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La Generalitat deberá pagar hasta 17 millones a los interinos por los recortes del Decreto Vela del PP

1/03/2020 - 

VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana deberá enfrentarse en los próximos meses al pago de indemnizaciones al personal funcionario interino que se vio afectado por la reducción de jornada impuesta por el gobierno Popular de Alberto Fabra. Una compensación que la Conselleria de Hacienda calcula ahora que costará entre 13 y 17 millones de euros para las arcas públicas y que eleva, por tanto, la estimación de 16 millones realizada por la Sindicatura de Comptes en su último informe. 

El conocido como decreto Vela -en referencia al exconseller de Hacienda, José Manuel Vela- aprobado en 2012 por el Consell de Fabra y pensado para reducir de forma drástica el déficit público afectó a 1.228 trabajadores interinos de la administración valenciana -según los últimos datos ofrecidos por la Consellería de Justicia y Función Pública a este diario-, que fueron obligados a reducir en 25 horas semanales su jornada laboral. Con ello, sus salarios se vieron mermados de manera considerable. 

Dos años después, en 2014, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declaró nula esta resolución por considerarla "discriminatoria". Un fallo motivado por el recurso interpuesto por 49 de los afectados, que se movilizaron para recuperar las retribuciones perdidas por la reducción de jornada. La sentencia, basada en la Directiva Europea 1999/70, supuso un cambio de criterio que hasta el momento habían sostenido los juzgados, pues estos habían dictado hasta el momento sentencias desfavorables a las personas recurrentes.

La consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo. Foto: EVA MAÑEZ

A partir de esta, 627 interinos afectados (el 51% del total) instaron a la Conselleria de Función Pública a revisar "de oficio" sus casos y solicitaron la declaración de nulidad de pleno derecho del decreto de 2012. Sin embargo, muchas fueron desestimadas por la administración, posición que respaldó el Consell Jurídic Consultiu (CJC), y sólo 241 decidieron continuar con el proceso a través de los juzgados por vía contencioso-administrativa. 

Ahora, los tribunales han fallado a favor de 103 de esas personas, lo que sumados a los 49 casos iniciales sitúa en 152 las sentencias favorables. Una situación que puede derivar en que el número se incremente progresivamente de las que todavía deben resolverse en los juzgados, pero con la que también puede aumentar la cantidad de funcionarios interinos que interpongan un recurso contencioso-administrativo. No en vano, la cascada de sentencias favorables para los empleados públicos que se vieron afectados por el decreto del PP, podría ocasionar un "efecto llamada" para todos aquellos que en su día no recurrieron a la vía judicial. 

Ahora, la Generalitat presidida por Ximo Puig debe afrontar el pago de los salarios que en su día dejó de percibir este colectivo, pero también de los intereses de demora de las cantidades que deban abonarse y el pago de costas. En este punto, conviene subrayar que cada caso es particular y las cantidades a abonar por parte del Gobierno valenciano dependen de la antigüedad de cada funcionario interino y del puesto desempeñado. 

El conseller de Hacienda, Vicent Soler. Foto: KIKE TABERNER

Sindicatura de Comptes

El último informe de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat elaborado por la Sindicatura de Cuentas relativo al ejercicio de 2018 recoge que las sentencias dictadas en los primeros meses de 2019 se estimaban "en 1,9 millones de euros y se refieren aproximadamente con el 12% del personal afectado". El órgano recriminaba que ante las potenciales reclamaciones de todos los damnificados, el Ejecutivo valenciano debía haber realizado una provisión en las cuentas, dado que estimaba que la cuantía a la que debería hacer frente podía llegar a los 16,2 millones de euros.

Ahora, la Conselleria de Hacienda eleva hasta los 17 millones la horquilla de millones que podría estar obligado a desembolsar para reparar esta resolución del PP que los tribunales consideraron "discriminatoria". 

En su día, conviene apuntar, que la administración hizo un cálculo estimado de 2.500 afectados. No obstante, en la última actualización de datos, fuentes oficiales de la Conselleria de Administración Pública que dirige Gabriela Bravo trasladan a este diario que se sitúan en 1.228 personas. 

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