VALÈNCIA. El nuevo decreto de residencias que la Conselleria de Igualdad tiene actualmente en trámite de aprobación podría poner en riesgo la puesta en marcha del Plan Convivint por el sobrecoste que supone respecto a la normativa actual. Así lo recoge un informe de la dirección general de Presupuestos, donde a pesar de dar por buena la memoria económica, pone en cuestión la viabilidad de acometer todos los planes que el departamento de Aitana Mas tiene sobre la mesa para los próximos años.
El Plan Convivint de Infraestructuras Sociales contempla una inversión hasta el año 2025 de 279 millones de euros en el ámbito de las personas mayores y 100 actuaciones, lo que permitiría duplicar la cifra actual de centros residenciales públicos y multiplicar por 12 los recursos diurnos, creando un total de 4.400 nuevas plazas, de las que 2.600 serán residenciales, según datos de Igualdad. Sin embargo, tal y como reconoce la división de la Conselleria de Hacienda, no hay presupuesto para todo.
"La implementación y desarrollo de las nuevas actuaciones derivadas del Plan Convivint y demás programas que la conselleria pueda tener en marcha para la ejecución de nuevas inversiones o para la puesta en marcha de nuevos servicios y programas en materia de servicios sociales, los mismos deberán adecuar su ritmo de ejecución y, sobre todo, su ritmo de puesta en funcionamiento, a las posibilidades presupuestarias de cada ejercicio, así como a los escenarios anuales y plurianuales que como consecuencia de la coyuntura económica y las obligaciones en materia de estabilidad y sostenibilidad, afecten a la Hacienda de la Generalitat", señala el documento.
Y es que, el nuevo decreto sobre tipología de servicios sociales reduce el tamaño de las residencias y aumenta las ratios de personal, lo que implica a su vez un aumento de los costes por plaza en los conciertos, que se apreciará de forma reseñable. Según dicho informe, el impacto económico sería de 28 millones más en 2023, 77,2 millones en 2024, 121,3 millones en 2025, y así sucesivamente hasta los 137,7 millones en 2027.
Esto supondría un crecimiento en el gasto imputables a este decreto del 1,4% en 2023, del 3,7% en 2024, del 5,9% en 2025 y del 6,7% en 2027. Sin embargo, el crecimiento del gasto no financiero del presupuesto de la Generalitat es del 6,8% en 2023, con el incremento del 5,1% en la Conselleria de Igualdad. "En costes actuales y para el actual nivel de prestación de servicios, es ya de un 6,7%, lo cual no dejaría margen para crecimientos en otras partidas que necesariamente deben incorporar aumentos del crédito presupuestario respecto al año anterior, entre otras, las correspondientes al incremento retributivo", alerta Presupuestos.
El presidente de Aerte, José María Toro, ya llamaba la atención en una entrevista a Valencia Plaza acerca de las cifras planteadas por vicepresidencia, que podría incluso haberse quedado cortas. "La memoria económica del decreto, desde nuestro punto de vista, no recoge todo el presupuesto necesario para la puesta en marcha del mismo. De hecho, el coste total que prevé la Consellería es de 134 millones de euros, pero ya hemos detectado que faltan 200 millones más solamente para la implantación del nuevo modelo en residencias y centros de día de personas mayores", señalaba.
"Si seguimos analizando el resto de servicios, tememos que la diferencia sea aún mayor y que pueda comprometer otras cuestiones fundamentales, como el acuerdo de aumento de retribuciones del personal del sector recientemente firmado o el propio Plan Convivint", destacaba. La previsión es que el decreto estuviera listo antes de terminar la legislatura, pero todavía no acaba de estar claro si finalmente entrará en tiempo. "Es un cambio de modelo de financiación muy importante por parte de la Conselleria de Igualdad y tiene que decidir si puede asumir lo que esto supone", reconocía Toro.