MADRID (EP). La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha restado trascendencia a la opinión del Banco Central Europeo (BCE) sobre el impuesto español a la banca y ha adelantado que desde el Gobierno no se contemplan cambios sobre la tramitación de la proposición de ley que este jueves se ha debatido en el Congreso.
En los pasillos del Cámara Baja, Montero ha comentado que el informe del BCE "es muy claro" en el sentido de que no plantea la paralización del gravamen a las entidades financieras.
La autoridad monetaria europea ha comentado en su dictamen que el impuesto podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general si las entidades afectadas registran unos beneficios bajos o pérdidas en el momento en que se recaude de forma efectiva el gravamen. Además, dice que el impuesto español a la banca puede lastrar el crédito y aboga por que se pueda repercutir a los clientes.
A este respecto, la ministra ha recordado que antes de poner en marcha este proyecto de ley, el Ejecutivo ha evaluado el margen de los bancos para poder abordar esta "prestación patrimonial". También ha recordado que tiene un carácter temporal de dos años y que, a su vez, plantea que no se puedan repercutir en el cliente financiero los costes derivados de este gravamen al margen de intereses y a las comisiones de los bancos.
"El BCE plantea las consideraciones generales a las que estamos acostumbrados", ha comentado Montero en los pasillos de la Cámara Baja, apostillando además que dentro del informe no hay ningún tema que aconseje un cambio en el impuesto, sino que se trata simplemente de una figura "que hay que evaluar".
El Ejecutivo asegura que analizará detenidamente el dictamen, pero ha recordado que el informe que no tiene carácter vinculante. Fuentes gubernamentales han aclarado tras conocerse el informe del BCE, que el organismo europeo no emite una opinión en contra del gravamen, sino que hace recomendaciones y se pronuncia sobre aspectos técnicos de la norma que considera necesario aclarar.
Se trata, según el Ejecutivo, de consideraciones relevantes para cualquier impuesto de este tipo que se pueda desarrollar en otro país, remarcando que todas las consideraciones expuestas por el BCE fueron tenidas en cuenta por el Gobierno español antes de hacer la propuesta.
En relación con la situación de las entidades financieras, el Ejecutivo destaca que los resultados que se están conociendo estos días apuntan a un fuerte incremento de los beneficios en los nueve primeros meses del año como consecuencia, entre otros aspectos, de la subida de tipos de interés y de que la remuneración de los depósitos todavía se mantiene contenida.
Así, el Gobierno concluye que el sector bancario se encuentra en una posición muy sólida en términos de solvencia y no prevé que el nuevo impuesto tenga un impacto significativo tanto por su naturaleza temporal como por la calibración y diseño del mismo.
Finalmente, en relación con la competencia, el Gobierno entiende que el horizonte temporal del tributo minimiza cualquier efecto distorsionador.