FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) El fiscal suizo Yves Bertossa ha cerrado parcialmente la investigación que realizaba sobre la Fundación Lucum y en la que mantenía como investigados tanto a la examante del rey emérito Corinna Larsen como a diversos gestores, Arturo Fasana y Dante Canonica, y banqueros. Esa fundación panameña, de la que era beneficiario Juan Carlos I, fue la depositaria de una donación de 100 millones de dólares, 65 millones de euros, realizada en 2008 por el rey Abdalá de Arabia Saudí.
En un comunicado, el Ministerio Público del país helvético indica que se ha decidido cerrar el caso, y por lo tanto exonera a todos los investigados, incluida Larsen, persona a la que el exmonarca habría donado con posterioridad --en 2012-- esa misma cantidad. Cabe recordar que en esta causa no constaba como investigado el rey emérito.
El fiscal Bertossa imputaba a los encausados un presunto delito de blanqueo de capitales, el motivo era la falta de transparencia sobre esa donación de 65 millones de euros. Sin embargo, en ese comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que la investigación "no permitió establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad".
Por este motivo, el Ministerio Público, indica la nota, ha decidido el archivo parcial del proceso al no encontrar cargos suficientes. Sin embargo, sí que indica que las costas del procedimiento, fijadas en 200.000 francos suizos, debe correr a cargo de los demandados.
Además, apunta que, al término de las pesquisas, la Fiscalía ha resuelto que el uso de esa fundación Lucum y de otras sociedades de los encausados "demostrarían una voluntad de ocultación". "Los montantes concernidos, el origen de los bienes, la ausencia de documentación adecuada justificando las transferencias, las pretendidas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí en favor de Juan Carlos I y luego de este último en favor de Corinna) así como la cronología de los acontecimientos constituyen indicios de cargo de los acusados", apunta.
En total se investigaba a cinco personas en este procedimiento que se abrió en 2018. Según recuerda en el comunicado el Ministerio Público, el origen de las pesquisas está en la aparición de artículos de prensa que relataban que el rey emérito habría percibido comisiones ilegales en el marco de contratos públicos obtenidos por empresas españolas en Arabia Saudí.
"Estas comisiones ocultas habrían sido parcialmente disimuladas en cuentas bancarias en Suiza, bajo la identidad de varios testaferros", dice la nota, para luego apuntar que "se sospechaba que estas comisiones estuvieran vinculadas a la conclusión de un contrato por empresas españolas en relación con la construcción del AVE entre Medina y La Meca".
Según explican, la instrucción ha permitido establecer que Juan Carlos I "recibió efectivamente el 8 de agosto de 2008, en la cuenta de la Fundación Lucum abierta en Mirabaud & CIE SA en Ginebra, la suma de 100 millones de dólares por parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí". Y añade que el procedimiento también puso en evidencia otros pagos recibidos por el emérito o Corinna Larsen: 1.895.250 dólares, en especies, además de otros 5 millones de dólares y 2 millones de dólares más provenientes de Kuwait y de Bahréin.
"Todas estas transferencias no han sido suficientemente documentadas por los acusados. En junio de 2012, la cuenta de la fundación Lucum fue cerrada y su saldo, unos 65 millones de euros, fue transferido a la cuenta en Bahamas de una sociedad domiciliada a nombre de Corinna Zu Zein-Wittgenstein --Larsen--", recuerda el fiscal.
Por su parte, en un breve comunicado al que también ha tenido acceso Europa Press, Corinna Larsen ha indicado que en el día de hoy "finalmente" ha sido exonerada de toda responsabilidad en la investigación llevada a cabo por el fiscal suizo durante tres años. Y ha apuntado que su inocencia "era evidente desde el principio", por lo que ha lamentado que "este episodio ha servido para dañar aún más" su imagen.
"Este episodio ha servido para dañar aún más mi imagen en el marco de la campaña continua de desprestigio contra mi persona por parte de ciertos intereses españoles. Mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes", añade.
Cabe recordar que Larsen ha demandado al rey emérito ante los tribunales londinenses, demanda que se dirime precisamente en estas fechas. La empresaria asegura que el CNI, y el que fuera director del mismo, Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el de Juan Carlos I la pusieron tanto a ella como a personas de su entorno "bajo vigilancia física que incluía vehículos y personal vigilancia, invadir su propiedad en la que residía y espiar en sus teléfonos y ordenadores".
En el marco de ese escrito, aseguró haber "sufrido gran angustia, ansiedad, privaciones de sueño y preocupación por su propia seguridad física y la de sus hijos". Insistió, además, en que "ha sido objeto de una continua amenaza de daño físico, intrusión y vigilancia" por parte del rey emérito, por lo que también pidió que el monarca no se pueda acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias.
En la vista celebrada la semana pasada, la defensa del rey emérito aseguró que "Su Majestad goza de inmunidad" y que la justicia británica no es competente para atender la demanda presentada por Corinna Larsen. En su demanda, la que fuera amante del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido por parte de Juan Carlos I.
Por otro lado, la fiscalía suiza condena al banco Mirabaud & CIE a una multa de 50.000 francos suizos y al pago de las costas del procedimiento, estimados en otros 150.000 francos, ya que la instrucción ha permitido establecer que el banco habría omitido desde julio de 2018 la comunicación pertinente de la cuenta personal de Corinna Larsen a la Oficina de Comunicación en materia de Blanqueo de Dinero (MROS).
"Numerosos elementos requerirían que el banco procediera a una comunicación, principalmente las informaciones publicadas por la prensa, el carácter poco habitual de los fondos recibidos en esa cuenta y los diferentes flujos financieros intercambiados entre las cuentas de la citada y la de la fundación Lucum, de la que Juan Carlos I tenía el derecho económico", apunta.
