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A algunos centros les vence el contrato en breve

Los institutos tecnológicos piden al Consell otros 25 años de cesión del suelo público de sus sedes

Economía renegocia con la asociación Redit las condiciones de derecho de superficie así como la regularización de las deudas en concepto de alquiler y canon con los centros de investigación

12/11/2015 - 

VALENCIA. Redit, la asociación que representa los institutos tecnológicos de la Comunitat presidida por Damián Frontera, han pedido al Consell una prórroga de la cesión de derecho de superficie del suelo publico en el que se encuentran sedes de los centros valencianos. En concreto, según apuntan fuentes de la Conselleria de Economía, la petición, que afectaría de forma generalizada a las entidades, es obtener otros 25 años de cesión al encontrarse próximo a su fin en algunos de los casos un periodo de la misma duración.

Tal y como informó en Les Corts el conseller de Economía, Rafael Climent, hace semanas Redit envió al Consell una propuesta para "reconfigurar las condiciones de las cesiones del derecho de superficie ya en vigor".

En concreto, Climent citó los casos del Instituto Metalmecánico (Aimme), que a partir del año que viene se fusionará con el Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines (Aidima) y tendrá que decidir el futuro de sus instalaciones; y el del Instituto de la Óptica Color e Imagen (Aido) -que probablemente no requerirá de renovación alguna al haber cesado su actividad tras la investigación judicial iniciada sobre la gestión del instituto-.

El dirigente diferenció los casos del Centro Tecnológico del Juguete (Aiju), el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) y el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), sobre los que habló de derechos de superficie "que se van a constituir". En los tres casos coincide que los centros han modificado sus instalaciones y solicitan regularizar sus acuerdos con la Generalitat.

"Dado que la propuesta afecta al interés del patrimonio de la Generalitat Valenciana, hemos solicitado informe tanto a la Abogacía de la Generalitat, como la Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, para que se pronuncian sobre la viabilidad jurídica y respeto de los efectos económicos", añadió Climent sobre la petición de Redit.

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