VALÈNCIA. La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, comparece este miércoles ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para defender la revisión "en profundidad" de la evaluación ambiental del proyecto de ampliación del Puerto de Valencia.
A esta sesión, convocada en respuesta a la petición de un particular para debatir si el proyecto cumple la normativa comunitaria en materia ambiental, también está citado como compareciente el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, quien defenderá la ampliación y la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se le concedió en 2007 para desarrollarla.
La petición, presentada por el abogado Javier Silveira y que cuenta con 26 adhesiones, expone que en las obras para la construcción de la nueva terminal de contenedores del Puerto de Valencia "existen graves deficiencias medioambientales que infringen la legislación comunitaria".
Además, destaca que el proyecto original de la ampliación, el que obtuvo la DIA en 2007 ha sido posteriormente modificado e incluye el dragado del lecho marino, lo que, según la normativa comunitaria, requiere una nueva evaluación de impacto. Por último, denuncia que a los interesados se les niega el derecho a alegaciones al no haber tiempo de exponer el proyecto constructivo en su totalidad.
La comparecencia de la titular de Transición Ecológica, que coincide con la petición presentada en el sentido de considerar necesaria una revisión de la DIA original por los cambios en el proyecto, se basará en las "dudas razonables" del proyecto actual, según informan fuentes de su departamento.
Antes de citar al presidente del Puerto de Valencia para explicar el proyecto de la ampliación, la Comisión de Peticiones del Europarlamento emitió un informe en el que aseguraba que no podía "identificar ningún indicio de posible infracción de la legislación medioambiental de la UE" en el proyecto de ampliación norte.
La Comisión consideró en ese informe que los procedimientos de revisión pertinentes previstos por el ordenamiento jurídico español en virtud de la Directiva EIA y/o de la Directiva 2003/4/CE "serían el mecanismo más eficaz para buscar la reparación y tratar satisfactoriamente cualquier posible caso de aplicación incorrecta de la legislación de la EU".
Sin embargo, Mollà considera que lo que en realidad dice la Comisión de Peticiones es que "la DIA actual sobre el proyecto en sí, en apariencia, en su día se dijo que no tendría afección sobre la Red Natura de La Albufera". "Pero la Comisión deja muy claro que no conoce los extremos del nuevo proyecto" porque "no los conocemos todavía todos".