Ximo Puig y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La fallida investidura de Pedro Sánchez este jueves conlleva daños colaterales importantes para la Comunitat Valenciana. La falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos aboca a una nueva negociación con fecha límite situada en el 23 de septiembre. De no alcanzar un pacto antes de esa fecha, el país se vería abocado a unas nuevas elecciones y, de nuevo, a una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, conviene recordar, todavía son los que para 2018 elaboró el Gobierno de Mariano Rajoy.
En caso de que haya acuerdo antes de la mencionada fecha, esto tampoco garantiza, por una cuestión de plazos, que puedan aprobarse unas nuevas cuentas antes de que termine el año, con lo que el escenario, aunque menos grave, tampoco es excesivamente halagüeño para los intereses valencianos. Entraríamos en 2020 con los PGE prorrogados aunque podrían aprobarse durante los primeros meses.
Y es que el retraso en la elección de un presidente, en este caso Sánchez, no solo deja en el congelador la necesaria reforma del sistema de financiación caducado desde 2014 y cuyo reparto perjudica a los valencianos, sino que también apunta a retrasar los parches ideados para proporcionar liquidez a la Comunitat.
Así, mientras no haya PGE, no se podrán actualizar las entregas a cuenta que suponen 450 millones de euros para las arcas valencianas (4.739 millones menos para todas las Comunidades Autónomas). Esto no significa que el dinero se pierda, pero sí implica que se cobraría dentro de dos años con la correspondiente liquidación. A día de hoy, el Ministerio de Haciendo buscaba una fórmula para que las CCAA pudieran contar con esta actualización, si bien al no existir nuevo gobierno y mantenerse en funciones, la cuestión puede quedar en el aire.
Por otro lado, al no haberse aprobado los PGE propuestos por Sánchez para 2019, la Comunitat tampoco puede beneficiarse de las medidas que incorporaba el citado proyecto económico, que incluía 281 millones de euros de la mensualidad del IVA que se perdió por el cambio de calendario de Montoro; tampoco de los 237 millones de euros por las dos décimas del déficit pactado con Bruselas; ni de los 450 millones de euros de incremento de las inversiones previstas en la Comunitat; los 373 millones correspondientes a la condonación de la deuda de La Marina de València, los 38 millones -en lugar de los 10 que figuran en los PGE prorrogados- para el transporte metropolitano de València y los 50 millones por las mejoras para la financiación de la dependencia, entre otras cuestiones.
