Cambios presupuestarios 'exprés': así buscan los municipios ejecutar rápido los fondos europeos

VALÈNCIA. Los ayuntamientos buscan cambios legislativos para poder agilizar la ejecución de los fondos europeos de recuperación Next Generation y que no les pille el toro a la hora de hacer realidad los proyectos. La comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordó este martes solicitar al Gobierno de España una modificación puntual de la normativa que afecta a los municipios. El propósito: permitir que los cambios presupuestarios que hagan los ayuntamientos para ejecutar este dinero sean lo más rápidos posibles.

La propuesta, trabajada desde diferentes consistorios, entre ellos el de València, busca concretamente que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez cambie la Ley de Haciendas locales e introduzca dos disposiciones. La fundamental es que los acuerdos de los gobiernos municipales para habilitar el crédito de los proyectos financiados por los fondos europeo sean "inmediatamente ejecutivos", sin necesidad de esperar a otros plazos que serían preceptivos en cualquier modificación presupuestaria. Esto es, que cuando el equipo de gobierno acuerde cambiar una partida afectada por financiación europea, dicho cambio sea inmediato.

La propuesta pide, por otro lado, que esto mismo se pueda aplicar "en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general". Ahora bien, aunque la voluntad es agilizar al máximo los trámites administrativos en este estadio inicial de los procedimientos, la nueva norma no abandonaría la garantía de poder presentar reclamaciones contra estos acuerdos del gobierno, que deberían resolverse en los ocho días siguientes. 

Por otro lado, los ayuntamientos también buscan que no se pierda el crédito dispuesto para cada proyecto conforme pasen los años si no se gasta. En este sentido, la otra disposición que plantea la Federación de Muncipios y Provincias al Gobierno recoge que cuando se comprometa un dinero para estas iniciativas, los dos primeros años puedan disponer del 100% del dinero proyectado para cada una; en el tercer año, el 70%; y en los últimos dos, el 60 y el 50%. De esta manera, además de permitir 'mover' el dinero que no se pueda ejecutar de año en año, también se establecen ciertos límites conforme avanza el tiempo para evitar excesivas demoras en la ejecución.

La intención es que estas modificaciones se incluyan en el proyecto de ley de medidas urgentes que prepara el Gobierno para la agilización en la aplicación de los fondos europeos. Según explica el concejal de Hacienda de València, Borja Sanjuán, la normativa actual obligaría a que las modificaciones presupuestarias para la aplicación de los fondos "tendrían que seguir el trámite ordinario", con todos los plazos que ello conlleva, por lo que se busca poder aplicar en estos casos "una incorporación de crédito 'exprés' para poder empezar a gestionar el dinero nada más llegue".

Los ahorros de 2022 y 2023

Por otro lado, Sanjuán defendió en la comisión que la suspensión de reglas fiscales aprobada por el Gobierno para el año 2021 se extienda también al año 2022 y 2023. Eso permitiría usar los ahorros de los ayuntamientos -el sobrante de cada año- "para reactivar también el año que viene la situación económica en la ciudad de València". 

Así, destacó que "es fundamental que todas y todos entendamos que estamos en una situación de excepcionalidad en la que el sector público tiene que dedicar todos sus esfuerzos a rescatar a todos aquellos sectores que se han visto más afectados por las consecuencias de la pandemia". "Tal y como siempre hemos defendido desde esta concejalía vamos a sumar todos los esfuerzos y pelear para que no solamente se puedan usar los remanentes este año 2021, sino que también el año que viene podamos destinar los ahorros municipales a reactivar la ciudad", ha resaltado. 

Sobre el uso de los ahorros este mismo año, huelga resaltar que el gobierno municipal deberá decidir próximamente a qué dedica este dinero sobrante del año pasado y que supera los 53 millones de euros. Una cuestión que puede generar ciertas fricciones entre los dos socios de gobierno, PSPV y Compromís, por sus diferentes posturas sobre ello. El PP pidió recientemente aprovechar este dinero para bajar impuestos.