Francisco Gómez Barroso, Agustín Arenas e Ignacio Baixauli. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Los liquidadores del ente público Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y de su filial Radiotelevisión Valenciana SAU están a punto de terminar su trabajo después de tres años y medio desde que el Consell entonces presidido por Alberto Fabra encargó a tres profesionales el trabajo de minuciosa disección de los activos y pasivos de las dos empresas.
Según ha podido saber Valencia Plaza, el equipo que desde julio de 2015 forman por Agustín Arenas, Francisco Gómez Barroso e Ignacio Baixauli espera terminar de cumplir el encargo este verano, con la extinción de las dos sociedades.
La tarea le fue encomendada a tres liquidadores, que no son los actuales, muy poco después del cierre de RTVV en noviembre de 2013. La inestabilidad del equipo es uno de los motivos del largo proceso, pues hasta ocho liquidadores fueron integrando la terna en el primer año de trabajo. Cinco de ellos dimitieron a lo largo de este tiempo y fueron sustituidos puntualmente por el Ejecutivo de Fabra.
Los tres últimos fueron cesados por el Consell de Ximo Puig en su segundo pleno de la legislatura celebrado en julio de 2015. La semana siguiente, se nombró al equipo actual, integrado por sendos profesionales elegidos por las tres formaciones del pacto del Botànic: Arenas (Compromís), Gómez Barroso (PSPV) y Baixauli (Podemos).
Los dos mayores obstáculos a los que se han enfrentado los liquidadores han sido traspasar el pasivo bancario a la Generalitat y devolver a la Administración autonómica el edificio del centro de producción de programas de Burjassot.
El primero se consiguió tras negociar uno por uno con todos los bancos acreedores para convencerlos de que traspasaran su crédito a la Generalitat, que ya era avalista de RTVV y estaba pagando su deuda. El objetivo se logró hace un año, cuando el Santander aceptó la propuesta.
En cuanto a la sede de la antigua Canal 9, la solución ha sido mucho más compleja. De hecho, no se ha resuelto del todo, pero los liquidadores y la Generalitat han ideado una fórmula para zanjar el problema. El edificio era propiedad de la Generalitat y fue cedido a RTVV en 2013 como ampliación de capital en especie —de 32 millones de euros— para equilibrar sus cuentas.
Sin embargo, RTVV no pudo inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad por una serie de errores en los contratos y las escrituras. Y sigue sin poder hacerlo, a pesar de los esfuerzos de los liquidadores. Tras varios intentos y dado que la inscripción se necesitaba precisamente para devolver el edificio a la Generalitat, finalmente ambas partes han optado por firmar un acuerdo que complete la operación evitando el trámite del Registro de la Propiedad, que es meramente declarativo.
Los liquidadores están a la espera de las auditorías de las cuentas anuales de ambas sociedades para culminar los últimos trámites, que pasan por la cesión a la Generalitat de todos los bienes que quedan en el activo. No habrá, pues, subasta, ya que lo bienes se valoraron a cero euros porque la mayoría están obsoletos.
Además, algunos bienes que aún están en condiciones podrían ser reutilizados por la nueva Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), cosa que deberán decidir la Generalitat y la dirección de la nueva televisión.
En cuanto a la cuestión judicial, los liquidadores llegaron a acuerdos con las partes contrarias en los litigios que la televisión pública tenía pendientes y solo queda vivo el recurso ante el Supremo de cuatro sindicatos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que validaba el segundo ERE de RTVV SAU.
