El alcalde de Torrent acude a declarar como investigado por no aplicar la Ley de Gran Ciudad 

VALÈNCIA. El alcalde de Torrent, el socialista Jesús Ros, ha declarado este jueves como investigado en los juzgados del municipio por un presunto caso de prevaricación por omisión en la aplicación de la Ley de Gran Ciudad. A principios de junio, el juzgado número 2 de Torrent abrió una investigación penal contra el primer edil, después de que Compromís pusiera los hechos en conocimiento dela Fiscalía. 

Y es que, Torrent lleva adherido a la Ley de Gran Ciudad desde el año 2010, cuando todavía gobernaba el Partido Popular. Una situación que ofrece una serie de ventajas como por ejemplo más financiación al tratarse de un municipio de gran población. Del mismo modo, también tiene otros beneficios como mayor flexibilidad en la elaboración del presupuesto o mayor poder de la Junta de Gobierno Local.

Todo esto, a cambio de la obligación de constituir una serie de organismos de participación ciudadana, como el Jurado Tributario, el Consell Social de la Ciudad, la Oficina de Quejas y Sugerencias, etcétera. Asimismo, también obliga a dividir la localidad en Juntas de Distrito donde los vecinos puedan trasladar sus reivindicaciones.

Algo sobre lo que Compromís denunció que "no se había hecho nada" en más de una década. Así, decidió llevar finalmente la cuestión a la Fiscalía, que al mismo tiempo la remitió al juzgado para que abriera diligencias, tal y como ha ocurrido. De este modo, Ros ha sido citado a declarar como máximo responsable del Ayuntamiento de Torrent. 

Jesús Ros estaba convocado a las 12:30 del mediodía, y tan solo 10 minutos después ya había abandonado el Palacio de Justicia. Una declaración muy breve de la que ha salido "contento" y "tranquilo", aunque no ha querido hacer declaraciones sobre el contenido de la misma. 

El gobierno se justifica en la falta de presupuesto

En su momento, el PSPV ya explicó que el principal motivo por el que no se habían puesto en marcha los organismos de Gran Ciudad era la falta de presupuesto. Así, aclararon que cuando ellos entraron en el gobierno, en el año 2015, se encontraron con un Plan Económico-financiero por una deuda de 60 millones heredada de la época del PP. 

Andrés Campos, concejal de Economía, concretó en este sentido que entre los años 2015 y 2019 el ayuntamiento tan solo podía reponer el 50% de las bajas de funcionarios, lo que hacía "inviable" ampliar la plantilla con nuevo personal para poner en marcha todos los nuevos entes a los que obligaba la condición de Gran Ciudad. 

En 2019 fue la primera vez que pudieron reponer funcionarios al 100%, y en 2020 fue cuando se levantó la regla de gasto para poder hacer inversiones extraordinarias. Ahora bien, esto se hizo en el contexto del coronavirus, y desde el equipo de gobierno explican que todos los esfuerzos financieros se han hecho en seguridad, limpieza y acondicionamiento de las instalaciones. Así, "no ha habido tiempo" para pensar en la Gran Ciudad.

Una explicación que no convence en absoluto a Compromís, partido que puso la situación en conocimiento de la Justicia. Y es que, ellos consideran que el Plan Económico-financiero no es ninguna excusa para no poner en marcha los organismos de Gran Ciudad.

"Si es para cumplir con alguna ley o normativa, los nuevos organismos que se constituyan quedan fuera del ajuste de personal", explican. Por ello, entienden que estos nuevos entes participativos se podrían haber formado con absoluta normalidad a pesar del control sobre la plantilla que ejercía el Gobierno de España, porque eran un mandato legal. 

Asimismo, defienden que la mayoría de los organismos no suponen un gasto tan alto como el PSOE quiere hacer ver: "El consejo social tiene poco coste porque es tan solo reunir a las asociaciones con representantes del ayuntamiento, y en la oficina de quejas como mucho habrá que poner un funcionario determinadas horas". "Y todo esto no es posible, siempre se puede renunciar a la condición de Gran Ciudad", concluyen al respecto.