VALÈNCIA. La vuelta a la plena actividad de los juzgados valencianos después del verano no será este año relajada. El impulso a las investigaciones ya en marcha junto a la celebración de juicios programados para los próximos meses auguran un 'otoño caliente' en aquellas causas que afectan sobre todo a cargos y excargos políticos.
Una de las primeras citas será el reinicio de las sesiones del último juicio del caso Cooperación, previsiblemente el 9 y 10 de septiembre, con la declaración del exconseller Rafael Blasco. Éste comenzó en junio tras aplazarse, de manera que si nada ocurre quedará visto para sentencia el mes que viene.
Tres de los acusados alcanzaron una conformidad con la Fiscalía por la que admiten su participación en los hechos y aceptan penas de alrededor de un año de prisión: el empresario Augusto César Tauroni –un año y tres meses–; la que fuera secretaria general de la Conselleria de Cooperación Tina Sanjuán; y el exjefe de servicio de informática Javier Mucia (un año cada uno). Blasco, por su parte, rechazó pactar y Anticorrupción reclamaba provisionalmente para él dos años y ocho meses de cárcel.
Esta pieza de la causa, la quinta, se engloba dentro del desvío de fondos de las ayudas al Tercer Mundo y es la relativa a las presuntas irregularidades en contratos informáticos entre 2008 y 2011. Según la investigación, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. De acuerdo con las indagaciones, fueron adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían de intermediarias y que luego subcontrataban con las firmas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.
También en septiembre se celebrará otro juicio de importancia. El día 28, salvo imprevisto, está fijado el del director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano (Compromís). El titular del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia rechazó la petición de archivo de la Fiscalía y en noviembre de 2020 le abrió formalmente juicio oral por falsedad en documento público oficial en relación a las ayudas al fomento del valenciano concedidas entre 2015 y 2016 a las mercantiles Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Concretamente, 56.825 y 23.234 euros respectivamente.
La investigación se inició tras una querella del PP y el magistrado concluyó que Trenzano pudo cometer delito al afirmar en un documento que se habían realizado las actuaciones de control efectivas en las ayudas públicas a las mencionadas empresas cuando en realidad éstas se llevaron a cabo con posterioridad. "¿De dónde nace la duda sobre una posible parcialidad en la concesión de las subvenciones a empresas relacionadas con un familiar del presidente de la Generalitat?", se preguntaba en su auto de procesamiento. La cuestión capital para él se hallaba en las normas de control. Su exigencia sobre las subvenciones otorgadas en los ejercicios 2015 y 2016 no figuraban en la ley de ese momento y dicho control no se aprobó hasta 2018. Es decir, entre dos y tres años después de haber dado las ayudas y, además, con posterioridad a las quejas y denuncias del PP.
El juez destacó que no se trataba de concluir si hubo "indicio alguno de posibles fines o de consecución de algún objetivo con la presunta alteración de la verdad y la seguridad jurídica como bien jurídico protegido" ni de "establecer posibles culpabilidades". Pero sí de si existió "conocimiento y voluntad de falsear la realidad que se ha expresado en un documento oficial" en el que se podría haber faltado a la verdad: se aseguraba que se había realizado un control de las subvenciones, pero éste se hizo después. Trenzano será juzgado por la Audiencia de Valencia debido a que los populares, que ejercen la acusación particular, le piden 6 años de cárcel.
Septiembre es probable que también aporte novedades sobre una de las causas más recientes y de mayor importancia, Azud. La segunda parte de la investigación se centra en el posible cobro de comisiones ilegales vinculadas a operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas abarcan el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
La instrucción, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 13 de València y la Fiscalía Anticorrupción, todavía permanece secreta desde que se inició en 2017 y apunta a los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. La segunda fase de la operación policial se desarrolló el pasado mayo y la jueza decretó el ingreso en prisión preventiva de cinco personas.
El exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio, la empresaria Mónica Montoro y el asesor financiero Joaquín Pastor ya quedaron en libertad, pero el exvicealcalde de València Alfonso Grau y el considerado como cabecilla de la trama, el constructor Jaime Febrer, todavía siguen en la cárcel a la espera de que la jueza resuelva sobre su situación.
Mientras esto ocurre, las indagaciones siguen avanzando con declaraciones ante el juzgado. Por el momento, han desfilado alrededor de 40 funcionarios del Ayuntamiento de València como imputados por haber colaborado presuntamente en el entramado de mordidas urbanísticas. A la espera queda igualmente el levantamiento de la primera parte del sumario de una causa de considerable volumen, algo que hasta ahora se ha venido posponiendo.
La vuelta del verano es posible que reactive una de las piezas del caso Taula más esperadas: la del llamado 'pitufeo'. Esta parte de la investigación ha sido la más mediática de la macrocausa por sus protagonistas: 50 imputados –entre ellos nueve de los diez concejales del PP de la pasada legislatura–, asesores y la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster. De acuerdo con el juez y la Fiscalía, todos ellos habrían realizado una aportación de mil euros para la campaña electoral de 2015 que después se les habría devuelto en dos billetes de 500. En total, un supuesto blanqueo de 50.000 euros.
