VALÈNCIA. El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del caso Taula, considera acreditado que el exvicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, usó varias entidades municipales para financiar de manera irregular campañas del PP. La conclusión consta en el auto que procesa a medio centenar de personas, entre ellas los concejales y asesores populares de la última etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento, junto al propio partido, por blanqueo de capitales.
La mecánica del 'pitufeo' tuvo lugar supuestamente en 2015, pero el escrito del magistrado desgrana otras operativas en las que durante todo este tiempo han indagado tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Guardia Civil y que también abarcan las campañas electorales de 2007 y 2011.
En el caso de 2007, el auto recuerda que Grau era portavoz del grupo municipal del PP y concejal delegado de turismo y grandes proyectos. Por tanto, ostentaba cargos de representación del consistorio en distintos organismos, fundaciones y asociaciones en los que éste participaba. Menciona, concretamente, el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), la Fundación para la Innovación Urbana (Fivec) y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, de las que era presidente o patrono.
A través de ellas, en supuesto cumplimiento del objeto social y de las competencias, "el Ayuntamiento canalizaba anualmente importantes cantidades de dinero a esas entidades con cargo a su presupuesto".
Paralelamente entra en juego la empresa clave de esta parte del asunto: la agencia de comunicación Laterne, que fue contratada para realizar los trabajos de campaña. El inicio de la investigación se produjo, precisamente, con la aportación de documentación en la Fiscalía por parte de un exasesor de Grau que había trabajado en ella. Dirigida por el fallecido Vicente Sáez, que mantenía con el exvicealcalde una estrecha y antigua amistad, éste contaba, a su vez, con otras sociedades pantalla.
De acuerdo con el instructor, la cantidad real destinada a la campaña de 2007 se canalizaba a través de Laterne mediante ingresos de las entidades municipales mencionadas y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento por trabajos que parecen ser simulados. Ésta "superaría con seguridad y ampliamente el millón de euros, pudiendo sobrepasar la cota de los dos millones". El límite legal era de unos 434.227 euros.
La primera de las entidades municipales, CEyD, tenía como objeto social la promoción y desarrollo tecnológico, cultural y social de València. El consistorio le realizaba cuantiosas aportaciones de dinero público sin las cuales no podría haber desarrollado su actividad. Mientras, en la documentación de la causa consta que CEyD transfirió dinero tanto a Laterne como a las sociedades pantalla de Vicente Sáez: 223.295’36 euros en 2004; 229.800 euros en 2006; y 300.000 en 2007. En total, 753.095,36 euros. Esto se debía a la firma de contratos con la agencia sin que haya quedado acreditado, según el juez, la realización de los trabajos facturados.
Otra de las fundaciones era Turismo Valencia, constituida por el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, Feria Valencia y la Confederación Empresarial Valenciana con una dotación de 10 millones de pesetas. La práctica totalidad de las aportaciones para su funcionamiento venían, al igual que en el caso anterior, por las transferencias del consistorio.
José Salinas –ahora procesado– fue nombrado director gerente y, según la documentación, Turismo Valencia efectuó pagos a Laterne por importes de 116.000 euros en 2006; 127.600 euros en 2007; y 372.400 en 2008. En total, 616.000 euros a tres cuentas de la agencia. Salinas justificó que venían justificadas por trabajos efectivos, pero el juez remarca que no existe constancia documental de los contratos, de dichas facturas y sus conceptos, ni de los trabajos realizados. El motivo, según lo declarado por el director gerente, es que transcurrido el tiempo y por razones organizativas esa documentación se destruyó en 2015 (negó que fuera una orden).
Por último, Fivec fue constituida en 2005 y dependía exclusivamente del Ayuntamiento. Realizó dos contrataciones con Laterne en los años 2006 y 2007 por un importe total de 171.000 euros, pero tampoco existe constancia de la realización de los trabajos.
Junto al uso de las entidades municipales, el auto indica que a través de terceras empresas, todas ellas vinculadas contractual y económicamente con el consistorio, se pudieron obtener ingresos y dádivas mediante la recaudación desplegada por Grau. Los cuales "canalizaba a través de transferencias dinerarias de dichas empresas al entramado de sociedades de Vicente Sáez". Una fórmula sería la facturación falsa emitida por Laterne por servicios inexistentes. Otra, las supuestas aportaciones o préstamos de algunas de estas empresas para su contribución conjunta a la constitución de una sociedad, Product Management Council (PMC), que iba a servir de pantalla bajo la cobertura de planificación y ejecución de proyectos singulares en la ciudad de Valencia.
En la relación de empresas aportantes se encuentran Secopsa, Agricultores de la Vega de Valencia, Lubasa, Pavasal, Luján, Rover Alcisa, FCC o Lubasa, entre otras. En total, los investigadores contabilizan 2,68 millones de euros dados por los contratistas del consistorio.