La Fiscalía abre diligencias penales en el caso del empleado que no acudió a trabajar en 10 años

VALÈNCIA. La Fiscalía Provincial ha abierto Diligencias de Investigación Penal tras recibir una denuncia de la Diputación de Valencia referente al caso de Carles Recio, el funcionario que estuvo diez años sin trabajar pero cobrando del erario 50.000 euros al año. Por el momento, según fuentes de la Fiscalía, solo se han abierto DIP y todavía no se ha nombrado a un fiscal para realizar la investigación, ese paso se dará estos próximos días. Los delitos que desde la Diputación creen que se pueden haber cometido son los de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La denuncia de la Diputación llegó la semana pasada y en ella, tal y como informó El Mundo, los responsables del expediente disciplinario al funcionario Carles Recio, así como la directora general de Biblioteca, María José Gil, enviaron un escrito explicando el caso por si la Fiscalía Provincial, al igual que ellos, considera que “se ha podido producir la comisión de algún delito, iniciando las actuaciones necesarias para su investigación y esclarecimiento y, en su caso, la determinación de las diligencias a que hubiera lugar”.

Esta denuncia podría suponer un nuevo varapalo judicial a la Diputación valenciana, cuyo funcionamiento ya está en entredicho tras el escándalo del caso Taula. Dentro del escrito presentado se hace referencia a la posibilidad de la creación ‘a dedo’ de la plaza de Recio en el año 2006.

De confirmarse este extremos varios de los políticos que estaban en la Diputación ese año podrían enfrentarse a delitos muy graves, pero para que ello sea así, no solo los políticos que estaban en el 2006 deberán dar explicaciones sino también los que entraron con posterioridad. 

El motivo es la prescripción de los delitos, ya que, por ejemplo, la malversación prescribe a los diez años salvo que sea continuada, y en este caso o se considera continuada y dan explicaciones todos los políticos vinculados al tema de las diferentes legislaturas, o bien se considera prescrito y se archiva la denuncia.

Diez años sin trabajar

Carlos Recio estuvo diez años cobrando 50.000 euros al año como jefe del Servicio de Archivo sin ir a trabajar. Bueno, sí que iba. Llegaba fichaba y se marchaba otra vez a su casa. Esa fue la conclusión del expediente disciplinario abierto contra Recio y que terminó con una falta grave y otra muy grave de abandono del servicio para el funcionario, lo que supuso su despido el pasado mes de agosto. Pero todo había comenzado seis meses antes cuando saltó a los medios de comunicación la situación de este funcionario.

Se suponía que Recio debía encargarse debía encargarse de los proyectos de exposición y publicaciones, así como de todo lo relacionado con los archivos y las bibliotecas provinciales, sin embargo, no solo no realizó el trabajo encomendado, es que ni tan siquiera tenía un despecho con mesa y ordenador.