 y 2021 han evitado que la bola de la deuda continúe engordando.

De hecho, junto a la Región de Murcia, la Comunitat es la única comunidad con un "déficit significativo" en los dos últimos ejercicios, mientras que el conjunto de las CCAA ha superado con "gran holgura" el objetivo presupuestario hasta el punto de rozar el equilibrio por primera vez desde el comienzo de la serie (1995) gracias al "fuerte incremento" de las entregas a cuenta del sistema de financiación y otras transferencias del Gobierno central.

Así lo pone de manifiesto la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su informe anual sobre la evolución de las cuentas autonómicas, en el que se argumenta que el mínimo déficit del conjunto de las CCAA en 2021 (0,03% del PIB) es engañoso y se debe fundamentalmente a un aumento de las transferencias extraordinarias del Estado "muy superior a lo que habría sido necesario para cubrir los gastos generados por la pandemia".

Sin embargo, la Comunitat Valenciana es una excepción en el conjunto de CCAA por dos circunstancias fundamentales: la insuficiencia de recursos ordinarios mediante el sistema de financiación y el ritmo de aumento del gasto de los últimos ejercicios para tratar de igualarse a la media pese a no tener garantizados suficientes recursos del Estado para ello.

El informe toma como base el año 2003 al ser éste es el primer año en el que todas las comunidades autónomas fueron responsables de la gestión de la sanidad durante el ejercicio completo. Comparado con ese año, el gasto corriente neto por habitante de la Generalitat en 2021 fue un 46% superior frente al 44% de media del conjunto de comunidades, incluidas las forales de Navarra y País Vasco. En 2013, a la salida de la anterior crisis, el gasto medio por habitante en la Comunitat Valenciana era un 10% superior al de 2003 frente al 16% de la media.

En ello ha tenido mucho que ver el afán del Govern del Botànic por aumentar el gasto real para tratar de converger con la media a pesar de tener una situación de partida peor, tanto en PIB como en recursos del sistema de financiación. El propio Consell presume de haberlo incrementado por encima del 30% desde 2016. Incluso este año, el Consell del Botànic no ha renunciado a aumentar otro 8,8% el gasto real a pesar de no tener ya los fondos extraordinarios del Estado para luchar contra la pandemia que en su caso supusieron la llegada de casi 3.000 millones entre 2020 y 2021.

Evolución del gasto autonómico por habitante a precios constantes, tomando como base el ejercicio 2003

Sin embargo, el gasto total de la Generalitat por habitante porque las inversiones –otro de sus componentes fundamentales junto al gasto corriente mencionado antes– se alejan mucho del promedio. En concreto, la inversión real por habitante en la Comunitat Valenciana en 2021 representó dos terceras partes de lo invertido en 2003.

Mientras continúa reclamando la reforma del sistema de financiación o la creación de un fondo transitorio de nivelación para compensar a las regiones peor tratadas por el modelo actual, la única forma que tiene la Generalitat de mantener el actual ritmo de aumento del gasto es financiarse mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Eso ha provocado que la deuda pública valenciana a cierre de 2021 fuera ya de 53.820 millones, el equivalente 47,8% del PIB autonómico o, lo que es lo mismo, más de dos años completos de su presupuesto total. En su último informe, Fedea resalta que todas las autonomías han aumentado su deuda muy sustancialmente durante la anterior crisis, aunque hay diferencias muy importantes entre ellas.

La valenciana es la más endeudada de todas, ya que acerca a un "preocupante 50% del PIB" tras haberla multiplicado prácticamente por cinco desde 2003.

 

De esos 53.820 millones de euros, el 78% es deuda contraída con el Estado por el FLA. De ahí que el Consell venga reclamando con insistencia la condonación de la parte de esa deuda vinculada a la infrafinanciación: 42.000 millones.

Un resultado engañoso

El informe, elaborado por su director, Ángel de la Fuente, destaca que el mínimo déficit con el que las CCAA han cerrado 2021 resulta "sorprendente" dada la situación económica general del país en un ejercicio todavía marcado por la crisis del Covid y, a primera vista, sugeriría que las autonomías gozan de una excelente salud financiera. Sin embargo concluye que, sin apoyos extraordinarios, las comunidades autónomas estarían lejos del equilibrio presupuestario.

Además, el trabajo repasa la evolución de las finanzas autonómicas desde 2003 y señala como principales motivos de preocupación son el elevado stock de deuda que han acumulado la mayor parte de las autonomías y el hecho de que la mejora del saldo presupuestario autonómico registrada en los últimos ejercicios se apoye en parte en "factores anómalos y difícilmente sostenibles", incluyendo una inversión atípicamente baja y fuertes subvenciones a los intereses a través del FLA y otros mecanismos estatales de liquidez.

En 2020 y 2021 la llegada de la pandemia se ha traducido en un fuerte aumento del gasto, que ha sido financiado mediante inyecciones adicionales de recursos estatales y, en alguna medida, europeos. De la Fuente señala que los ingresos adicionales han excedido las nuevas necesidades de gasto porque, como en la crisis de 2008, el Gobierno ha optado por "proteger al máximo" a las comunidades autónomas frente los efectos inmediatos de la crisis, "lo que no es necesariamente buena idea si retrasa en exceso la reacción de éstas".

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