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Luz verde a la segunda fase de la rehabilitación de viviendas en el Cabanyal

6/11/2020 - 

VALÈNCIA. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València da luz verde este viernes a un convenio con la Conselleria de Vivienda para establecer el marco de colaboración hasta 2023 de la segunda fase del plan de regeneración y renovación urbana (ARRU II) en el barrio del Cabanyal. En total, se trata de 8,2 millones de euros que irán dirigidos fundamentalmente a la rehabilitación y construcción de viviendas en el barrio marítimo.

El programa que gestiona la concejalía de Vivienda, dirigida por la edil Isa Lozano, se enmarca dentro del Plan de Vivienda del Ministerio, y en el participan tanto la administración estatal, como la autonómica y la municipal, sumando también recursos de particulares. Así, el Gobierno central aportará 1,8 millones de euros, la Generalitat lo hará por valor de 800.000 euros, el Ayuntamiento colaborará con 3,3 millones, y los particulares se harán cargo de los 2,2 millones de euros restantes.

Del montante total, son diferentes las finalidades a las que irán dirigidos los fondos. Para la edificación de nuevas viviendas se utilizarán 1,7 millones de euros, y para la rehabilitación otros 6,3 millones de euros. El resto son gastos relativamente menores relacionados con la gestión técnica de las actuaciones y los realojos temporales. Por el momento, el Ayuntamiento de València ya tiene claro cuáles son los inmuebles que pretende rehabilitar con cargo a este convenio. Se trata de diez enclaves repartidos en las calles Escalante, Montroy, Francisco Eiximenis, Barraca, Padre Luis Navarro, José Benlliure y San Pedro.

Debido al elevado estado de deterioro en que se encuentran las viviendas, la actuación protegida comprenderá las obras de demolición de los edificios, de construcción de las nuevas viviendas y de reurbanización necesarias, así como la ejecución de un programa de realojo y la realización de las funciones de gestión técnica e información a través del equipo técnico de gestión. También se han programado actuaciones dirigidas a la rehabilitación de 170 viviendas, ejecutándose obras de recuperación de elementos estructurales del edificio, accesibilidad, adecuación de elementos comunes y habitabilidad de las viviendas, sin que dichas actuaciones supongan cambio de titularidad de los inmuebles afectados.

 La concejala de Vivienda en el Ayuntamiento de València, Isabel Lozano. Foto: KIKE TABERNER

Además, se realizará una convocatoria de ayudas para la reedificación y rehabilitación de viviendas de propiedad privada. La intención en este caso, según explicaron en el departamento que dirige Lozano, es que dicha convocatoria salga a la luz a lo largo del primer trimestre de 2021.

Ayudas centralizadas en Plan Cabanyal

El gobierno municipal aprobó durante la primavera que la empresa pública Plan Cabanyal -participada por el consistorio y la Generalitat Valenciana- sea el organismo que centralice la segunda línea de ayudas destinadas a particulares para la rehabilitación de viviendas en el barrio marítimo. El objetivo con esto es agilizar la gestión ya que, según explican en el consistorio, esto elimina trabas burocráticas y convierte las oficinas de la mencionada sociedad en unas oficinas de proximidad, que centralizarán la atención a los vecinos y propietarios.

Para la edil de Vivienda, Isa Lozano, esto supone "un gran esfuerzo para rehabilitar un barrio emblemático que intentó destrozar y degradar el anterior gobierno del Partido Popular". Así, asegura que con esta segunda fase del programa ARRU se hará posible la rehabilitación de 170 viviendas, 141 de las cuales son privadas y 29 de propiedad municipal. En definitiva, asevera que "cada año" el consistorio está "más cerca de tener un barrio regenerado por el que hemos luchado muchos años".

La primera edición del plan sirvió para intervenir en más de un centenar de edificios repartidos por el barrio. El Ministerio de Fomento otorgó un aplazamiento de la fecha límite para la ejecución de esa primera fase. El convenio de colaboración en este caso fijaba como fecha límite diciembre de 2019, pero permitió al consistorio retrasar un año el plazo para realizar las actuaciones contempladas.

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