VALÈNCIA. Hay una esperanza, una posibilidad; pequeña pero la hay. Los bloques portuarios tienen una última oportunidad si sale adelante una propuesta avanzada este lunes por València En Comú. La formación, que está dentro del Govern de la Nau que rige el Ayuntamiento de València, emitió este lunes a mediodía un comunicado en el que planteaba la necesidad de realizar “un censo de vecinos actual que defina quiénes forman actualmente la comunidad del edificio Bloque Portuarios” y “que sea esta comunidad quién decida que tipo de rehabilitación quieren para el edificio”. Que no hable nadie por ellos; que sean los propios vecinos los que decidan por su futuro.
La noticia fue bien recibida entre los propietarios y así lo confirmaba Tomás Correas, portavoz de la asociación Millorem el Cabanyal, vecino del inmueble, quien celebraba que la formación morada haya hecho suya esta reclamación. “Fuimos nosotros los que les propusimos la idea a María Oliver [portavoz de VLC] y nos alegra ver que la apoyan. Es lo que necesitamos, que se sepa quiénes somos, que se pongan nombre y apellidos, ojos y cara a las personas que viven aquí”, apuntaba.
València en Comú ha apoyado desde el principio la conservación y rehabilitación del edificio rebautizado como Manuela Solís y más conocido como Bloque Portuarios. Una actuación que justifican en que sus informes tasan la rehabilitación del edificio en poco más de dos millones de euros. Por eso creen ahora que la solución final que se adopte debe ser consensuada con la comunidad de vecinos. “Son las personas que la habitan las que tienen que decidir cuál es la actuación más adecuada para sus viviendas en particular y para el edificio. Definir hasta dónde pueden y están dispuestas a llegar”, insisten.
Por ello consideran perentorio realizar “un censo actual que fije la población residente en el edificio” para saber quiénes actualmente habitan el inmueble y definir cuáles van a ser sus derechos y deberes “en las diferentes opciones de rehabilitación o reconstrucción del bloque”y definir así “de forma más precisa la voluntad colectiva”. De igual manera, consideran que elaborar un censo servirá para que se desincentiven nuevas ocupaciones de vivienda. Se hará una foto fija de la realidad y se podrá actuar. Lo que se pretende, en definitiva, es ir más allá de clichés o de impresiones sesgadas, en uno y otro sentido.
División en el Govern de la Nau
En los bloques hay 91 viviendas privadas y 77 públicas, y entre los propietarios hay opiniones favorables a la rehabilitación y al derribo. En el seno del Govern de la Nau la postura en torno a los bloques tampoco es homogénea. El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, por ejemplo es partidario de derribarlos. Así lo admitió este lunes en una entrevista concedida a Valencia Plaza. “A mi entender, es un edificio que sería mejor sustituir, pero es una cosa que debemos decidir con la propia Generalitat”. Con todo, el regidor matizaba antes que “el Ayuntamiento no aboga por la supresión del edificio, que es lo que está en el planeamiento vigente”, herencia del PP.
“Nosotros estamos trabajando en dos opciones: reedificación o rehabilitación”, explicaba. Y en su caso mostraba predisposición por “la primera”, la reedificación: es decir, tirar abajo el actual edificio y construir otro. Según él “permitiría amoldar el nuevo edificio al entorno” ya que el actual “es controvertido desde el punto de vista de sus alturas y de su disposición respecto al conjunto del barrio”, explicaba.
Uno de los principales argumentos que se esgrime por parte de Desarrollo Urbanístico es el alto coste económico de la rehabilitación del edificio. El estudio realizado por AUMSA al respecto tasaba los trabajos en más de 14 millones de euros, además de considerar que el edificio se encuentra en mal estado por la degradación y falta de mantenimiento, si bien no se teme por su estructura a corto plazo.
València en Comú: no obligar a pagar la rehabilitación
Por su parte, desde València en Comú públicamente mostraban este lunes muy a las claras su predisposición a un “proyecto de rehabilitación” que, además, “se ajuste a las economías de las personas residentes, de manera que no se les arrastre a endeudarse y perder su propia casa en este proceso”. Un informe realizado por la concejalía de Oliver tasa la rehabilitación en esos poco más de dos millones de euros antes citados, con costes más asumibles para los actuales propietarios, familias en algunos casos con dependientes a su cargo, en otros al borde la exclusión social, y con todo tipo de situaciones.
Un dilema técnico que llega en una situación de recelo entre los afectados y el consistorio. Algunos propietarios de inmuebles consideran que hay un trato diferenciado por parte del Ayuntamiento hacia los propietarios porque se les ha exigido trabajos que no se han reclamado en todo el barrio. En este sentido, la formación morada parecía darles la razón al recordar en su comunicado que en las diferentes rehabilitaciones que se han dado en el mismo barrio de El Cabanyal de edificios privados, donde el ayuntamiento es copropietario, no se ha obligado a los propietarios a hacer una rehabilitación integral del inmueble. “Han podido solicitar ayudas públicas para realizar las actuaciones que han considerado oportunas, dejando a su criterio el grado de intervención a realizar tanto en los edificios como en sus viviendas y siendo la administración la que se suma a la actuación como un vecino más”, explicaban.
Que el sobrecoste lo pague la administración
Igualmente, aseguraban coincidir con el criterio de los vecinos en que quién debería pagar el sobrecoste que pueda darse en la obra es el Ayuntamiento de València. “Si la administración plantea una rehabilitación integral, deseable pero mucho más costosa, debería asumir el sobrecoste que esta supone a los habitantes”. Y concluían señalando que también abogaban por la rehabilitación integral, pero que se debería desarrollar el proyecto por fases para poder garantizar el realojo en el propio bloque, minimizando así costes y conflictos.
Con posiciones tan enfrentadas, la decisión final recae sobre los hombros de Compromís. Será la formación del alcalde Joan Ribó la que finalmente decante la balanza en el Govern de la Nau. Una balanza cuya decisión final aún tendría que pasar por el visto bueno de los vecinos, si se atiende a la petición de València En Comú.
Foto: KIKE TABERNER
