Los consejeros de la EMT piden un informe para aclarar su responsabilidad en el fraude

VALÈNCIA. "No somos abogados ni juristas", admitía el edil del PSPV, Ramón Vilar, a la salida del Consejo de Administración de la EMT de València celebrada este lunes. Por eso los socialistas presentaron en el encuentro una propuesta para solicitar un informe jurídico que dé luz sobre las responsabilidades en las que podrían incurrir los consejeros de la empresa por el fraude de cuatro millones perpetrado contra la mercantil municipal que dirige Giuseppe Grezzi.

La concejala socialista Elisa Valía es la vicepresidenta del Consejo de Administración y Vilar es consejero. Su propuesta salió adelante por unanimidad y según explicaron los socialistas, el informe estará elaborado por el secretario de la propia EMT y aclarará a los miembros del Consejo de Administración -concejales de los grupos políticos- qué responsabilidades legales se les podrían exigir si su actuación "fuera calificada de negligente o incluso de mala administración".

El presidente de la EMT y concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, subrayó al respecto que los socialistas hicieron una aportación "muy importante" para tener "todo el soporte legal" preciso y que los consejeros "tengan la seguridad de qué consecuencias pueden tener sus actuaciones".

La propuesta fue también una declaración de intenciones: a partir de ahora los socialistas prefieren andarse con pies de plomo y curarse en salud ante las decisiones que se puedan tomar en la mercantil pública que encabezan sus socios de gobierno mediante la figura de Grezzi. Se trata de una situación delicada, tal y como admiten en el ejecutivo local, y es preferible estar bien asesorados por lo que pueda pasar.

Esta fue una de las cuestiones que los socialistas llevaron al Consejo de este lunes. Pero no fue la única, sino que presentaron toda una batería de propuestas sobre este caso, que no se prevé sencillo de gestionar. Una de ellas fue la presentación de una denuncia al Tribunal de Cuentas "por si hay algún delito de alcance".

"Esta sociedad es una mercantil y nos regimos por el reglamento de las mercantiles pero es de capital 100% público", dijo Vilar, por lo que hay "alguna norma que cumplir más allá de la administración mercantil". Así, el Tribunal de Cuentas podrá investigar y estudiar el caso, una medida que ya había anunciado el grupo municipal de Ciudadanos la semana pasada por medio de su portavoz, Fernando Giner, pero que la empresa la emprenderá ahora motu proprio.

Otra idea que planteó el PSPV se centró en la posible responsabilidad de la entidad bancaria, Caixabank, a la hora de tramitar los ocho pagos, que sumaban una media de 500.000 euros cada uno. Así, la empresa se dirigirá al Banco de España con el propósito de solicitar un informe sobre los protocolos mínimos antiblanqueo de capitales que están obligadas a tener las entidades bancarias. Y por añadido, también se notificará al Síndic de Greuges del agujero de cuatro millones provocado por la presunta estafa para que lo tenga en cuenta a la hora de fiscalizar a la empresa.

Posible responsabilidad patrimonial

Según expertos consultados por Valencia Plaza -con los hechos que se han hecho públicos hasta el momento-, es poco probable que los consejeros incurran en responsabilidad penal. Tampoco la EMT como persona jurídica, aun en el caso de no tener un programa de compliance -sirve para demostrar que ha tomado todas las precauciones para evitar cometer delitos, por ejemplo medioambientales, de seguridad alimentaria o de blanqueo- porque en este caso no se trata de un delito cometido por la empresa, sino que la empresa es la víctima.

Sin embargo, los directivos sí se exponen a la exigencia de responsabilidad patrimonial. Según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, se puede exigir responsabilidad patrimonial "a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves".

Según estas fuentes, en caso de demostrarse negligencia grave se podría exigir a los consejeros el importe de los daños y perjuicios, es decir, los cuatro millones de euros. Para tranquilidad de los miembros del consejo de administración, el procedimiento para la exigencia de responsabilidad debería iniciarlo el propietario de la empresa pública, es decir, el Pleno del Ayuntamiento, cosa poco probable dado que en el consejo se sientan miembros de todos los partidos que forman el Consistorio. No obstante, también podría incoarlo el Tribunal de Cuentas, ante el que la propia EMT ha anunciado que presentará una denuncia.

En cuanto al grado de responsabilidad, estas fuentes señalan que en principio sería mayor la de Giuseppe Grezzi como presidente ejecutivo de la sociedad que la del resto de consejeros. No obstante, su grado de responsabilidad, en caso de que se probara que hubo negligencia, se reduciría en función de las facultades que haya delegado en el director-gerente, Josep Enric García.