Los juicios a Blasco y Trenzano marcarán el inicio del nuevo curso judicial valenciano

VALÈNCIA. (EFE/Jordi Ferrer) La continuación del tercer proceso contra el exconseller Rafael Blasco por adjudicaciones irregulares y el juicio al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por un supuesto delito de falsedad documental marcan el inicio de un curso judicial en el que, de nuevo, tienen un peso relevante las causas sobre corrupción.

A finales de esta semana, los días 9 y 10 de septiembre, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial retoma el tercer juicio del conocido como caso Cooperación contra el exconseller Blasco y dos de sus más estrechos colaboradores, que ya han admitido su responsabilidad en la adjudicación irregular de contratos.

Esta previsto que el día 9 declaren diez testigos en sesión de mañana y tarde y que el 10 -también en sesión doble si fuese necesario- declaren los cuatro acusados y se presenten los informes finales de las partes.

En este juicio, en el que se analiza la quinta pieza del caso Cooperación, se enjuicia el supuesto amaño en contratos informáticos de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía entre los años 2008 y 2011, cuando Blasco estaba al frente de esta cartera.

La causa se sigue también contra el empresario Augusto César Tauroni; la ex secretaria general de esa Conselleria Agustina Sanjuan, y el exjefe del servicio de informática Javier Murcia.

Estos tres acusados han llegado a un acuerdo con el fiscal y han asumido sus responsabilidades, pero el pacto no convence ni a la Abogacía de la Generalitat ni a la Coordinadora Valenciana de ONGD.

El Ministerio Público pide dos años y ocho meses de cárcel para el exconseller Rafael Blasco por amañar entre 2008 y 2011 al menos siete contratos de servicios informáticos por un importe total de algo más de un millón de euros, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública.

Tanto Blasco como Sanjuán o Tauroni ya han sido condenados en anteriores procesos por haberse apropiado de fondos públicos inicialmente destinados a proyectos de cooperación internacional.

Los contratos por servicios informáticos que se juzgan ahora fueron adjudicados a empresas que luego subcontrataban con firmas vinculadas al empresario Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

El próximo miércoles 15 de septiembre se retoma en los juzgados otro de los asuntos más mediáticos de los últimos tiempos, el conocido como caso Erial que supuso la detención y encarcelamiento del expresident y exministro Eduardo Zaplana, con la declaración en calidad de investigado del exconseller Fernando Castelló, entre otros.

El 28 de septiembre está señalado el juicio al director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, quien, en contra del criterio de la Fiscalía, será juzgado por el supuesto delito de falsedad documental en el que pudo haber incurrido al informar por escrito al PP sobre las ayudas concedidas a Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, y su supuesto control.

Entre el 2 de noviembre y el 14 de diciembre se ha programado el juicio a la esposa del exconseller Rafael Blasco y exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Consuelo Císcar, acusada de haber acordado la compra de obra falsa del artista Gerardo Rueda con el hijastro de éste.

Al margen de estos señalamientos, las fuentes judiciales consultadas por EFE prevén la inminente transformación en procedimiento abreviado de la pieza más mediática del conocido como caso Imelsa, la del "pitufeo" en la que se encuentran procesados más de medio centenar de los políticos y asesores que conformaron el núcleo más cercano a Rita Barberá.

En el marco de las derivadas del caso Imelsa, esta misma semana se seguirán produciendo declaraciones sobre irregularidades en contrataciones efectuadas por ayuntamientos (el de Requena en este caso). La división de la causa es tal que la última pieza abierta va por la letra K.

Por otra parte, la Audiencia Provincial ya trabaja con las partes del conocido como caso Alquería para fijar la fecha del juicio al expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, e inicialmente se estudia la fecha de septiembre de 2022 para el inicio de las vistas.

Además, se podría producir en las próximas semanas el levantamiento del secreto que todavía pesa sobre el conocido como caso Azud, por el que están en prisión el que fuese "mano derecha" de Barberá en el Ayuntamiento de València, Alfonso Grau, y el empresario Jaime María Febrer.

Igualmente, se siguen practicando pesquisas en la causa judicial abierta contra el hermano del president Francis Puig, sobre quien pesan acusaciones de fraude de subvenciones y falsedad documental.

Antes del verano la Guardia Civil reclamó a las empresas supuestamente beneficiarias de forma ilícita de esas subvenciones que presentasen sus cuentas y requirió los expedientes de las mismas a los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, por lo que es previsible que pueda haber avances en la investigación en forma de informes policiales que se aporten a la causa.