La Guardia Civil comprobó cómo una parte importante de los gastos eran pagados a través de una cuenta diferente bajo la titularidad del grupo municipal, pero fuera del control de cualquier órgano fiscalizador (puesto que la ley impide abrir una cuenta al margen del partido). En la conocida como 'cuenta opaca' se habría ingresado el dinero que recogía el supuesto recaudador del PP y que se sospecha que se trataba de Alfonso Grau. Y a ella también fueron a parar las donaciones de los ediles y asesores. Las indagaciones se ampliaron posteriormente a un supuesto delito electoral para los comicios de 2007 y 2011, donde se habría recurrido a otras mecánicas para la financiación con dinero opaco o ilícito y en las que también se apunta a Grau.
La jueza sustituta de Instrucción 18 dio el pasado enero por finalizada la instrucción de esta pieza, que realmente ya llevaba varios años acabada desde el estallido de la operación en 2016. Ahora, tendrá que dar el siguiente paso, que será o el archivo o el auto de procesamiento para los investigados. Y con un nuevo elemento, como es la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre una de las ramas del caso Emarsa relacionada con presunto blanqueo de capitales y en la que absolvió a tres de los acusados. Como publicó Valencia Plaza, esta resolución abre una nueva vía para los investigados de Taula que podría ser utilizada por las defensas. Según el criterio del Supremo, habría de quedar probado que los 50 imputados tuvieron ese conocimiento previo de que cooperaban y ayudaban en una operación de blanqueo del dinero. Ello unido a que tendría que demostrarse un origen ilícito de las cantidades.
Aunque los plazos judiciales son prácticamente imposibles de vaticinar, una de las instrucciones que podría ver su final a lo largo de los próximos meses es el caso Erial, que afecta al exministro Eduardo Zaplana y que por ahora se prorrogará hasta enero de 2022. Todo dependerá de si la Guardia Civil completa sus informes y de las últimas declaraciones pendientes ante el juzgado. Éstas fueron fijadas para julio, pero han sido pospuestas a septiembre. Entre ellas, la comparecencia como investigado del exconseller y exsecretario de Estado con el PP Fernando Castelló. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) cree que recibió una presunta comisión de algo más de 150.000 euros y que tuvo un "papel activo" en 2002 en la supuesta trama liderada por el también expresidente de la Generalitat para obtener beneficios económicos de la concesión del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (PECV) a empresarios afines. El empresario Pedro R. A. o las empresas Medlevante y Elecnor son otras de las citaciones.
La causa que dirige el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia junto a Anticorrupción indaga en las presuntas mordidas desde la Generalitat, cuantificadas en 10,5 millones de euros y realizadas, presuntamente, a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Cantidades que, posteriormente, salieron fuera de España con el objetivo de acabar retornándolas. La UCO estableció en su último informe la conexión de los fondos de Andorra, Luxemburgo y las citadas mordidas. En total, unos 20 millones de euros pertenecientes a la "organización criminal" –tal como les denomina la juez– formada por estrechos colaboradores de Zaplana. Pero también estableció de manera mucho más clara su tesis de que en lo relativo a Andorra podrían tratarse de comisiones de Terra Mítica, el parque temático de Benidorm.
En otoño, aunque ya hacia mediados de diciembre, llegará otro juicio relevante, el del accidente mortal de Viveros por el que el concejal Pere Fuset se sentará en el banquillo. Lo hará por un delito de homicidio imprudente debido a la muerte de un trabajador durante el montaje de las gradas para los conciertos en los Jardines en el verano de 2017. A causa del siniestro, la Inspección de Trabajo impuso al Ayuntamiento de València una sanción "muy grave" de 40.000 euros.
La Audiencia de Valencia avaló la decisión del juez al considerar que existían indicios suficientes para la apertura de juicio. Fuset defendió que no participó en las reuniones preparatorias del evento que se produjeron y que el proceso fue cuestión de los técnicos municipales y él únicamente firmaba como responsable del área.
Una de las vistas que iba a tener lugar también en septiembre –y que ya no lo hará– era la relativa a la pieza del caso IVAM que apuntaba a que su exdirectora, Consuelo Císcar, usó el museo para promocionar la carrera de su hijo. Recientemente, en el escrito de acusación al que se han adherido todas las partes, ella misma ha reconocido que malversó fondos del IVAM para favorecer la carrera de Rafael Blasco (conocido como 'Rablaci'), así como el delito de prevaricación administrativa. Con ello, acepta la condena de un año y medio de prisión y dos años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, si bien la pena de prisión queda suspendida.
También han reconocido los hechos el exdirector económico administrativo, Juan Carlos Lledó, que ha aceptado un año de cárcel, y el empresario Enrique B. Martínez Murillo, que ha aceptado un año de prisión por malversación y dos meses y quince días de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil. El auto de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia suspende la pena de prisión de Císcar y lo condiciona a que no delinca en el plazo de dos años y a que abone la cantidad impuesta en concepto de responsabilidad civil pendiente, 75.000 euros de manera conjunta con los otros dos condenados.
Sin embargo, la exdirectora del IVAM sí que tendrá que sentarse en el banquillo a partir del 2 de noviembre para ser juzgada por la Audiencia Provincial de Valencia por la compra de reproducciones no originales de obras del escultor madrileño Gerardo Rueda por unos 4 millones de euros. Se le acusa de los delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad y la fiscalía ha pedido seis años de cárcel y una multa de 144.000 euros.