VALÈNCIA (VP). La baja rentabilidad de las entidades de depósitos españolas ha obligado a cerrar oficinas para reducir costes. Desde 2008, en el conjunto de España se ha cerrado un 42% de las sucursales bancarias. Así, en junio de 2018 el sector bancario español cuenta con una red de 27.320 oficinas, casi la mitad de las 45.662 que existían antes de la crisis.
Según datos facilitados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), en la Comunitat Valenciana el ajuste ha sido aún más intenso, ya que en ese mismo periodo la red ha caído un 48%. Tras este recorte, se mantienen operativas en la Comunitat Valenciana 2.638 sucursales de entidades de depósito en junio de este año, prácticamente la mitad que hace una década. Por provincias, en las tres valencianas la intensidad del recorte de la red supera al de España: un 53% en Castellón, un 48% en Valencia y un 46% en Alicante. Castellón es la segunda provincia española donde la caída de la red ha sido mayor, solo por detrás de Barcelona.
El número de oficinas ha mantenido la evolución negativa en 2017 y eso explica que la población de la Comunitat Valenciana que no tiene acceso a una sucursal en su municipio de residencia haya pasado del 2,4% en 2016 al 2,7% en 2017. Es decir, 135.814 habitantes viven en localidades sin entidades financieras, un 13% más que en 2016. De los 542 municipios que hay en la Comunitat Valenciana, en 248 (el 45,8%) no hay oficinas bancarias.
Por provincias, mientras que en Valencia (2,6%) y Alicante (2%) el porcentaje de población financieramente excluida se sitúa por debajo de la media nacional (2,9%), en Castellón (5,6%) casi se duplica el de España. El 66% de sus municipios de Castellón no tiene ni una sola oficina bancaria, porcentaje que supera el 52,2% de España.
La mayor intensidad del recorte de la red de oficinas bancarias que ha tenido lugar en la Comunitat desde 2008 explica que haya aumentado con mucha intensidad el porcentaje de población que no tiene acceso a una oficina en su lugar de residencia. Así, mientras que en España ese porcentaje ha aumentado 0,9 puntos porcentuales de 2008 a 2017 (del 2% al 2,9%), en la Comunitat Valenciana el aumento ha sido de 2,2 puntos: del 0,5% al 2,7%. Este aumento en el porcentaje de población excluida es el tercero mayor de las regiones españolas, solo por detrás de Extremadura y Castilla y León. Por provincias, en las tres valencianas el aumento supera ampliamente la media nacional, destacando el aumento de 4,8 puntos porcentuales en Castellón.
El mayor porcentaje de la población financieramente excluida reside en municipios muy pequeños. En 2017, más de la mitad de los municipios valencianos (el 58,5%) que no tienen oficinas bancarias tienen menos de 500 habitantes y el 9,7% agrupa a los que no llegan a 100 habitantes. En los de más de 5.000 habitantes no hay ningún municipio sin sucursales. Los datos del Ivie apuntan a que, en términos de población financieramente excluida, el 25% reside en pueblos de menos de 500 habitantes. La probabilidad de no tener acceso a una oficina bancaria en el lugar de residencia es mucho mayor si se reside en un municipio pequeño. Así, en los de menos de 100 habitantes, el porcentaje de población excluida es del 100%, sigue siendo alto en los de 100 a 500 habitantes (96%), pero es nulo en los de más de 5.000 habitantes.
De cara al futuro el Ivie señala que es previsible que siga aumentando la población sin acceso a una oficina bancaria en el lugar de residencia, ya que es necesario seguir ajustando la capacidad instalada para recortar costes en un entorno de baja rentabilidad del negocio bancario. No obstante, si el cierre se concentra en municipios de cierto tamaño, es menos probable que afecte a la exclusión financiera. Además, conforme siga avanzando la penetración de la banca online (y su potencial en España es mayor que en otros países dado el menor porcentaje de la población que la utiliza en comparación con otros países), el impacto del cierre de oficinas sobre la potencial exclusión financiera será menor.
