La UCO señala a Alfonso Grau como cerebro del 'dopaje' electoral del PP de Rita Barberá

VALÈNCIA. El informe de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que encargó el juez instructor del caso Taula, en el que les solicitaba a los agentes que realizaran una comparativa entre las operativas para la presunta financiación irregular del PP de la ciudad de València durante las campañas de 2007 y 2011 hunde, un poco más si cabe, al exvicealcalde Alfonso Grau. 

Los autores del informe tachan de recaudador a quien fue mano derecha de Rita Barberá, y, por lo explicado, cerebro de la trama del presunto 'dopaje' electoral; y a la exsecretaria del grupo municipal del PP Mari Carmen García-Fuster como número dos de la supuesta operativa criminal. La otra persona que sale tocada tras la lectura del informe es el actual concejal popular en el consistorio Alfonso Novo, del que la Guardia Civil dice que es el sucesor de Grau para la campaña de 2015.

La UCO asegura que "en relación a ciertos ilícitos penales descubiertos en la gestión de las campañas de los años 2007, 2011 y 2015 por parte del grupo municipal del Partido Popular de la ciudad de València, se ha puesto de manifiesto que mediante diferentes operativas económicas, el PP habría dispuesto de cantidades de dinero en ocasiones aportadas por terceros, en ocasiones de origen desconocido, con las que habría sufragado los gastos electorales, todo ellos al margen de las diferentes contabilidades electorales"

Explican que mientras que en 2015, en el PP de Barberá, se habría empleado como sistema el blanqueo de capitales, en las elecciones municipales anteriores, los populares optaron "por la contratación de las empresas Laterne Product Council (LPC) y Trasgos Comunicación SL, existiendo ciertos paralelismos en la gestión de las diferentes operativas de ingresos de fondos".

Para los agentes resulta importante que la secretaria del grupo, también imputada en la causa, Mari Carmen García-Fuster, declarara que "corresponde al portavoz la contratación de los trabajos" ya que, bajo ese prisma, los paralelismos entre 2007 y 2011, y la diferencia con la operativa de presunta financiación irregular con 2015 vendría supeditadas al hecho que en las dos primeras el portavoz era Alfonso Grau, mientras que en 2015 era Alfonso Novo.

Dicen en su informe que la finalidad de muchas de las actuaciones desarrolladas "no es otra que la de sortear la fiscalización debida en aras de evitar que sea detectada la procedencia y destino de los fondos y la verdadera cuantía del gasto electoral".

Elecciones de 2007

"Del conocimiento se extrae que Alfonso Grau se habría encargado de contratar, gestionar y supervisar los trabajos de la campaña electoral de 2007", en una campaña que se contrató por un importe de 150.000 euros pero que la UCO cifra su coste real en 2,5 millones, tal como adelantó en exclusiva Valencia Plaza hace ahora un año, lo que contrasta con la cifra declarada para toda la provincia que fue de 133.000 euros. 

Sobre Grau y esta campaña, también sospechan los agentes que "se habría puesto de manifiesto que Alfonso Grau, además de haber tenido un papel importante sobre la gestión y supervisión de actos, también habría jugado un papel decisivo en la obtención de fondos para sufragar los gastos electorales que él mismo encargaba". Y apostillan: "para la ejecución eficaz de esta doble tarea pudieron ser determinantes las importantes posiciones ocupadas, relaciones y vinculaciones ejercidas en el grupo municipal, el Ayuntamiento de València, en ciertos organismos vinculados o dependientes, así como en la propia empresa encargada de la ejecución de los trabajos".

Elecciones de 2011

En esta campaña, al parecer, el PP bajó su capacidad recaudatoria sustancialmente, ya que contrató una campaña por 170.000 euros mientras que el gasto real se cifra, en al menos, 277.129 euros, una cantidad muy alejada de los 2,5 millones de euros que supuestamente se consiguieron recaudar para la campaña anterior, pero nada desdeñable si se tiene en cuenta que se consiguió en el peor año de la crisis.

Explican los agentes que "podría suponer la existencia nuevamente de una estrategia en la que al menos tomarían parte tanto Grau como García-Fuster. El primero como "recaudador de fondos y gestor de campañas", y la segunda como "administradora de la contabilidad del grupo", y que "supondría el conocimiento previo de la ausencia de medios económicos para soportar la campaña así como la existencia de otras fuentes de financiación alternativas que lo permitirían".

Y sobre este punto aseguran que tanto es así que "se tienen indicios que apuntan a que parte de los trabajos efectuados por LPC y Trasgos habrían sido satisfechas por diferentes empresas privadas con intereses en la administración".

Una de las novedades con respecto a la campaña de 2007 es que, tal y como explican los policías, en 2011 de los pagos acreditados "se podría inferir la existencia de dinero en efectivo en el seno del grupo municipal, así como su uso para sufragar gastos electorales". A la UCO también le llama la atención que desde la cuenta bancaria del grupo municipal se pagaran gastos en medios de comunicación, cuando tenían un contrato con Trasgos en el que ponía que los pagos se harían a través de esa mercantil.

Otro de los puntos de interés es el hecho que Trasgos subcontrató una empresa por casi 186.000 euros para la ejecución del plan de medios de la campaña del PP de València, una cantidad "que superaba lo pagado por el grupo municipal a Trasgos para todos los cometidos de la campaña".