Foto: A. ORTEGA/EPVALÈNCIA (EFE). España afronta durante los próximos meses la tarea de cumplir las reformas e inversiones pactadas con la Comisión Europea para desbloquear el siguiente tramo del fondo de recuperación, que es el más elevado de todos los previstos hasta 2026, con 12.000 millones, y en el que la reforma laboral juega un papel clave.
Aunque no es el más exigente en cuanto a la cantidad de requisitos incluidos (el tramo desembolsado en diciembre dependía de 52 promesas), el pago en el que ya trabaja el Gobierno cuenta con un importante peso político porque no saldrá adelante sin el aval de Bruselas al acuerdo entre sindicatos y patronal.
Ahí se enmarcan cuestiones como la modernización de la negociación colectiva, la reducción del número de contratos para generalizar el indefinido o los nuevos ERTE, pero el desembolso también depende de la llamada 'ley rider' o la mejora de los derechos de trabajadores en empresas subcontratadas.
Todavía debe pasar el examen del Congreso, pero los documentos de la reforma laboral ya están siendo examinados en la capital europea y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, afirmó recientemente que el análisis preliminar de Bruselas es “positivo”.
La reforma de las pensiones y la elevación de la edad efectiva de jubilación, la asignación de la banda del espectro de 700 Mhz, el impuesto a los plásticos de un solo uso o la Estrategia de Movilidad, Segura, Sostenible y Conectada también forman parte del paquete de 40 hitos y objetivos.
El desembolso de los 12.000 millones está previsto para el primer trimestre de 2022, pero es una fecha indicativa y será el Gobierno español quien deba valorar si ha cumplido todos los hitos y objetivos antes de remitir a Bruselas la solicitud formal.
Entonces deberá acompañar dicha petición con todas pruebas que demuestren que se han superado cada uno de los requisitos vinculados a la transferencia y la Comisión Europea tendrá dos meses para evaluarlas.
El acuerdo operativo firmado a finales del pasado año entre el Gobierno y el Ejecutivo comunitario detalla todos los documentos que deben adjuntarse para demostrar cada uno de los hitos y objetivos.
Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la entrada en vigor del Real Decreto sobre Oficinas de Rehabilitación y España tendrá que enviar a Bruselas una copia de su publicación en el BOE junto con un resumen que justifique “debidamente” que la meta ha sido lograda.
La mayoría de los compromisos adquiridos en los primeros pagos tienen la forma de aprobación de leyes o estrategias, por lo que los documentos que prueban su consecución son generalmente copias de las mismas.
Pero el segundo desembolso ya incluye algunos objetivos cuantitativos, como de cuatro convenios del Ministerio de Ciencia con comunidades autónomas para la aplicación de planes en I+D.
Cuando estos objetivos requieren cifras mucho mayores, como garantizar el acceso a la plataforma actualizada Renta Web de casi 1,8 millones de contribuyentes, los servicios de la Comisión comprobarán el cumplimiento de los mismos solicitando los documentos individuales de una muestra.
Si la evaluación de Bruselas a una petición de pago es negativa se suspende parcial o totalmente el pago, pero si es positiva, la pelota pasa al tejado de los Estados miembros, que deben dar su visto bueno reunidos en el Comité Económico y Financiero.
Este órgano tiene cuatro semanas para pronunciarse sobre el dictamen de la Comisión: si lo avala desbloquea el pago, pero si tiene dudas eleva la discusión a una cumbre de líderes con el llamado “freno de emergencia” que Países Bajos exigió en 2020.
Si los Veintisiete validan el desembolso, se desencadena la adopción formal del mismo, que puede demorarse unos días aunque también está previsto un procedimiento de urgencia, que fue utilizado en el primer tramo español para que el pago tuviese lugar antes de que finalizara 2021.
El papel de la UE en la gestión de los fondos no acaba con el pago de cada tramo, sino que después está previsto un mecanismo de control y supervisión para vigilar que los fondos son utilizados para los fines pactados con las autoridades europeas.
Así, los Estados miembros deben redactar dos informes anuales para informar sobre la ejecución de las ayudas al Ejecutivo comunitario, quien a su vez debe rendir cuentas en otro documento anual sobre el grado de consecución de los objetivos generales.
En el marco de las recientes críticas del PP a la gestión de los fondos por parte del Gobierno, la Comisión Europea ha insistido en diversas ocasiones en que cuenta con los procedimientos adecuados para vigilar su uso.
“La Comisión usará todas sus herramientas de verificación a su disposición para comprobar que el dinero ha contribuido a los resultados esperados”, dijo la semana pasada a EFE un portavoz de la Comisión preguntado por la polémica nacional.
Además, Bruselas implica también en la supervisión del fondo de recuperación a instituciones como el Tribunal de Cuentas de la UE o la Fiscalía europea, con poderes para intervenir también si detectan problemas en el gasto de las ayudas.
