Comisión d'Estatut d'Autonomía. Foto: CORTSVALÈNCIA. En 1982, el diputado por Valencia con UCD, José Ramón Pin Arboledas, introdujo la barrera del 5% para acceder a Les Corts. El artículo 12.3 del Estatut d'Autonomía rezaba que para poder obtener un escaño y ser proclamados electos, los candidatos de cualquier circunscripción deberían "haber sido presentados por partidos o coaliciones que obtengan un número de votos superior al 5 por 100 de los emitidos en la Comunitat Autónoma".
Una exigencia que los grupos en Les Corts decidían hace un año modificar, con el voto en contra del PP. ¿Los motivos? Evitar que se repitan escenarios en los que un partido obtenga más de 100.000 votos y se quede sin representantes por unas décimas por no llegar al 5%. Para ejemplo, Esquerra Unida del País Valencià, que no consiguió tener ningún escaño en las elecciones autonómicas de 2015, pese a sumar 106.047 votos -4,26%-.
Y es que, la barrera electoral de la Comunitat Valenciana es la más elevada de toda España. Ninguna otra comunidad autónoma pluriprovincial necesita obtener ese tanto por cien de los votos para tener representación parlamentaria. La conformación de un parlamento arcoiris en las pasadas elecciones impulsó a bordo una cuestión que contó con la negativa del PP.
Con esto, el pasado 23 de noviembre, los grupos de la Cámara retomaban la comisión para la reforma del Estatut y de la Ley Electoral. Desde entonces, han pasado por ella comparecientes de la talla del politólogo, Pablo Simón, el profesor de Ciencias Políticas de la Universitat de València, Óscar Barberá, el doctor en Ciencias Políticas y Sociales en la Universitat de Barcelona, Jordi Muñoz, o la profesora titular de Ciencias Políticas de la Universitat Autónoma de Barcelona, Montserrat Baras. En mayor o menor medida, todos coincidían en la necesidad de modificarla para adecuarla a la sociedad y política actual.
Unos meses después, el PP advierte que bajar la barrera electoral al 3% provincial "podría afectar a la gobernabilidad y a la estabilidad". No en vano, con un parlamento ya con cinco fuerzas políticas, la rebaja del listón electoral hubiera supuesto la entrada de Esquerra Unida, lo que hubiera hecho las Cortes Valencianas más plurales. Y la dificultad para llegar a acuerdos se habría incrementado.
El Partido Popular sí opta, sin embargo, por reducir al 0% la barrera electoral para un tercio de los diputados autonómicos para una "mayor identificación entre el diputado y la comarca a la que representa". Y, para los dos tercios restantes, aplicar el 3% provincial "siempre que se refiera a la suma de las tres circunscripciones provinciales". Una reforma que ya planteó durante la etapa de Alberto Fabra al frente del Consell, pero que quedó en aguas de borrajas. La modificación beneficiaba electoralmente, según denunció la entonces oposición, a los populares.
Aún así, Compromís, PSPV, Ciudadanos y Podemos están dispuestos a acometer tal reforma. Eso sí, con matices entre unos y otros. Los socialistas, por ejemplo, apuestan por bajar la barrera electoral en el ámbito provincial al 3% de los votos emitidos. Pero con una condición: "Siempre y cuando en el conjunto de la Comunitat" se obtenga ese mismo porcentaje. Por su parte, Compromís, Cs y el partido de Antonio Montiel apuestan por rebajarla dos puntos. Sin matices.
"Esta barrera fue eliminada del Estatut d'Autonomía en su reforma del año 2006, se aplica a todo nuestro territorio en lugar de a la circunscripción", lo que provoca una "sobrerepresentación en la circunscripción de Castellón", apuntan los nacionalistas. Y es que, de esta provincia salen 24 de 99 diputados teniendo el 11% del peso poblacional, mientras que de Alicante 35 y de València 40 con un 38% y un 51% de la población total respectivamente. Esto es, aunque tengan mayor peso poblacional, cada diputado les cuesta 35.600 y 48.600 electores respectivamente, mientras que a Castellón apenas 17.300 votantes. Un desequilibrio que se quiere nivelar.
Así, antes de verano los grupos elaborarán un borrador de la nueva Ley Electoral Valenciana. Aunque esta contemple una reducción del listón electoral y los populares se opongan a esa rebaja, previsiblemente saldrá adelante con los acuerdos que alcancen los partidos que sustentan el Botànic y Ciudadanos. Las cábalas electorales de la izquierda, que en 2019 podría necesitar los sufragios de Esquerra Unida para continuar en la Generalitat Valenciana, y de los naranjas para soportar una posible recuperación del PPCV, influyen en la premura para realizar la reforma.
Pese al consenso de los cuatro grupos en la filosofía, no hay pacto en los detalles. Y la configuración de las listas es uno de esos puntos. El grupo de Fran Ferri (Compromís), los naranjas de Alexis Marí y Podemos proponen desbloquearlas. Un cambio respecto a las listas cerradas y bloqueadas actuales que permita a los electores "votar la candidatura de un único partido". Eso sí, con el posible añadido de "expresar su preferencia por determinados candidatos o candidatas de esa lista a través de un voto categórico", señalan las conclusiones de Compromís. Es decir, aquellos que obtuvieran más votos preferenciales, promoverían dentro de la lista. Se trata de una fórmula que podría vetar, por ejemplo, aquellos candidatos manchados por la sombra de la corrupción.
Los morados quieren listas desbloqueadas, pero cerradas para que los votantes expresen su preferencia en la papeleta y Ciudadanos también quiere que no sólo se vote a los partidos, sino que los votantes puedan "intervenir en el orden final de esa lista". Mientras, el PSOE aboga por trabajar para "buscar ese sistema de listas desbloqueadas haciendo los cambios pertinentes para que los electores expresen su voto preferencial". O lo que es lo mismo: quieren una fórmula que pueda evitar confusiones en la ciudadanía y que desaliente el voto.
En lo que sí han encontrado un punto de encuentro es en la paridad de las listas electorales. Todos los grupos, salvo el PP y Ciudadanos, hacen hincapié en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que señalaba que el sistema 50-50 en el cual se suceden de forma alterna mujeres y hombres en cada candidatura. "Consigue la paridad absoluta y corrige una situación histórica", señalan los socialistas. El Partido Popular, por su parte, pide abordar este tipo de cuestiones desde "el consenso y el respeto al margen constitucional, estatutario y el que define la LOREG y los acuerdos de las Juntas Electorales".
Además, Podemos y Compromís amplían las causas de ineligibilidad y las incompatibilidades de los diputados y diputadas. Mientras los morados no quieren que ninguna persona que ocupe un escaño en Les Corts pueda ser presidente de cualquier Diputación provincial, senador o senadora o alcalde de su municipio, los nacionalistas, además de estos supuestos, tampoco quieren que ostenten la presidencia o dirección general de una caja de ahorros.
Así, y con la barrera electoral sentenciada, el sudoku electoral se encuentra en los matices, en los detalles. De ellos, no en balde, depende de cómo se traduzcan los votos en escaños en el parlamento la próxima legislatura. Una cuestión nada baladí.
