Hacienda oficializa las cuentas del Provincial de Castellón un día antes de votarse en su consejo

CASTELLÓ. El Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón se reunirá este viernes en la capital de la Plana en el que será el estreno de la nueva consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, como presidenta de esta entidad y en cuya reunión también estará presente el presidente de la Diputación Provincial, Javier Moliner. En el orden del día, en el que habrá un total de nueve puntos, estará la aprobación, si procede, de las cuentas anuales del centro hospitalario, balance que ya en la víspera había sido publicado en las cuentas generales de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

En este balance, que hoy se pondrá encima de la mesa del consejo para su votación, se detalla el estado de las cuentas del centro hospitalario a lo largo del pasado año. En este documento se constata una reducción de la plantilla en 31 trabajadores con respecto al ejercicio anterior, especialmente en lo que concierne a laborales fijos, tal como venían denunciando los sindicatos, aunque también se señala un incremento del número de funcionarios, como defendía la Conselleria, que apelaba a la consolidación de la plantilla y la mejora de las condiciones laborales. Pese a esta reducción de personal, el coste total en remuneraciones salariales aumenta, según las conclusiones del documento ahora conocido.

Por otro lado, las cuentas hechas públicas por la Generalitat este jueves también se acompaña de una auditoría que da fe de los atrasos en los pagos de la Generalitat al Consorcio o que la deuda acumulada del centro hospitalario alcanza los 95 millones de euros. De otro lado, en la información que se acompaña también se pone de manifiesto que aún no se ha presentado los informes de cumplimiento ni la auditoría operativa.

La reunión del consejo de gobierno del consorcio estaba previsto inicialmente que tuviera lugar a lo largo del pasado mes de junio, pero hubo de aplazarse por el nombramiento de la anterior consellera de Sanitat, Carmen Montón, como ministra de Sanidad, quien protagonizó notables desencuentros con la Diputación Provincial a raíz de promover las regulaciones laborales que se dieron desde finales del 2016, lo que llevó a prescindir de casi una veintena de trabajadores con contrataciones en fraude de ley, es decir la sucesión de contratos temporales para cubrir plazas de naturaleza fija.