Foto: EMTREVALÈNCIA. La gestión de residuos es una de las vías de investigación dentro del caso Azud en las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil parece que está poniendo un especial empeño. Aunque no se trata, desde luego, de la ramificación más importante de esta macrocausa dado que apunta a unos hechos muy concretos, las últimas diligencias han ido encaminadas a averiguar si existió un amaño del contrato de la planta Los Hornillos, ubicada en Quart de Poblet.
El juzgado de Instrucción número 13 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción creen que el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, ostentó una posición que le permitió mover hilos en el Ayuntamiento de la ciudad para influir en adjudicaciones y cobrar comisiones por ello. Algo que pudo ocurrir en el caso de Los Hornillos. La planta se encarga de la gestión de los residuos urbanos generados en València y su área metropolitana (400.000 toneladas al año).
El complejo lo construyó una UTE formada por las empresas Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (Sacyr), Cyes Inversión y Gestión, S.L. y Corporación F. Turia, S.A. La investigación de Azud refleja que todas efectuaron pagos a Corbín en el año 2005 por un valor de 174.000 euros y en el año 2006 por un valor de 87.000 euros.
En apariencia eran por asesoría jurídica. Pero ante la sospecha de que fueran mordidas por la adjudicación, el juzgado solicitó numerosa documentación al respecto, como toda la relativa a los servicios prestados por el despacho de Corbín a la UTE Los Hornillos, las personas encargadas de ésta, la estructura orgánica y funcional, los contratos que le fueron adjudicados o si contaba con gabinete jurídico.
La planta de Los Hornillos fue promovida por la Emtre, que se constituyó en 2001 con la edil popular María Jesús Puchalt como primera presidenta. En noviembre de 2003 se produjo el primer proceso de adjudicación del proyecto de gestión de la planta de Quart de Poblet, pero los proyectos presentados incumplían algún aspecto sustancial del plan zonal según la empresa consultora contratada. De manera que en 2004 se propuso de nuevo la licitación del proyecto de gestión de la instalación y la subsiguiente adjudicación mediante concesión de la ejecución y explotación de una planta de residuos en el emplazamiento de la gestionada por Fervasa.
Ese mismo año se convocó concurso, mediante procedimiento abierto, y se aprobaron los pliegos administrativos y técnicos para la adjudicación mediante concesión del proyecto de gestión de la instalación que existe actualmente y la gestión de ecoparques como prestación adicional. Los investigadores de Azud reparan especialmente en un cargo de la Emtre en ese momento: Eugenio Cámara, yerno del exvicealcalde de València Alfonso Grau, ostentaba la dirección técnica. Posteriormente pasó a ser gerente.
Ya en febrero de 2005, la asamblea de la entidad adjudicó el contrato a la UTE Los Hornillos, que se constituyó también ese mes. La duración de la concesión era de 20 años, contados a partir de la puesta en marcha de las instalaciones previstas en el proyecto de gestión. Además, el contrato fijaba una serie de cánones que tenía que satisfacer la Administración a la UTE.
En abril de 2007, la UTE presentó a la Emtre un proyecto básico con modificaciones y cambios respecto al original. Algo en lo que han puesto igualmente el foco los investigadores de Azud. El contrato del proyecto de la instalación, pues, se cambió junto a la adjudicación con las repercusiones económicas recogidas en un informe del director técnico. El presupuesto de la obra pasó de un importe de unos 58 millones de euros iniciales a 93 millones de euros. Aumentó asimismo el coste de explotación.
En 2009, en base a un informe de Eugenio Cámara, se acordó fijar el 1 de enero de 2011 como el día de inicio de la finalización de los 20 años de concesión a la UTE, momento en el que la Emtre recibió parcialmente las instalaciones acabadas y se entregaban al servicio público.
Con todo este contexto, la UCO tomó declaración a varios testigos el pasado septiembre. Entre ellos, un exgerente de la UTE. Le preguntaron si consideraba que la UTE Los Hornillos necesitaba algún tipo de asesoramiento jurídico (se referían al de Corbín). Respondió que no tenía necesidades jurídicas especiales y que las que tenía eran solventadas por los servicios jurídicos de las propias empresas que formaban parte de la UTE.
Aseguró igualmente que no recordaba ningún contacto con Corbín, que no lo vio en ningún comité de gerencia y que no sabía de la existencia de un contrato formalizado en 2005 con el abogado ni de que se le estaba pagando. Todo lo cual, apuntó, debería haberlo sabido por su puesto e, incluso, haberlo firmado o autorizado él.
La UCO también interrogó sobre este asunto a la exconcejal María Jesús Puchalt. Ésta remarcó que el peso de la licitación de Los Hornillos lo llevó el gabinete técnico de la Emtre, del que entre otros formaba parte Eugenio Cámara.
En cuanto a la vinculación de Rita Barberá con la Emtre, comentó que era escasa. Aun así, recuerda que sí se interesó por la planta de Quart al ser un asunto que preocupaba a los alcaldes. En una reunión en su despacho se le informó de cuál era la oferta mejor valorada.
Sobre si hubo algún elemento que llamara su atención en todo el proceso relativo a Los Hornillos, admitió que sí lo hizo el hecho de que Sociedad Agricultores de la Vega (SAV) no fuese la plica mejor valorada, dado que era la empresa que hasta ese momento se estaba encargando de la gestión de la planta de residuos (algo que podría haberle dado algún tipo de ventaja).
Declaró asimismo un responsable de la Emtre, firmante del informe de valoración de las ofertas. En el estudio, dijo, fue asesorado por Eugenio Cámara y otro técnico. Relató que, en el momento del proceso de confección del mencionado informe, tanto él como Cámara y no recuerda si alguien más fueron llamados a una reunión en el despacho de Rita Barberá. Y el sentido de las palabras de la exalcaldesa fueron que ella conocía a todas las empresas que se habían presentado a la licitación y que, como no quería quedar mal con ninguna, no quería que los técnicos cediesen ante las presiones a las que estaban siendo sometidos, sino que su valoración tenía que ser lo más justa posible.
Por último, fue interrogado el actual secretario del Ayuntamiento de València, que conformó el expediente de contratación para la construcción y explotación de la planta de residuos, quien además formó parte de la mesa de contratación. Explicó que Eugenio Cámara no podía firmar el informe de valoración de las ofertas porque en aquel momento tenía una incompatibilidad dado que había trabajado para una de las licitadoras (SAV).
En el momento de la licitación del contrato, subrayó, no hubo ningún aspecto que le resultara llamativo, pero después sí. El motivo es que uno de los técnicos de la Emtre le comentó que un trabajador de Los Hornillos le informó de que por la adjudicación de ese contrato se habían pagado comisiones por parte de la adjudicataria. Un tema del que ya dio parte a la Fiscalía.
